Opinión

Marchas y violencia: preguntas al GDF

Once personas han sido consignadas en penales de alta seguridad ubicados en Veracruz (8) y en Nayarit (3) luego de las manifestaciones, una pacífica y otra violenta, ocurridas casi simultáneamente el pasado 20 de noviembre. El problema es que, pasadas más de 96 horas de esa jornada de protestas, la opinión pública no sabe si los detenidos son quienes provocaron desmanes, o si, como han denunciado defensores independientes de derechos humanos, se trata de chivos expiatorios.

La Procuraduría General de la República acusa a estas personas de homicidio en grado de tentativa, motín y asociación delictuosa. La PGR no aguanta otro fiasco, así que ya veremos cómo demuestra el procurador Jesús Murillo Karam que, en efecto, estos detenidos forman parte no sólo de los que han provocado desmanes, sino que deben ser juzgados de delitos tan graves como homicidio en grado de tentativa, falta que impide que sean procesados en libertad.

De igual forma, si queda demostrada la participación de estas personas en los delitos que se les imputan, el gobierno del Distrito Federal podría acreditar parte del mérito de haber estado en el operativo donde finalmente se habría detenido a algunos de los que han dañado a la ciudad capital.

Sin embargo --el gran "pero"--, es que han surgido diversos testimonios de que varios de los detenidos ni formaban parte de los rijosos, ni tienen antecedentes de participación en actos vandálicos o en grupos dados a esas conductas. Si los familiares y amigos de los detenidos tienen la razón, si estamos ante estudiantes y ciudadanos convertidos al vapor y a macanazos en chivos expiatorios, la posición de la autoridad federal será harto complicada, dado el desgaste que ya ha sufrido el procurador Murillo por su pésima broma de “ya me cansé”. Y junto con el procurador federal, las autoridades capitalinas tendrán que explicar muchas cosas, circunstancias que de hecho ya se han tardado en comunicar debidamente a los habitantes de una ciudad otrora conocida por tener personalidad y discurso propio, casi siempre distintos pero sobre todo independientes de lo dictado por el poder federal.

Hoy ya no sabemos cuál es el discurso, cuál es la posición del gobierno del Distrito Federal frente 1) el fondo de las manifestaciones por Ayotzinapa, el reclamo de justicia y 2) qué explicación dan sobre el margen de acción que han tenido los provocadores que han logrado manchar manifestaciones pacíficas, como la del sábado 8 y la del jueves 20 de noviembre.

Por qué a pesar de que distintos funcionarios y diferentes instancias del gobierno del Distrito Federal tienen amplia experiencia en la contención de actores violentos, sucede que en las dos marchas ya mencionadas la Policía capitalina no ha desplegado sus capacidades. A la luz de los evidentes éxitos de los violentos (el impune intento de quema de la puerta de Palacio Nacional y los ataques del 20 de noviembre), y sin caer en especulaciones ni teorías de la conspiración, es pertinente preguntar varias cosas al gobierno del Distrito Federal.

¿Quién estuvo a cargo del operativo policíaco: el gobierno federal o el capitalino?

¿Qué le tocaba a quién?

¿Con qué instrucciones salieron los policías de la ciudad de México?

¿Por qué el sábado 8 de noviembre no hubo policías del DF resguardando Palacio Nacional?

¿Quién dio la instrucción el jueves de ya no sólo contener sino desalojar la plaza?

¿Cuántas personas y quiénes, fueron entregadas por policías capitalinos a la autoridad federal?

¿Por qué a esas personas no se les llevó ante un juez cívico como suele ser el protocolo desde hace años?

Diversos exfuncionarios de los aparatos de seguridad y gobierno de la ciudad consultados para esta columna señalan al 2 de octubre de 2003 como la fecha en que la ciudad aprendió mucho sobre las marchas violentas. En aquella ocasión, el hotel Sheraton, una Nissan que estaba en Arcos de Belén, la torre del Caballito y varias tiendas fueron vandalizadas. Aquí una nota de esa ocasión.

Desde entonces para acá, la ciudad fue perfeccionando, en ocasiones con mejores resultados que en otras, su capacidad para neutralizar a los violentos. Hay varios factores claves para ello, dicen los consultados. Destaco dos: la interlocución permanente con los grupos que protestan, sean pacíficos o rijosos, y la capacidad de respuesta basada en el personal desplegado en la calle tanto por la SSP como por la secretaría de Gobierno, civiles conocidos como “indicadores”, los primeros, y “concertadores”, los segundos.

Cada “indicador” tiene a su vez apoyo de otros cinco policías de civil y junto a los “concertadores” monitorean desde el terreno las marchas. Los “concertadores” están a cargo del diálogo. Constituyen los termómetros indispensables para reaccionar oportunamente.

En paralelo, el gobierno capitalino instala una mesa, en ocasiones en la propia jefatura de gobierno, desde donde tienen los reportes de indicadores y concertadores.

Para la administración capitalina los ahora llamados anarquistas, antes globalifóbicos, etcétera, son viejos conocidos. Una fuente consultada explica: “Se sabe desde antes dónde se van a reunir. Nos acercábamos a ellos. Siempre se les abordaba, se negociaban rutas. Y desde ahí el gobierno tenía mucho control, para tratar de saber escenarios con respecto a los dos grandes objetivos: que la manifestación tuviera el menor impacto en el funcionamiento de la ciudad, que fuera rápida, y segundo, prevenir desmanes. Y cuando pasaba algo, pues siempre había un acto que se salía del control, todo terminaba en una mesa de concertación con padres de los manifestantes y el gobierno”.

Otra fuente apunta que incluso desde la administración se les llegaba a pagar las penas impuestas por los jueces cívicos. Y, en ese renglón, no se les llevaba ante el Ministerio Público precisamente para no escalar la posibilidad de una respuesta más radical de parte de los grupos violentos.

Los consultados señalan que indicadores y concertadores suman alrededor de cien personas. Y que en ellos radica en buena medida el éxito de los operativos ante las marchas, porque más allá de la tecnología, cuenta mucho lo que en el argot policíaco se conoce como “la changuez” del policía de la calle, es decir, su experiencia.

La autoridad capitalina debe explicar qué hicieron y reportaron los indicadores y los concertadores el 8 y el 20 de noviembre. No vaya a ser, como asegura una fuente, que ese aparato haya sido desmontado por la actual administración, que estaría más presta a plegarse a lo que indique el gobierno federal incluso en el tema de la seguridad.

Twitter: @SalCamarena