Opinión

Mafias y pasquines

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Arne (Tomada de Facebook oficial)

Pocas cosas son más peligrosas para una democracia que mafias bien relacionadas con las autoridades, pues éstas pueden terminar por convertirse, con el tiempo, en autoridades mafiosas. Una y otra vez hemos constatado cómo funcionarios municipales y estatales solapan las actividades del crimen organizado e incluso actúan como cómplices. Sin embargo, los mafiosos mexicanos no se dedican exclusivamente al narcotráfico, el secuestro y el “cobro de cuota”.

La semana pasada el city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, fue víctima de la prepotencia de otra mafia —la de la prensa vendida— representada por Raúl Libién Santiago, cuya familia es propietaria de publicaciones y estaciones de radio, y tiene un largo historial de violencia e ilegalidad. Para no ir más lejos, en diciembre pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a un primo de Raúl, Naím Libién Tella, vicepresidente del diario Unomásuno. De acuerdo con el reporte del Departamento del Tesoro, Libién Tella funge como operador de la organización delictiva conocida como Los Cuinis.

Por su parte, Raúl Libién se volvió en trending topic después de gritar improperios e intentar amedrentar a un funcionario que sólo quería hacer bien su trabajo. La actitud de Raúl Libién fue tan cínica que resulta preocupante. Poco pareció importarle que miles de personas lo escucharan amedrentar por teléfono a una autoridad y, al parecer, decidió mandar unos días después a sus escoltas a golpear al funcionario. O Raúl Libién es completamente incapaz de controlar sus impulsos o se considera intocable (al respecto, cabe mencionar que, como señaló el city manager, la Policía capitalina no parecía muy dispuesta a actuar contra los escoltas de Libién, a pesar de que sus vehículos estaban estacionados de forma ilegal).

Las agresiones verbales y físicas contra una autoridad, como las que padeció Arne, son gravísimas. Sin embargo, los hechos también han exhibido un problema estructural: el de la falta de ética que frecuentemente caracteriza las relaciones entre la prensa y el gobierno. Donde debería haber distancia crítica, generalmente prevalece un vínculo cercano que oscila entre la extorsión y el contubernio. La expresión más dramática de este vínculo son las docenas de pasquines que existen en el país: periódicos y revistas de ínfima calidad editorial, pero son un gran negocio al vender publicidad al gobierno (políticos y funcionarios ofrecen jugosos contratos a cambio de que les hagan propaganda y les publiquen notas elogiosas).

La Revista Miled, propiedad de la familia Libién, es un buen ejemplo. No tengo el gusto de conocer a ninguno de sus lectores (en varios puestos de revistas donde la busqué ni siquiera la venden). No es de extrañarse. Miled no es una revista que se lea, es una revista que se anuncia. Cada semana aparece un nuevo ejemplar con una vistosa portada —casi siempre el close up de un gobernador o un secretario de Estado— que aparece en espectaculares y sirve para darle la vuelta, de forma poco sutil, a las restricciones a la propaganda electoral. Algunos ejemplos de portadas: “Murat va con todo” (close up de Alejandro Murat); “El Bronco toma las riendas de NL” (close up de Jaime Rodríguez, El Bronco); “4º informe de grandes resultados” (close up de Eruviel Ávila).

De acuerdo con el INAI, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, As Ediciones (la empresa que edita las publicaciones de la familia Libién, incluyendo Revista Miled), ha obtenido contratos del gobierno federal por un monto de un millón 116 mil 280 pesos. Esta suma no parece demasiado grande, pero muy probablemente excluye otros pagos, además de los contratos con gobiernos estatales, que parecen ser los principales clientes de Grupo Miled.

Las empresas de la familia Libién son sólo un ejemplo entre varios. Ahí está también Cambio, que ha promovido de forma descarada la imagen de Manuel Velasco; y Vértigo, la favorita de Rafael Moreno Valle (hace apenas un mes el INE ordenó retirar la propaganda del número dedicado al informe del gobernador de Puebla, que rezaba en portada “Moreno Valle encabeza la transformación de Puebla”).

En este contexto valdría la pena tomar en serio la propuesta, que lleva varios años circulando, de reformar el artículo 134 de la Constitución a efecto de prohibir la publicidad de poderes públicos, órganos autónomos, dependencias o cualquier ente de los tres órdenes de gobierno. Esta prohibición le ahorraría al país miles de millones de pesos que se destinan cada año para anunciar los “logros” de los alcaldes, gobernadores y secretarios de Estado.

De acuerdo con un estudio de las organizaciones Fundar y Artículo 19, en 2012 el gasto reportado en publicidad, sólo en el ámbito estatal, ascendió a cinco mil 377 millones de pesos (aunque el gasto real probablemente fue muy superior). Sin lugar a dudas, el golpe inicial de prohibir la publicidad sería duro para algunos medios meritorios. Sin embargo, en el largo plazo contribuiría a fortalecer al periodismo independiente y a mejorar la calidad de nuestro democracia; también dejaríamos de subsidiar con nuestros impuestos a personajes de la calaña de Raúl Libién.

Twitter:
@laloguerrero

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