Impunidad, principal enemigo de la ASF

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza una labor profesional, responsable e imparcial para fiscalizar el gasto público y evaluar el desempeño de los gobiernos (en plural, porque revisa no sólo al gobierno federal sino los recursos de origen federal que gastan los gobiernos estatales y municipales). La semana pasada dio a conocer el Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2013 que revela serias deficiencias: mala planeación y ejecución de programas públicos, irregularidades del ejercicio del gasto, malos sistemas de control interno, entre otras. Más grave aún: el gran problema que brota en cada página del informe es la debilidad institucional de los gobiernos locales en México para administrar recursos, gastar con eficacia y atender problemas sociales.

Uno de los principales hallazgos es el desvío de las transferencias que reciben los gobiernos estatales y municipales para educación, salud o seguridad pero que se usan para otros fines. Por ejemplo, casi 11 mil millones de pesos se depositaron en cuentas bancarias distintas a las autorizadas; 8 mil millones se aplicaron en acciones y conceptos que nada tienen que ver con los fines de los fondos y programas; o 2 mil 600 millones que las secretarías de Finanzas de los estados no entregaron a los entes ejecutores. Las entidades con mayor número de irregularidades son Veracruz (17.3 por ciento), Michoacán (9.9 por ciento) y Jalisco (8.6 por ciento). La ASF enfrenta tres obstáculos que limitan el impacto de sus auditorías. El primero es la falta de castigo, ya sea administrativo (inhabilitación, multa, amonestación) o penal (cárcel). En 2010, por ejemplo, la ASF promovió mil 909 procesos de sanción administrativa en contra de funcionarios federales, estatales y municipales. Cinco años después el 53 por ciento de esas acciones promovidas carecen de resolución por la instancia responsable (contralorías estatales o municipales, así como la Secretaría de la Función Pública u órganos internos de control).

En el caso de las sanciones penales, la cosa es más dramática. De 444 denuncias de hechos ante el Ministerio Público que ha realizado la ASF para castigar a funcionarios públicos o particulares por cometer algún delito en el periodo 1998-2012, el 95 por ciento está en trámite y sólo 7 casos han sido consignados, eso es, el 1.5 por ciento.

El segundo obstáculo que enfrenta la ASF es el pobre acompañamiento y apoyo que recibe de la Cámara de Diputados. Cada año es la misma historia: se publica el informe de la cuenta pública y algunos legisladores alzan la voz para denunciar los abusos encontrados. Pero días después se olvidan del tema. Si la Comisión de Vigilancia de la Cámara –responsable de dar seguimiento a las labores de la ASF– diera puntual seguimiento a la promoción de sanciones y exigiera castigo por parte de las autoridades responsables, la impunidad sería mucho menor. Una somera búsqueda de sus actividades refleja el mal desempeño de esta comisión que presuntamente vigila pero que no informa qué hace. La única información que ofrece son videos de la instalación de dicha comisión en octubre de 2012 y el nombre de sus integrantes. Cabe señalar que dicha Comisión cuenta con una Unidad de Evaluación y Control para revisar la actuación de la ASF. La revisión de sus estudios e informes –que repiten los hallazgos de la ASF– refleja la baja calidad del trabajo de acompañamiento que dan los diputados.

El tercer obstáculo también está en la Cámara de Diputados: los hallazgos de la ASF no tienen consecuencias presupuestarias. Por más de diez años la Auditoría ha detectado irregularidades en el fondo de educación básica (FAEB). Pero nunca se han recortado partidas a los gobiernos estatales que gastan mal. Por años se han detectado desvíos de fondos para seguridad pública, pero los diputados no castigan con menos dinero a los gobiernos que desvían recursos. Si el gasto mal ejercido no se castiga con reducciones en el presupuesto del año siguiente, el trabajo de la ASF tendrá poco poder preventivo.

El Congreso se alista para aprobar nueva legislación anticorrupción que puede ser un paso adelante. Pero la corrupción –valga la redundancia– se ataca atacándola, no esperando que tengamos un sistema nacional para ahora sí perseguir a los corruptos. Dicho de otra forma: mucho ganaríamos hoy si los diputados de esta legislatura y los que llegarán en septiembre dieran más apoyo al trabajo de la ASF y supervisaran que los contralores municipales y estatales y los ministerios púbicos hagan su trabajo de investigación y sanción.

La ASF es una institución en marcha, fruto de diversas reformas legales y de una enorme experiencia adquirida (data de 1824 cuando se gestó la primera Contaduría Mayor de Hacienda). Prestarle más atención y darle más apoyo es una forma inmediata y a la mano para castigar la corrupción hoy, no mañana ni pasado. Por ejemplo, vale la pena que los legisladores indaguen por qué Veracruz es la entidad con más irregularidades en el uso de las transferencias federales, muy por encima de la segunda peor evaluada que es Michoacán. Si se quiere combatir el mal desempeño y la malversación de fondos públicos, bien haría el Congreso en garantizar que los responsables sean sancionados, sea quien sea, y que estos resultados tengan consecuencias en el presupuesto 2016: Veracruz tendría que recibir menos recursos. Si eso se hace, las cosas pueden empezar a cambiar.

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