Opinión

Más dinero a los partidos, ¿para qué?

Según publicó Central Política la semana pasada aquí en El Financiero, el financiamiento público de los partidos políticos con registro en los estados del país crecerá 51 or cento como resultado de la reforma electoral. Usando datos de 2012, los últimos consolidados, si en aquel año se hubiera usado la nueva fórmula de financiamiento, los partidos habrían recibido mil 550 millones de pesos más. (El financiamiento para los partidos con registro nacional no se modificó).

El artículo 51 de la nueva Ley General de Partidos Políticos dice que el monto total por distribuir entre los partidos políticos locales se estima al multiplicar el número de inscritos en el padrón electoral por 65 por ciento del salario mínimo diario, que es la fórmula que se usa desde 2008 para los partidos con registro nacional. Hasta ahora cada entidad era libre de fijar su propia fórmula, y la mayoría usaba un factor menor al 65 por ciento. De tal forma que una entidad como Nuevo León, por ejemplo, que usaba como base sólo 20 por ciento del salario mínimo, ahora usará el factor de 65 por ciento y con ello aumentará el presupuesto para los partidos en más de 300 por ciento. Sólo muy pocas entidades cuentan con una fórmula que usa un factor mayor a 65 por ciento y por lo tanto en ellas el financiamiento se reducirá.

Sin embargo, en la exposición de motivos de la reforma electoral nunca se menciona cuál es el beneficio de homologar la fórmula y por qué es necesario aumentar globalmente el financiamiento a los partidos en las entidades. Cabe destacar que todos los partidos de registro nacional también cuentan con registro local y disponen así de dos fuentes de prerrogativas: las que da el Instituto Nacional Electoral y aquellas que ministran las autoridades estatales.

Si el argumento de homologar la fórmula es respecto a los beneficios de contar con el mismo estándar en todas las entidades del país, ¿por qué usar el factor de 65 por ciento y no el de 20 o 30 por ciento? Si el argumento es respecto a los beneficios de contar con partidos con más ingresos, en ningún lugar se menciona. Tampoco lo hicieron los promotores de la reforma ni los legisladores que presumieron que esta reforma reduciría el costo de la democracia.

Nunca me ha convencido la propuesta de tono populista que exige reducir el financiamiento de los partidos porque es mucho dinero (el objetivo es impreciso y puede generar otros problemas sin que el ahorro sea significativo). Pero me parece totalmente indefendible que se aumente el financiamiento de los partidos sin que medie una justificación respecto al objetivo de tal medida. Que se haya ocultado tal modificación es inadmisible.

Asimismo, es incongruente que algunos legisladores hayan cuestionado el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral y propuesto su derogación, pero no les parezca un exceso aumentar el financiamiento estatal a los partidos en un monto global de 51 por ciento. ¿Habrá algún legislador que no leyó el dictamen y no sabía de este asunto?

Si más financiamiento público a los partidos significara mejor democracia, más calidad del debate público y mejores gobiernos, bienvenida la inversión. Pero más dinero puede tener justamente el efecto contrario: más burocracias, más confort político, más adicción al dinero público. Y el exceso de dinero en los partidos en lugar de atraer mejor talento, con frecuencia acaba por atraer a más oportunistas que quieren vivir de jugosas prerrogativas.

Pero hay algo aún más importante: los partidos deben predicar con el ejemplo y dar una muestra de sensibilidad social frente a un grave problema de desigualdad que México no logra remontar. ¿Qué legitimidad tiene la clase política si aprueba más impuestos pero es incapaz de dar una muestra de austeridad? ¿Cómo pueden cuestionar los altos salarios del gobierno o del Poder Judicial cuando ellos aumentan 51 por ciento sus prerrogativas estatales?

Pero todavía hay solución y una oportunidad para que los partidos en las entidades del país prediquen con el ejemplo. Otro artículo de la misma ley de partidos, el 50, dice que “los partidos políticos tienen derecho a recibir […] financiamiento público […] conforme a lo […] dispuesto en las constituciones locales”. Hay una aparente ambigüedad o contradicción porque mientras el artículo 51 parece mandatar a las entidades a adoptar la fórmula federal de 65 por ciento, este articulo 50 deja que cada Congreso opte por la fórmula que decida.

Mil 550 millones son insignificantes frente a los montos de los presupuestos en México. Pero ese no es el argumento, sino uno de prudencia, sensibilidad y decoro. Con frecuencia los cuadros políticos dirigentes sólo ven el deterioro y la crisis cuando ha llegado. Este aumento “inofensivo” como puede parecer, sólo contribuye a acumular agravio y desencanto en la sociedad. Pero cuando se corrige a tiempo se abona para recobrar en parte la legitimidad erosionada. Ojalá aprovechen la oportunidad.