Opinión

México, agenda de desarrollo sustentable

 
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Durante el foro Innovación Sustentable discutieron el potencial de los recursos del país. (Archivo/Cuartoscuro)

A fines de septiembre la Asamblea General de la ONU renovará sus objetivos y metas de desarrollo para el periodo 2015-2030 con un mayor énfasis en la sustentabilidad ambiental. Poco después la Cumbre de París de Cambio Climático establecerá los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero que afectan al planeta. De ambas citas emanarán nuevas exigencias de acción para nuestro país. ¿Estamos preparados? ¿Dónde se ubica la política mexicana de desarrollo sustentable hoy para enfrentar los desafíos inmediatos y los de los próximos 20-30 años?

El sábado pasado nos reunimos los asociados del Centro Tepoztlán para examinar estos desafíos, reconociendo que urge salir del estancamiento y crecer para satisfacer los rezagos y las necesidades crecientes de producción, empleo, consumo y bienestar, pero al mismo tiempo tenemos que emprender estrategias y acciones audaces, más equitativas , incluyentes y efectivas para responder responsablemente a las mayores presiones y tensiones sobre los recursos naturales disponibles y a la cada vez más evidente fragilidad de los ecosistemas.

En esta ocasión el expositor principal fue el reputado investigador de la UNAM, Enrique Provencio, con larga experiencia pública nacional e internacional como director del Instituto Nacional de Ecología y Subsecretario de Semarnat.

Su planteamiento, secundado por los comentarios del Dr. Alfonso Mercado de El Colegio de México y por los asistentes a la reunión, fue contundente en su diagnóstico y conclusiones. México ha dado importantes pasos en los últimos 20 años en la formulación de políticas ambientales, en el establecimiento de acuerdos internacionales, en la formación de instituciones y recursos humanos especializados y en la expedición de leyes y reglamentos, pero los resultados y avances concretos son limitados, no sólo por la falta de recursos financieros y acciones coordinadas gubernamentales y privadas, y la carencia de supervisión y seguimiento efectivos en los tres niveles de gobierno, sino en particular por la corrupción y la impunidad.

Destacaría los siguientes planteamientos:

A pesar del muy lento crecimiento de la economía mexicana en los últimos 25 años, la población y el tamaño de la economía se han duplicado y ello tiene grandes implicaciones en términos de demanda de recursos -agua, alimentos, energía, educación, salud, vivienda, transporte. Existe un gran rezago en la satisfacción de las necesidades de una población de 120 millones de habitantes. Si creciera el PIB 3.5 por ciento anual de aquí a 2050 (por pensar en términos modestos) se triplicaría de 20 a 60 mil billones de dólares. ¿Cuáles serían las implicaciones ambientales de contar con 30 millones más de habitantes? ¿Cómo cubriríamos esas necesidades futuras?

¿Qué políticas de producción, consumo y comercio exterior sustentables habría que emprender para cambiar los irracionales patrones actuales y satisfacer responsablemente las necesidades de 30 millones más de mexicanos? El desafío se complica porque el problema no es único de México sino de todos los países que demandan mayores satisfactores y son también vulnerables en diversos grados ante el agotamiento y el deterioro de los recursos naturales del planeta y los efectos del cambio climático.

Los casos del agua y de los bosques se destacaron, precisándose que a pesar del mayor número de plantas para reciclar el agua -tan crecientemente escasa en México- sólo 30 por ciento se trata; y que si ha descendido la tasa de deforestación en México es porque cada vez hay menos bosques que reducir.

Es urgente también emprender acciones efectivas para el tratamiento y reciclaje de residuos industriales y de los hogares, para el impulso de energías limpias y rediseñar los sistemas de transporte para lograr un desarrollo sustentable en el corto y largo plazo.

 ¿Qué pasa con la aplicación de nuestras leyes, reglamentos, normas y acuerdos internacionales? Fatiga, inobservancia e impunidad. Los funcionarios y autoridades no se despeinan por los abusos ambientales. Nunca aparecen listas de delitos ambientales; sólo unos cuantos llegan al Ministerio Publico y se actúa sobre ellos. Tienen que ser escandalosos desastres como los de Mexicana de Cobre y la afectación del río Sonora para que las autoridades actúen en consecuencia. Una evaluación reciente de 18 normas ambientales fundamentales mostró un verdadero desastre: sólo una se estaba cumpliendo.

Existen creciente información y estadísticas ambientales, particularmente sobre la biodiversidad (gracias a la gran labor de Conabio). El problema es que no se traducen por lo general en políticas y acciones efectivas de prevención y remediación ambiental. Ni se penalizan las violaciones. ¿Por dónde ir? ¿Más certificadoras industriales y autoregulación? En Quintana Roo, por ejemplo, el deterioro de las playas y mares amenaza ingresos y empleo turístico. En algunos paraísos del buceo se ha deteriorado 60 por ciento del arrecife en los últimos 20 años por descargas de aguas sucias y ausencia de planeación urbana. Un problema más de irresponsabilidad y complicidad de autoridades y particulares y de estado de derecho.

Se requiere una nueva política impulsada por derechos (y deberes diríamos algunos). Se van a cumplir 20 años de la Declaración de Estocolmo y todavía no cubrimos el derecho al agua potable de la población. Solo 63 por ciento de los hogares tienen agua corriente en México y en algunos estados con agua abundante -como Chiapas- sólo una tercera parte goza de ese privilegio. Se podría resolver ese problema si hubiera la voluntad necesaria. Lo mismo del derecho al aire limpio y a la preservación de bosques y mares

5º Hay que intensificar las acciones en pro de un desarrollo sustentable, sin olvidar las demandas de crecimiento, producción y consumo de nuestra creciente población. El cambio tecnológico y la política pública ofrecen múltiples caminos para conciliar estos objetivos, a veces en conflicto. Ello es evidente en países que han cobrado consciencia de los costos sociales de ciertas políticas y de la ausencia de otras, pero también del potencial de políticas integrales coordinadas de desarrollo sustentable.

El autor es presidente del Centro Tepoztlán AC e investigador del CEE- Colmex.

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