Opinión

Maldita corrupción

El presidente Peña Nieto por fin mencionó la palabra maldita y abordó públicamente un tema que parecía que había desaparecido del vocabulario político de esta administración: corrupción.

Mencionó la palabra maldita pero muy brevemente en su discurso en Palacio Nacional y en la comida de los 300 líderes que se llevó a cabo esta semana, donde insistió que México requería de un cambio cultural para poder combatir la corrupción. El hecho que es un problema cultural no significa que no tiene solución, sino requiere de una estrategia gubernamental enfocada en ese sentido, además de crear las instituciones necesarias para resolver el problema.

Parecería que ahora sí, por lo menos en la retórica política, se tomarán pasos para enfrentarlo.

Hay múltiples explicaciones de por qué la resistencia por parte de la Presidencia de seguir adelante con la estrategia que había propuesto el entonces candidato Peña Nieto en materia de transparencia y combate a la corrupción: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción con una participación ciudadana, equipar con más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (que ya sucedió) y el establecimiento de un órgano que esté pendiente de los contratos de publicidad entre los gobiernos estatales y medios de comunicación, entre las propuestas que se puso sobre la mesa.

Hay que recordar que dichas propuestas se hicieron en un clima electoral donde se le cuestionaba al candidato su capacidad de hacer frente a la corrupción, dado que hubo acusaciones que su campaña estuvo plagada de irregularidades como los supuestos fraudes con tarjetas electrónicas y los documentos que publicó el diario británico The Guardian, que vinculaban la campaña del candidato priista con Televisa.

El no enfrentar el problema desde el inicio de su administración, tal vez se debió a la necesidad de mantener investigaciones que involucraban a políticos de varios partidos, incluyendo el PRI, enterradas para que no afectara el proceso legislativo que culminó en la aprobación de las reformas estructurales.

Pero ahora Peña Nieto ya es presidente, y las reformas ya se aprobaron. Posponer dos años una campaña para combatir la corrupción es un error. Podría poner en duda la credibilidad de sus reformas.

¿Qué avances ha tenido el actual gobierno de la República en cuanto a la corrupción? Al parecer no muchos, dado que en cuanto a percepciones de los ciudadanos, no hay mejoría. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013 reveló que en cuanto a corrupción estamos reprobados, con una calificación de 34/100 –100 es la mejor calificación– repitiendo la misma calificación obtenida en 2012. México se ubicó en el lugar 106 de 177 países estudiados.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el organismo Transparencia Mexicana, la corrupción le cuesta a México el 20 por ciento de inversiones extranjeras. Según el Imco, México tiene –en escala del uno al diez– dos de calificación en tratar de controlar la corrupción. La corrupción le cuesta al país hasta 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, lo cual es más de lo que se gasta en la educación.

Según la organización Transparency International, en el Índice de Percepciones de Corrupción, México figura en el lugar 106 de 177 países, lo cual nos ubica muy abajo en la tabla, con una calificación de 34 en escala del cero al 100, muy por debajo de países como Chile y Brasil.

Pero más allá de lo que digan los índices nacionales e internacionales, la falta de acción le cuesta al presidente. En una encuesta publicada por la Fundación PEW, en una de las áreas que más se le ha cuestionado al presidente Peña es en “combate a la corrupción”, donde recibió una calificación deficiente, ya que 54 por ciento de los mexicanos encuestados desaprueba la manera en que se ha manejado el problema. Otros temas que resaltó la encuesta de PEW es de que siete de cada diez mexicanos (72 por ciento) están preocupados por la corrupción de sus líderes.

Una estrategia para el combate a la corrupción no tiene ciencia. Para este gobierno, que tuvo la capacidad de asegurar la aprobación de seis de las reformas más complejas y difíciles en el país, el perseguir a los corruptos no debería ser tan difícil. La receta requiere de un grupo de funcionarios dispuestos a llevar a cabo la investigación, fundamentada con pruebas, y un gobierno con voluntad política dispuesto a castigar algunos funcionarios y empresarios pillos, que no sólo sean mexicanos, sino extranjeros.