Opinión

Mayores potestades impositivas para las entidades federativas

1
 

 

Industria automotriz. Foto Bloomberg

César Velázquez Guadarrama.

Coordinador de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana.

Después de varios años en los que se asumió que el federalismo y la descentralización eran parte central de la solución de los problemas del país, la corrupción a nivel estatal, el problema del crimen y Ayotzinapa, entre otras muchas cosas, han provocado que se ponga en duda sus bondades.

Una causa de este cuestionamiento en la que muchos académicos coinciden (entre ellos yo) es que la alta dependencia financiera de los gobiernos estatales (en promedio alrededor del 85% de los ingresos estatales provienen de transferencias federales) trae consigo un uso ineficiente de los recursos públicos. Es la clásica historia de dos jóvenes que tienen el mismo dinero pero uno lo gana trabajando y el otro estirando la mano a su papá. A pesar de tener los mismos ingresos el destino de los recursos es muy distinto. Lo mismo, se ha estudiado, pasa con los gobiernos subnacionales.

Una manera más académica de explicar esta situación pero que es muy ilustrativa es que los gobiernos dependientes financieramente no tienen incentivos de promover políticas públicas que generen crecimiento y desarrollo económico. Para explicar esta idea supongamos que los gobernantes sólo pueden promover políticas públicas pro crecimiento o políticas públicas clientelares. Las políticas clientelares son más eficaces en términos políticos que las pro crecimiento, y quizá más propensas a actos de corrupción, mientras que las políticas públicas pro crecimiento generan mayores recursos fiscales que las clientelares. Ante esta situación lo más probable es que los gobernantes escojan una combinación de ambos tipos de políticas ya que si sólo se promueven las clientelares se podría llegar al extremo de no contar con recursos públicos suficientes aun para las más elementales tareas de gobierno (es lo que pasa ahora en Venezuela). Sin embargo, en el caso de México los gobernadores no tienen incentivos a escoger políticas públicas pro crecimiento dado que mayores tasas de crecimiento no están asociadas a mayores recursos fiscales pues las transferencias dependen mínimamente del crecimiento económico. En otras palabras, al no haber castigos en términos de recursos impositivos por no crecer, los gobernadores prefieren abrumadoramente las políticas clientelares.

Ante esta situación, y por más descabellado que suene, es necesario incrementar los recursos propios de las entidades federativas otorgándoles mayores potestades impositivas. Si los dos impuestos de base más amplia son los correspondientes al ingreso y al consumo (para el caso de México el ISR y el IVA), pues las entidades deben participar en uno de estos dos impuestos de manera importante. Experiencias internacionales las hay en los dos casos.

Esta medida debe tener como base tres elementos. El primero es que la carga impositiva total para los ciudadanos no aumente, esto quiere decir que la federación tendría que bajar las tasas del ISR o del IVA. La razón de esto es que ya la carga es impositiva es muy alta para los contribuyentes. El segundo aspecto es que se tiene que cuidar la implementación y hacer la transición al nuevo sistema impositivo poco a poco. Debemos darle el tiempo suficiente a los estados que desarrollen la capacidad de administrar y cobrar impuestos. El tercero es que junto con este cambio se rediseñe el sistema de transferencias intergubernamentales incrementando el apoyo a las entidades menos favorecidas las cuales pueden ver mermados sus ingresos ante el cambio sugerido.

Esta medida sería un cambio radical en el federalismo mexicano pero considero que ante el fracaso de la centralización priista del siglo XX y la aparición de virreyes en lo que va de éste, bien haríamos en pensar en soluciones distintas.

También te puede interesar

Walks like a duck, looks like a duck, sounds like a duck..., but it's not a duck: ¿Debe Regularse Über?

Reflexiones sobre el gasto público

¿Más leyes o más acciones?