Opinión

"Manita de puerco"

El miércoles pasado el coordinador de los senadores del PRI dijo que su partido no se dejaría chantajear por el PAN ni le harían “manita de puerco”, pero un día después el PAN había torcido el brazo del gobierno y logró imponer su demanda de no modificar el artículo 87 de la nueva ley de partidos que dice que cuando se tachen dos o más emblemas de partidos coaligados, el voto contará para el candidato pero no para los partidos que lo postulan.

Se trata de una regla que beneficia directa y especialmente al PAN: recurre menos a alianzas que el resto de los partidos y en 2015 irá solo en las elecciones federales y en las locales podría aliarse con el PRD pero sólo en algunos casos.

En contraste, la estrategia electoral del Partido Verde ha sido ir siempre en coalición con el PRI mientras el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) lo han hecho con el PRD. La nueva regla afecta seriamente el atractivo de las coaliciones porque reduce los votos de los partidos pequeños cuando la gente tache más de un emblema y eso significa menos cargos plurinominales y menos presupuesto.

Sorprende que el gobierno haya cedido nuevamente a la presión del PAN, sobre todo cuando el coordinador de los diputados del PRI había sido el promotor de cambiar el artículo 87 y lo había expresado públicamente. Pero más sorprende porque puede significar el divorcio del PRI y el Partido Verde y beneficiar directamente al PAN en 2015, que ya desde ahora se ve como el partido que más avanzará electoralmente, sobre todo con la crítica feroz que hará de la marcha de la economía y la reforma fiscal.

Pero más allá de los ganadores y perdedores electorales, lo relevante es si la nueva regla para contar votos de partidos coaligados es buena o mala para la democracia. Una primera respuesta la ofreció el PAN cuando dijo que los partidos pequeños son “parásitos” que deben recibir financiamiento y la representación proporcional derivada de sus votos directos, pero no de aquellos que se obtengan por coaliciones.

La antipatía natural de los partidos hace que medidas como ésta despierten el aplauso popular, sobre todo cuando algunos de los partidos afectados se comportan de manera oportunista y sin identidad política ni lealtad ideológica. No obstante, no comparto el argumento porque a pesar del oportunismo, no se puede condenar a priori a todos.

En 2007 se mejoró regulación cuando se estableció que los partidos coaligados debían competir cada uno con su propio emblema y no fusionados, como ocurría antes cuando los votos que recibía la coalición se distribuían ex ante mediante convenio. Pero impedir que los votos se distribuyan entre los partidos coaligados cuando se tachen dos emblemas obstruye en la práctica las coaliciones que permite la Constitución.

El PAN tiene razón de criticar el oportunismo de partidos que carecen de representatividad y lucran con las coaliciones para sobrevivir. Pero debemos preguntar si más reglas para acotar el número de partidos es en sí mismo algo positivo. Además del artículo 87, el nuevo umbral para mantener el registro, que pasó de 2 a 3 por ciento, sofoca la vida de los partidos pequeños. Con ese incremento algunos partidos como el PT y MC corren el riesgo de perder el registro en 2015, porque además no podrán aliarse con Morena —partido que por ser nuevo debe competir solo— ni el PRD estará interesado en hacerlo.

Que haya menos partidos, ¿hará de los grandes mejores partidos? ¿Gana la democracia si se expulsa del sistema a todos excepto el PAN, el PRI y el PRD? El sistema de partidos requiere diversidad sin que haya pulverización. Requiere de partidos pequeños que representen a segmentos de la población. Para que eso ocurra y evitemos el oportunismo, es más eficaz revisar las reglas de financiamiento público que genera incentivos perversos, que obstruir las coaliciones o cerrar la puerta a la formación de nuevos partidos.

La reforma energética —necesaria y buena para el país— ha resultado muy cara para el sistema electoral que ha tenido que absorber los costos de la negociación entre el gobierno y el PAN. El episodio de la semana pasada es un reflejo más de una reforma electoral hecha con prisas y sin la reflexión necesaria que apenas tres semanas después de promulgada ya requiere enmiendas y ya implica controversias. Si el Congreso hubiera legislado con más tiempo y cuidado, no se tendría ahora esta controversia que llegará a la Suprema Corte como acción de inconstitucionalidad.