Opinión

Luis Videgaray, “el joven manos de tijera”

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Luis Videgaray, secretario de Hacienda (Bloomberg/Archivo)

Las declaraciones de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, de un recorte de casi una cuarta parte de sus recursos (26 por ciento, unos 700 millones de pesos) de sus programas para la prevención de la violencia, son quejas de un funcionario adolorido que probablemente se salió del huacal. Todas las secretarías están sufriendo recortes, y a pesar de que probablemente el hombre más odiado en el gobierno federal en este momento es el secretario de Hacienda, ningún otro funcionario hasta el momento había alzado la cabeza para quejarse de los recortes a sus programas.

Excepto Roberto Campa Cifrián.

Estamos trabajando con la Oficialía Mayor, como con Hacienda, para buscar que el recorte sea menor, y trabajando con los estados para garantizar que los programas estratégicos, que han acreditado mayor eficacia, no sean afectados por el recorte”, declaró el subsecretario.

Ajá.

El problema para el subsecretario Campa será cómo comprobar la eficacia de los programas y demostrar que en verdad ayudaron a reducir la violencia.

El problema de los programas de prevención de la violencia es que generalmente no dan resultados y los pocos que pueden demostrar algún factor de éxito están vinculados con la capacidad institucional de la administración de justicia (que es nula en el país) y los efectos son a largo plazo. Muy laaaaargo plazo. Esto facilita a la Secretaría de Hacienda recortar estos programas, que en su momento eran la prioridad de Peña Nieto.

Por lo tanto, habrá menos capacitación y menos estadios de futbol para las comunidades marginadas.

Pero la pregunta fundamental es identificar aquellos programas que permitirían reducir la violencia y asegurar que éstos no reciban el recorte del “joven manos de tijera” Luis Videgaray.

Vuelvo a insistir en una propuesta de hace algunos años, en donde el gobierno federal, estados y municipios urgentemente requieren acordar “Protocolos de intervención para regiones altamente violentas”. La demanda de diferentes comunidades de legalizar la creación de policías comunitarias, o grupos vigilantes, es un reflejo de dos fenómenos: en algunos casos tiene que ver con la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y en otros son grupos armados que buscan llenar vacíos de poder por parte de los gobiernos locales y estatales. Cualquiera que sea la razón, su resurgimiento es una terrible señal de lo que está pasando en el país: ingobernabilidad por el control territorial que ejercen grupos ajenos al Estado en diferentes estados.

Y esta situación no lo resuelven más bibliotecas, más estadios o más capacitación.

El problema es el hoy. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar y mitigar el efecto que están teniendo los violentos en este momento? ¿Cómo crear incentivos para que estos grupos no perciban este silencio por parte del gobierno como una señal de debilidad, de desinterés, de desorganización o de simple negligencia?

De hecho, uno de los grandes errores del anterior sexenio fue que los funcionarios que tenían la responsabilidad de la seguridad nacional y la seguridad pública del país, tuvieron poco contacto e injerencia con los programas de prevención y desarrollo. Esta falta de coordinación durante la administración calderonista fue sistemática en todas las esferas programáticas del anterior gobierno.

Pero es importante reconocer que existe una brecha cultural y de objetivos entre los que implementan la estrategia de seguridad y los que implementan la estrategia de desarrollo social que con frecuencia dificulta la capacidad de interlocución y desarrollo de un plan coordinado.

Por eso urge el desarrollo de un protocolo de intervención para comunidades y ciudades con altos índices de violencia y criminalidad. Por ejemplo, en primera instancia, las fuerzas de seguridad, la ley y el orden deben asegurar que la zona está bajo un control suficiente para dar inicio a la aplicación de programas de desarrollo social y planes de prevención.

Al mismo tiempo, se deben llevar a cabo diálogos entre los gobiernos estatales, locales, los responsables de implementar los programas de desarrollo y prevención social, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil para identificar necesidades y establecer prioridades de la intervención posterior y el uso adecuado de recursos.

El aplicar programas de prevención y desarrollo en comunidades que se encuentran en una situación en donde el gobierno no ejerce un mínimo control territorial, no sólo es un desperdicio de recursos, también pone en riesgo la integridad física de los encargados de esos programas, además de que se deteriora aún más la credibilidad del Estado.

Pero también hay que demostrar que estos programas funcionan, y en el corto plazo, porque si no “manos de tijera” Videgaray no tardará en aparecer.

Twitter: @Amsalazar

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