Opinión

México se somete a la cultura de la muerte

1
 

 

Recién nacido. (Bloomberg/Archivo)

Con gran orgullo y al margen de los valores de los mexicanos, el Presidente Enrique Peña Nieto terminó por someterse al llamado Consenso de Montevideo, promovido por la CEPAL y cuya “profundización” fue parte de la temática de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe”. Toda esta agenda ha sido asumida y promovida a través del Consejo Nacional de Población e impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Consenso de Montevideo es parte de la agenda de los organismos internacionales para imponer a los países en desarrollo o emergentes políticas antivida. Podríamos decir que es la culminación de los esfuerzos planteados por el famoso Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, “Memorándum Kissinger”, como elemento de Seguridad Nacional sobre las Implicaciones del Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de EU y sus intereses de ultramar, adoptado por el Presidente Ford en 1975 y revelado hasta 1990.

En dicho documento se propuso imponer a los países del Tercer Mundo políticas antinatalistas para que no se convirtieran en una amenaza a los intereses norteamericanos. Este memorándum tuvo efectos inmediatos y se empezó a implementar a través de los organismos financieros internacionales, con condicionamientos de créditos a cambio de la implementación de esas políticas.

A partir de entonces, la burocracia de la Organización de las Naciones Unidas se convirtió en un agente promotor de dichas políticas mediante la reinterpretación de los Derechos Humanos, particularmente respecto de la mujer, primero, y de la diversidad sexual, ahora. Los miles de millones de dólares invertidos en esta campaña han rendido, al fin, su fruto. En la actualidad existe una mentalidad antinatalista y la ideología de género ha avanzado aceleradamente tanto en documentos internacionales como en las legislaciones locales.
En México el giro se inició a la mitad del sexenio de Luis Echeverría, quien inicialmente se resistió a dichas políticas, pero fue doblegado y a partir de entonces se iniciaron las campañas de control natal –que hoy rinden sus frutos negativos en Europa, donde se ha metido reversa-. A partir de entonces, las secretarías de Educación y de Salud, como el DIF, el IMSS, el ISSSTE y todos los organismos vinculados a la población se han guiado por dicha política.

Sin embargo, los valores cristianos de la mayoría de la sociedad mexicana han impedido que dicha política cristalice, pues existen naturales resistencias para ello y muchas de las recomendaciones del Consenso de Montevideo aún no se han implementado, sobre todo en lo que se refiere a promoción del aborto, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales para menores de edad, identidad de género y eutanasia, entre otros.

Muchos de estos propósitos, como el aborto, se ocultan bajo el rubro de “salud sexual y reproductiva”, tomando como punto de partida los mitos sobre el aborto difundidos por las feministas liberacionistas. Del mismo modo se ha promovido e impuesto, violando los derechos humanos y la libertad de las personas, la esterilización de las mujeres –principalmente indígenas- por fuerza o con engaños. Eso mismo se ha realizado en el sistema de seguridad social del país.

Adherirse “cien por ciento” como anunció el Presidente Peña Nieto, significa “asegurar la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos; prestar servicios seguros de aborto para adolescentes y jóvenes; que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos para el logro de una vida sexual responsable, placentera y saludable; respetar la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad; y lograr que todas las instituciones de educación pública y privada cuenten con programas de educación integral para la sexualidad.”

Implementar todo ello, particularmente respecto de los menores de edad, es una flagrante violación de sus derechos humanos y de los derechos de los padres de familia de educar a sus hijos conforme a sus valores. Ya se ha intentado llevar a la legislación parte de esa agenda, aunque no siempre con éxito. Sin embargo, por debajo del agua se han introducido acciones corruptoras de la niñez, invitándola e vivir toda clase de experiencias sexuales, y hasta de optar por su “género” a través de las mismas.

Por desgracia los padres de familia no suelen enterarse de esta situación o son engañados por “expertos” médicos o sicólogos que avalan tales acciones imponiendo su ideología a la sociedad mexicana. Ante ello ya han protestado los jóvenes de “Dilo bien”, así como otras instituciones de paterfamilias, pero no se les escucha, porque ellos, según parece, no son parte de la democracia mexicana.