Opinión

Más transparencia, más corrupción

México sigue avanzando en materia de transparencia gubernamental: con la última reforma constitucional el IFAI será un órgano autónomo, capaz de revisar resoluciones de órganos locales que nieguen información pública y los partidos y sindicatos serán sujetos de transparencia. Pero a la vez, la corrupción persiste y aumenta como el problema histórico más agudo de México. Los indicadores de percepción (por ejemplo, Transparencia Internacional, LAPOP, Latinobarómetro), los empresariales (KPMG, ITESM), así como las crónicas periodísticas muestran que el fenómeno de la corrupción se acrecienta en México.

Asimismo, las denuncias que ocasionalmente realizan las autoridades en contra de presuntos actos de corrupción muestran que las prácticas de soborno, peculado y desvío de recursos se mantienen. A ese tema debe sumarse el nuevo fenómeno de la corrupción legislativa, inexistente hace una década, que se ha acrecentado conforme los congresos son más importantes para aprobar presupuestos y legislación (el caso de los “moches” es sólo la expresión más pública de un fenómeno preocupante que puede deteriorar enormemente la calidad de la democracia en México).

Quizá el único indicador positivo respecto a la lucha anticorrupción es que la normatividad ha mejorado en los últimos 15 años, aunque con un impacto marginal en atacar el problema. A la legislación en materia de transparencia, se suma aquella que a partir de 1999 dio lugar al nacimiento de la Auditoría Superior de la Federación; aquella que regula las licitaciones de gobierno; la nueva Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, promulgada en 2012; así como la discusión de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Según Global Integrity, México tiene una buena evaluación respecto a las medidas normativas para combatir la corrupción, pero el problema es la aplicación. De acuerdo con el informe de 2011 de este organismo, México obtuvo una valoración de 83 puntos con respecto a su marco legal, pero una valoración reprobatoria de 51 puntos en cuanto a su aplicación. México ya no requiere tantas reformas legales, sino aplicar la ley, lisa y llanamente.

Al igual que con la democracia electoral que detonó enormes expectativas, la transparencia ha dado menos resultados de los esperados con relación a la integridad de los gobiernos y la honestidad de los gobernantes. Cuando se da la alternancia en la presidencia de la República en el 2000, muchos pensaron que ese solo hecho sería la llave mágica al paraíso democrático. Pero la realidad mostró que la mera alternancia era irrelevante si no cambiaba el resto del andamiaje del sistema político. Lo mismo ocurre con la transparencia: podemos tener gobiernos más trasparentes, pero mientras no se transformen las instituciones encargadas de usarla para sancionar desviaciones, la transparencia será poesía y contribuirá poco para combatir la corrupción.

En 2013 hubo un debate al seno del Pacto por México para crear una comisión anticorrupción que pudiese contar con facultades de perseguir el delito como lo hace el Ministerio Público. En su lugar se optó por crear una fiscalía anticorrupción al interior de la nueva Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR. Esa fiscalía será la encargada de las sanciones penales, mientras que aquellas administrativas serán responsabilidad de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública.

La lucha eficaz contra la corrupción requiere menos teoría y más práctica, menos reformas y más acción. Ciertamente la creación de una comisión anticorrupción puede ser una oportunidad, pero el éxito del combate a la corrupción pasa menos por cambiar reglas y más por aplicarlas. Vale la pena recordar que el debate de cómo combatir ese problema inició en 1982 cuando se pone el tema sobre la mesa por primera vez y en este periodo de 32 años ha habido muchos cambios legales, pero pocos resultados en la práctica.

Debemos festejar la mayor transparencia gubernamental que hay en México, pero más importante ahora es que la transparencia sea un insume eficaz para detectar actos de corrupción y castigarlos. Nadie demanda transparencia o democracia como fines en sí mismos, sino como medios para estimular mejores gobiernos y evitar el abuso del poder.

En medio de la vorágine de la detención de El Chapo, los medios han olvidado los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2012. En estas páginas relataba la semana pasada que seguramente la captura del narcotraficante evaporaría la discusión de los graves señalamientos que hizo la ASF. Desafortunadamente tenía razón. A 10 días del informe, casi nadie habla ya del tema y no he escuchado ningún posicionamiento vigoroso y claro del tema por parte de autoridad alguna o incluso partido político.

Es un dato que refleja la prioridad que parte de la clase política concede al problema agudo de la corrupción.