Opinión

Más preguntas a Josefina sobre Juntos Podemos

   
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Primeras dos preguntas: ¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero público que ha recibido la iniciativa Juntos Podemos, que es amadrinada por Josefina Vázquez Mota, se ha utilizado no sólo de manera honesta, sino también en forma eficaz?

No tenemos respuesta a ese cuestionamiento. Y eso es relevante porque se trata de una materia pública por partida triple: estamos hablando de dinero de los contribuyentes, y de participación de organismos privados en políticas públicas con respecto a ese tema tan importante como son los migrantes.

De eso tenemos que hablar. Que nadie busque confundir: al pedir explicaciones sobre Juntos Podemos lo hacemos porque no estamos ante un asunto vocacional de una excandidata presidencial y de unos empresarios, sino ante una materia de elemental orden público.

Luego del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –reseñado ayer aquí– en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el director ejecutivo de Juntos Podemos reconocían donativos gubernamentales por 900 millones de pesos en dos años, la organización de la que Vázquez Mota es presidenta honoraria envió una carta a la opinión pública.

En la misiva, Juntos Podemos reitera que dada su personalidad jurídica, está incapacitada para recibir donativos. Confirma que AEM USA Foundation y Parents Alliance, sus dos patas operativas, reciben fondos públicos. Explica que son fiscalizadas en Estados Unidos (no dice nada de fiscalización en México). Señala que “tan sólo en 2015 se apoyaron 89 organizaciones y se beneficiaron a cerca de un millón de personas con los programas desarrollados”. Y no niega –por supuesto– la cantidad publicada sobre los fondos que han sido destinados desde la administración Peña Nieto a las labores donde la figura mediática es Josefina: un total de 900 millones de pesos durante 2015 y 2016. (La réplica se puede encontrar en contralacorrupción.mx)

La misiva falla en lo esencial. La cuestión no es si Juntos Podemos tiene o no personalidad jurídica para recibir dinero (ya se había dicho que no), o si ayudan a un millón de personas (de ser así, qué bueno), o si en Estados Unidos le reportan al fisco.

La materia de discusión es que Juntos Podemos no quiere informar cómo se gestaron los apoyos del gobierno mexicano, qué mecanismo de verificación se pactó con la administración de Peña (si es que alguno), por qué se decidió no hacer públicos esos acuerdos, por qué no invitaron, digamos, a Transparencia Mexicana a ser testigo de la iniciativa y dar fe del buen uso de esos millonarios fondos; y por qué si tanto había para presumir, ¿no debió ser el propio presidente el que anunciara que encontraron un mecanismo superefectivo para potenciar –mediante agentes privados– la ayuda a los migrantes?

Qué raro que tuvieran entre manos un acuerdo tan ambicioso (en apariencia tan benéfico para los migrantes) y lo hayan pactado y mantenido años tras bambalinas. No cuadra.

¿Será que ni Vázquez Mota ni el gobierno querrían explicar en público cómo en un principio se calculaban donativos de 337 millones de pesos para 2014; de 396 millones para 2015 y de 428 millones para 2016? Es decir, mil 161 millones de pesos.

O, dicho en dólares, el cálculo inicial para Juntos Podemos era de 26.1 millones para 2014; 30.5 millones para 2015 y 33 millones de verdes para este año. Total: 89.6 millones de dólares.

Esas eran las cifras, de acuerdo con una ficha a la que tuve acceso, que manejaban entre Josefina y el gobierno para Juntos Podemos.

Hay muchas preguntas. Pero se reducen a una sola: ¿qué les cuesta transparentar todo, todo?

Twitter: @SalCamarena

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