Opinión

Minar el poder criminal, no la democracia 

 
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[Cuartoscuro/Archivo] Fue extraditada de España, por el delito de homicidio calificado.

México vive, desde hace once años, la mayor violencia en más de un siglo; el reto inaplazable es encontrar la manera de reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia, sin menoscabar las libertades democráticas ni los derechos civiles y humanos de los mexicanos.

La propuesta contenida en la Ley de Seguridad Interior (LSI) es un peligro inaceptable para las garantías individuales y los derechos fundamentales; la idea de decretar una amnistía de la que habla López Obrador no garantiza, por el mero perdón, el sometimiento de la violencia criminal ni, por lo tanto, la paz.

Algo hay que hacer y es empezar por frenar la promulgación de la versión de LSI que aprobaron los diputados, y forzar a los aspirantes a la presidencia de la república a que digan cómo pacificarían al país más allá de decir, como el panista Ricardo Anaya, que lo harían mediante un planteamiento “serio” o como el priista Meade, que sólo festeja la LSI.

Hay que partir de dos lamentables hechos: que el narcotráfico y sus rémoras de asaltantes, extorsionadores y secuestradores tienen gran poder de fuego y capacidad corruptora, lo que les ha permitido cooptar policías estatales y municipales, jueces y gobernadores; y segundo, que la LSI, además de legalizar la militarización de esta tan sanguinaria como ineficaz guerra, pretende darle atribuciones al Ejército y la Marina que colocarían a las fuerzas castrenses por encima de autoridades civiles en circunstancias que la ley deja ambiguas, a discreción de los propios militares.

De una manera desacostumbrada, insólita, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se dirigió al Senado para expresar su “profunda preocupación” nada menos que por 14 puntos de la LSI; destacan entre los primeros la “ambigüedad de conceptos”, el “papel indebido de las Fuerzas Armadas”, el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar” y la “ausencia de controles”.

En esos puntos -todos muy graves- coinciden la CNDH y muchas ONG. Si ninguna ley tiene aplicación retroactiva, el Ejército y la Marina seguirían legalmente desamparados por las acciones que han desempeñado durante los pasados 11 años; la ley que esperan que apruebe el Senado (donde el PRI gobierno cuenta con los votos necesarios) es para normalizar la continuación de la guerra contra el narco pero también -lo que más preocupa a la ONU, CNDH y múltiples ONG- para legalizar la intervención castrense a discreción, en conflictos sociales.

En este contexto, la amnistía de la que habla López Obrador no sería descabellada, si formara parte de una estrategia, sin duda compleja y riesgosa porque los cárteles no son un enemigo coherente, estructurado, con reglas y control sobre su gente. Pero muchas situaciones internacionales de guerra civil han asumido costos y riesgos de la amnistía cuyo éxito en restablecer la paz ha dependido de medidas complementarias, como el fortalecimiento del Estado de derecho, la recuperación efectiva del monopolio de la fuerza en el Estado con policías civiles y la eficaz atención a las causas socio-culturales y económicas.

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