Opinión

Mireles, el costoso error
del gobierno federal

Esta semana, uno de los colaboradores más cercanos del comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, ha dado por muertos a Los Caballeros Templarios. Con una estimación muy sui géneris, el procurador José Martín Godoy Castro ha dicho que ese grupo criminal está desarticulado en un 98 por ciento. A pesar de que el líder de ese cártel, Servando Gómez, sigue prófugo, Godoy Castro asegura que Los Templarios “son un tema que pasó a la historia y la sociedad debe desechar” (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/17/982009#imagen-3).

Lo que la sociedad, para usar los términos de Godoy Castro, necesita para “desechar” ese tema pasa no sólo por la captura de La Tuta y de otros cabecillas de Los Templarios, sino por tres condiciones igualmente importantes: la certidumbre de que ningún otro grupo criminal, michoacano o foráneo, se hará del control de ese territorio; de que sea evidente que están dadas las condiciones para hacer justicia a miles de víctimas de Los Templarios-La Familia Michoacana; y la ausencia de abusos por parte de las autoridades federales que mandan en Michoacán.

Hay un caso que ilustra que esa realidad estaría muy lejos de lograrse. Según documentó Denise Maerker el 2 de septiembre en El Universal (http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/09/108596.php), el comisionado ha aceptado ayuda de Los Viagras, “un grupo conocido en la zona por sus nexos con el crimen organizado”. En esa entrega, el propio Castillo reconocía los hechos.

La tarea del comisionado ha pasado de notables “victorias rápidas”
–capturas o eliminación de importantes líderes de Los Templarios y paulatina desmovilización de las autodefensas–, a perderse en un berenjenal que linda en el abuso y la ilegalidad.

No es comprensible la decisión de Castillo (es decir, la del gobierno federal) de permitir que Los Viagras brinden apoyo a las policías rurales en la búsqueda de La Tuta. Esa decisión aleja a Michoacán de la justicia (¿van a castigar los crímenes de La Familia-Templarios pero no los de Los Viagras, que fueron aliados de esos cárteles?). De igual manera, ¿a cambio de qué Los Viagras ayudan al gobierno? ¿Pedirán que a ellos los dejen seguir operando? ¿Están pactando impunidad? Hay que subrayar una incongruencia más: entonces, ¿por qué está detenido desde hace casi tres meses el doctor José Manuel Mireles? Si él era un rebelde, un líder que no se quiso alinear con el proceso de desmovilización de las autodefensas planteado por el gobierno federal, ¿a qué se debe que él sí esté en la cárcel mientras que Los Viagras son considerados aliados? ¿A que además de rebelde seguía armado? ¿A poco Los Viagras no andan armados?

Ayer Mireles fue uno de los símbolos del hartazgo de comunidades que fueron traicionadas por sus gobernantes. Si tras la desmovilización de las autodefensas alguien pudo cuestionar la renuencia del médico a plegarse al esquema de desarme propuesto por Castillo, ahora la historia es muy distinta: su figura es revalorada ante el caso de Los Viagras, pues la detención del doctor sólo puede ser vista como un abuso, como un castigo, nunca como un acto de la imparcial justicia que quería llevar a Michoacán el gobierno federal.

Las victorias rápidas del primer semestre han dado paso a una confusa y riesgosa situación, donde no se entiende la discrecionalidad con la que aplica la ley en Michoacán la administración de Enrique Peña Nieto.

Twitter: @SalCamarena