Opinión

“Merecido voto de castigo”

  
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La crónica presidencial del sexenio de Enrique Peña Nieto se está escribiendo bajo la siguiente premisa: todo fue dejado para después, todo se quiso arreglar con dinero, todo se cubrió con propaganda, y todo se desbordó. Fue el método usado en Toluca: cooptación y compra de voluntades, como fórmula política. Les funcionó al gobernador Peña Nieto y a su operador primo, Luis Miranda, hoy subsecretario de Gobernación. Pero en México país, esa visión lo ha puesto en una posición de lame duck –el anglicismo que define a un presidente que se ha quedado sin poder– tras las elecciones del 5 de junio, donde el electorado salió a votar con enojo y le redujo los márgenes de operación política al obligarlo a enfrentar dos problemas en los cuales, o fracasó o cerró los ojos. Los abordó la semana pasada ante el Consejo Mexicano de Negocios, donde ante los reclamos de las urnas dijo que no era omiso al problema de la corrupción y la inseguridad.

Las palabras de Peña Nieto, como se ha visto a lo largo de su sexenio, no se traducen necesariamente en cumplimiento de promesas, muchas de ellas incumplidas en decálogos truncos o tirados a la basura, que son parte de un legado que le ha quitado credibilidad. Una comunicación política para venderlo como Coca-Cola donde el porvenir es lo que debe verse y que quienes piensan lo contrario están equivocados y no comprenden la realidad de Los Pinos, ha contribuido a la pérdida del consenso y al desprecio hacia su figura, reflejado claramente no en las redes sociales, donde vuelan toda clase de descalificaciones y acusaciones, sino en las élites, que le han perdido el respeto a la investidura –sin dejar de guardar las formas.

El último tercio del gobierno de Peña Nieto se anticipa peligroso, con dos tipos de rebeliones sociales, ideológicamente opuestas, que se están encontrando. Una es la rebelión de las sotanas y la otra es la rebelión de la izquierda social. Ambas fueron, paradójicamente, factores en la forma como votaron los mexicanos en varias zonas del país hace dos domingos, que empoderó a los ciudadanos y a grupos políticos. En el centro y el norte del país se expresó la ideología y posición de una; en el centro y sur del país se expresó la otra. El fenómeno que se está viendo en México lo explicó hace 80 años León Trotsky, uno de los arquitectos de la Revolución de Octubre: los polos tienden a acercarse cuando se dan “tendencias espontáneas al desborde”. Dos fuerzas históricamente antagónicas se acercan en la lucha política contra el gobierno de Peña Nieto.

La Iglesia católica es una. Sonrisas y diplomacia por un lado. Insurgencia por otro. Los católicos en el Bajío trasladaron al voto su rechazo a la iniciativa presidencial de los matrimonios igualitarios y cambiaron el rumbo de una elección que parecía ganada en Aguascalientes. El desafío de la jerarquía eclesiástica es tan abierto, que no han sido magnánimos en la victoria, sino que se regodean en la humillación. El semanario Desde la Fe, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, cuyo jefe es el cardenal Norberto Rivera, celebró en su editorial el “merecido voto de castigo” del 5 de junio. “No cabe duda que el hartazgo ante la corrupción, la ineficiencia y la impunidad, así como la imparable violencia y la inseguridad en la que vive secuestrada la ciudadanía, han sido los factores que llevaron a la derrota del partido en el poder”, apuntó su editorial.

La otra fuerza es la disidencia magisterial. Este fin de semana, en un operativo quirúrgico, fuerzas federales capturaron a los dos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Los dos tenían órdenes de aprehensión desde octubre del año pasado que nunca fueron cumplimentadas. Los dos encabezaron las reuniones con el subsecretario Miranda durante todo el proceso de negociación de la reforma educativa, quien sacó la cartera dura de la Secretaría de Hacienda para extenderles concesiones, crearles plazas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, ampliarles recursos y garantizarles, pese a las acusaciones y demandas en su contra, impunidad.

Cuando el gobierno de Peña Nieto detuvo a la maestra Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional al que pertenece la Coordinadora, porque creían que ella era el obstáculo a la reforma educativa –la acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada–, conocedores de la disidencia magisterial sugirieron al secretario de Gobernación que aprovechara ese momento para descabezar también a la dirigencia rebelde y restablecer nuevos liderazgos. El gobierno peñista optó por comprarlos. O al menos eso pensaba que sería posible. La simplificación de esa relación político-mercantil soslayó cuatro décadas de ideologización de un magisterio cuyas fuerzas más radicales no se encuentran dentro de la Coordinadora. Aplicar extemporáneamente la ley, como una acción extrema para liquidar de un golpe el problema, exacerba, no resuelve.

El presidente Peña Nieto tiene enfrente a más de dos enemigos. La Iglesia católica tiene alianzas con el sector empresarial –agraviado por la proclividad en la entrega de obra pública a empresas mexiquenses e hidalguenses– y con el PAN. La disidencia magisterial forjó un acuerdo político-electoral reciente con Andrés Manuel López Obrador y Morena. En las urnas se notaron los respaldos. Tras el voto viene una nueva fase, pero no hay que olvidar, el presidente está sangrando y los tiburones ya lo olieron.

Twitter: @rivapa

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