Opinión

¿Militares a los cuarteles?

   
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Hasta el momento no se ha definido por cuánto tiempo permanecerán las fuerzas federales en la entidad. (Edgar López)

En el debate sobre la Ley de Seguridad Interior se repite constantemente que las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles. Esta afirmación se sostiene en una lectura radical de la cláusula constitucional que establece que las Fuerzas Armadas, en tiempos de paz (es decir, fuera de situación de guerra declarada), no pueden realizar función alguna que no se encuentre estrictamente relacionada con la “disciplina militar”. Se dice, también, que esto no es posible en el corto plazo, sino hasta en tanto las instituciones civiles reconstruyen sus capacidades para responsabilizarse plenamente de la seguridad pública. Que no estén, pero que no se vayan.

Los militares mexicanos nunca en nuestra historia han estado pasivos en los cuarteles. Desde su configuración como instituciones permanentes, realizan funciones, dentro del territorio nacional, distintas a las de participar en conflictos bélicos o a cumplir con las obligaciones del Estado mexicano derivadas de la seguridad internacional. Algunos ejemplos: el Ejército es la autoridad administrativa encargada de aplicar la regulación en materia de control de armas, fuegos y explosivos; la Marina Armada tiene a su cargo la función de guardia costera y de policía marítima; ambos auxilian a la población en casos y zonas de desastre o emergencia; Ejército y Marina salvaguardan el espacio aéreo, el mar territorial y las casi tres mil instalaciones estratégicas; protegen y custodian los paquetes electorales durante las elecciones, etcétera. Estas actividades son acciones de seguridad interior, esto es, dimensiones específicas de realización de la función genérica de seguridad nacional ¿El regreso a los cuarteles implica que dejen de hacer todo esto? ¿Es, en perspectiva comparada, una anomalía mexicana? ¿La presencia de 10 mil militares en París convierten a la Francia libre en una república militarizada?

A partir de los años noventa, la posición de las Fuerzas Armadas varió sustancialmente como resultado de cuatro procesos de política criminal. En primer lugar, se creó el régimen de delincuencia organizada que implica, entre otras, técnicas especiales de investigación y ventajas procesales del Estado frente a los imputados (tipos penales, prisión preventiva, arraigo, reclusión en centros especiales, etcétera). En segundo lugar, se federalizó la materia y, en consecuencia, la Federación asumió competencias directas en prevención, investigación, persecución penal y sanción de la delincuencia organizada. En tercer lugar, y ante el crecimiento y complejidad del fenómeno, se calificó a la delincuencia organizada como una amenaza a la seguridad nacional, con lo cual se ampliaron los sujetos intervinientes y se modificó el tratamiento punitivo de esas conductas. Por último, el listado de delitos que configuran el concepto de delincuencia organizada se amplió gradualmente (13 decretos de reformas desde 1996), de modo que cada vez hay más fenómenos criminales comprendidos en el régimen especial de delincuencia organizada y, por ende, en el de seguridad nacional. De ahí las enormes zonas grises entre seguridad pública y nacional, y de ahí también la expansión en las responsabilidades de la Federación y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas.

La atomización y diversificación de la acción de la delincuencia organizada (más organizaciones compitiendo en más mercados ilícitos) presionó la demanda de capacidades de inhibición y contención del Estado, sobre todo a nivel local. En un contexto de debilidades crónicas de las instituciones civiles, los presidentes de las últimas cinco administraciones ordenaron a las Fuerzas Armadas aumentar su despliegue operativo y, en muchas regiones, a hacerse cargo precisamente de esas zonas grises que genera la incursión de la delincuencia organizada. Para ello, se ha utilizado una facultad constitucional del presidente: disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para seguridad nacional e interior.

El país debe enfrentar la adicción a resolver nuestros problemas de seguridad con las Fuerzas Armadas o con regímenes especiales o de excepción. Para motivar a las instituciones civiles a generar capacidades de respuesta a la seguridad pública, es necesario provocar una suerte de síndrome de abstinencia: poner fin al despliegue ilimitado de las Fuerzas Armadas como un primer paso para que las autoridades civiles se pongan a hacer su trabajo. Y eso pasa, necesariamente, por regular el poder presidencial de mandar tropas a discreción y por doquier.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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