Opinión

Mercado de derivados: transformación regulatoria

A raíz de la crisis crediticia de 2008, el sector financiero en México y en el ámbito internacional ha vivido una etapa de cambios importantes en materia de regulación, lo cual ha ocasionado que los distintos participantes del sector tengan que reaccionar rápidamente para adaptarse a los nuevos marcos regulatorios, para continuar con sus operaciones cotidianas e, incluso, para identificar nuevas oportunidades de negocio que se derivan de estos.

En función de los acuerdos realizados por las naciones integrantes del G-20 y el Financial Stability Board, en Pittsburgh, Estados Unidos en septiembre de 2009, se han desarrollado algunas reglas que tienen como objetivo principal brindar mayor transparencia al mercado de derivados extrabursátiles (OTC ), estimado por el Bank of International Settlements (BIS) en más de 700 trillones de dólares estadounidenses, a finales de 2013. Asimismo, estas regulaciones buscan mitigar el riesgo contraparte que pudiera poner en riesgo la estabilidad financiera del mundo.

La primera nación en lanzar su compendio de reglas que regirán su mercado de derivados OTC fue Estados Unidos, a mediados de 2010, a través de la llamada Wall Street Reform and Consumer Protection Act (conocida como Ley Dodd-Frank), en la que se aborda el tema en el título VII, otorgando a la CFTC y a la SEC  la tarea de establecer reglas claras que aterricen y pongan en práctica los objetivos trazados inicialmente.

Meses después, la Unión Europa a través de la EMIR estableció reglas que obligarán a los usuarios de instrumentos financieros derivados a: reportar sus operaciones bajo ciertos parámetros; implementar mecanismos para administrar el riesgo, y liquidar operaciones en cámaras de compensación, entre otras medidas.

En México los reguladores financieros, tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han trabajado en conjunto para integrar las “Reglas Tripartitas”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo, mismas que tienen por objeto cumplir con los compromisos asumidos en el G-20 y evitar un arbitraje regulatorio con respecto a los otros países.

Los tres reguladores mencionados asumirán un papel distinto en el establecimiento de reglas, las cuales irán entrando en vigor paulatinamente, teniendo como primera fecha límite el 13 de agosto de este año. Algunas de las medidas que se contemplan son:

• Aumentar la estandarización de los contratos de derivados

• Negociar todos los derivados estandarizados en plataformas electrónicas (brokers)

• Liquidar todos los derivados estandarizados en una contraparte central

• Reportar todos los derivados operados a un repositorio central de datos

• Incrementar los requerimientos de capital y establecimiento de márgenes de garantía bilaterales para los derivados que no sean liquidados en una contraparte central.

Uno de los mecanismos que tienen en común estas regulaciones y que intenta traer mayor transparencia a los mercados globales de derivados, es el uso de plataformas electrónicas para la negociación de instrumentos derivados. Actualmente, sólo la Ley Dodd-Frank tiene instaurado el uso de estas plataformas, las cuales llama Swap Execution Facilities (SEF) y, desde el 17 de febrero de 2014, obliga a los bancos norteamericanos y sus contrapartes a que ciertos productos los operen forzosamente a través de dichas plataformas. Este es el caso de swaps de tasa de interés y swaps de crédito, bajo ciertas características que los estandarizan. Una vez concretadas estas operaciones, son transmitidas a una contraparte central autorizada por el regulador norteamericano para su liquidación.

Estas SEF se encuentran operando desde noviembre de 2013, y han permitido llevar estadísticas de los volúmenes de operación de derivados en términos de nocional, lo cual, antes no se tenía.

La expectativa es que, en los próximos meses, más productos (incluyendo otras monedas, como podría ser el peso mexicano) vayan siendo requeridos por el regulador norteamericano para operar en estas plataformas, a medida que las mismas SEF lo soliciten y que el regulador considere que la infraestructura de los participantes del mercado está preparada para incorpóralos en su operación.

Estos cambios en los marcos regulatorios han obligado a las instituciones financieras y no financieras que utilizan derivados, a replantear estratégicamente su operación, dadas las obligaciones legales o comerciales en las que pudieran recaer, así como las imposiciones (sobre todo de requerimiento de capital) en las que pudieran verse afectados.

La gran mayoría de los usuarios de instrumentos derivados en México opera con contrapartes extranjeras, principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, lo que provoca que inherentemente se vean sujetos a cumplir con ciertas prácticas que contemplan estas nuevas regulaciones. Algunas de las consideraciones que deberán considerar las instituciones que operen en los nuevos mercados de derivados son:

• El domicilio “regulatorio” de la operación que se está llevando a cabo

• Posibilidad de que la operación en cuestión sea liquidada en una cámara de compensación y los esfuerzos operativos y de capital que esto conlleva

• El volumen de operación (nocional) realizado con contrapartes de una misma jurisdicción que pudiera llevar a la institución a distintos niveles de obligaciones

• La necesidad u oportunidad de operar en las plataformas electrónicas introducidas por estas regulaciones, que permitirán entrar en un mercado más líquido y que, por ende, ofrecería mejores condiciones.

Los mercados de derivados están siendo transformados por los nuevos marcos regulatorios, ¿estás preparado para formar parte de ellos?