La semana pasada, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día para ubicarlo en 8.00 por ciento.
Esta decisión es notable porque continúa el ciclo alcista más prolongado y pronunciado desde 2008, cuando el Banco Central empezó a usar la tasa de referencia como el principal instrumento monetario. Con el reciente aumento, el decimocuarto desde diciembre de 2015, ese indicador acumula una subida de quinientos puntos base.
Además, el nuevo objetivo es el segundo más elevado en más de una década, sólo superado en un cuarto de punto porcentual por el que prevaleció a finales de 2008. A la luz de las mediciones disponibles de inflación esperada, la postura monetaria se mantiene considerablemente restrictiva.
La restricción en marcha ha buscado prevenir y, especialmente, contrarrestar las presiones de inflación agravadas desde 2017.
Después de elevarse de forma casi continua ese año, la inflación anual descendió durante los primeros cinco meses de 2018, para retomar la tendencia alcista desde junio. Durante estos dos años, la inflación anual no ha bajado de 4.5 por ciento y, en octubre pasado, se situó en 4.9 por ciento.
En gran medida, la variación anual del INPC ha reflejado los incrementos del componente no subyacente, en particular, de los precios de los energéticos, como la gasolina y del gas LP, que se habían mantenido rezagados.
Además, las mayores tarifas energéticas han afectado indirectamente al componente subyacente, el cual excluye los precios más volátiles de la economía. Así, la inflación anual subyacente ha aumentado continuamente desde julio pasado hasta alcanzar 3.7 por ciento en octubre, el ritmo más elevado de los últimos siete meses.
Un segundo elemento que ha impulsado la inflación ha sido el traspaso de la depreciación del peso frente al dólar, la cual se ha agudizado en ciertos periodos como a finales de 2016 y recientemente en 2018. Y, como tercer factor, la rigidez a la baja de la inflación subyacente podría estar obedeciendo a ciertas presiones de demanda.
Como resultado, la inflación anual se ha ubicado repetidamente por encima de las predicciones del Banco Central, lo cual lo ha llevado a ampliar el horizonte previsto para la convergencia al objetivo de 3 por ciento.
En la decisión de política monetaria de la semana pasada, la Junta de Gobierno consideró que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado y exhibe un sesgo al alza. Para justificar esta evaluación, hizo referencia a las variables usuales como la mayor debilidad del peso frente al dólar y el deterioro de las expectativas de inflación, especialmente las extraídas de instrumentos financieros.
Si bien no es la primera vez que un juicio semejante respalda un apretamiento monetario, en esta ocasión, la valoración de las autoridades del Banxico se diferenció por el reconocimiento explícito del efecto adverso que han tenido los anuncios de políticas públicas de la próxima administración, como la intención de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y algunas iniciativas legislativas.
Aunque el comunicado no elaboró al respecto, los inconvenientes del nuevo régimen gubernamental incluyen la actuación al margen de las instituciones, al recurrir a consultas populares fuera del marco jurídico, así como la vulneración de la seguridad de los contratos, al suspenderse un proyecto de infraestructura con montos sustanciales de financiamiento privado.
Estos cambios han deteriorado la confianza de los inversionistas y han causado un daño en la reputación del país. Aunque el impacto hasta ahora ha sido financiero, incluyendo la depreciación de la moneda, el incremento de los indicadores de riesgo país y la elevación de las tasas de interés gubernamentales a niveles semejantes a los observados en el estallido de la crisis financiera global, no pueden descartarse perjuicios posteriores sobre la inversión física y la actividad económica.
En este contexto, con frecuencia se menciona que el Banco de México debería servir de contrapeso a los posibles detrimentos de la próxima administración. Tal postura está equivocada.
La razón fundamental es que la política monetaria tiene un gran alcance en su capacidad de controlar la inflación, pero carece de herramientas para contrarrestar las deficiencias de otras políticas públicas, por lo que sobrecargarla de tareas corre el riesgo de desvirtuar su efectividad. Finalmente, los desaciertos en otros ámbitos de gobierno, en especial la falta de fortaleza fiscal, sólo hacen más costoso el cumplimiento de su objetivo.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).