Opinión

Los parches de la reforma electoral

Aun antes de ser promulgada el pasado 23 de mayo, ya se preparaban reformas a la reforma electoral. Una para derogar el haber de retiro de los magistrados electorales; otra para modificar el cómputo de los votos para partidos coaligados; y finalmente otra para modificar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (DF) para armonizar las leyes locales con la federal.

Cabe mencionar que algo semejante ocurrió cuando se promulgó la fase constitucional de esta reforma. En efecto, el mismo día que el presidente de la República la promulgaba en el alcázar del Castillo de Chapultepec el pasado enero, ahí mismo anunciaba que enviaba una iniciativa de reforma para modificar el artículo 41 constitucional y añadir el verbo “adquirir” para que una elección sea anulable no sólo por la “compra” de cobertura informativa en medios electrónicos, sino también por la “adquisición” en cualquier modalidad.

Que se presenten tres iniciativas para reformar la nueva legislación con apenas pocas horas de vida refleja el proceso accidentado y apresurado de la reforma electoral. Refleja los errores y omisiones que se cometen cuando el proceso legislativo se somete a “maquinazos” por presión política.

Si el Congreso federal no reforma el Estatuto del DF (la Constitución local), por ejemplo, la Asamblea Legislativa no puede reformar la ley electoral de la ciudad y ello supondría enormes litigios para 2015. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se incluyó esa reforma en el paquete aprobado hace dos semanas? ¿Olvido?

Asimismo, en el artículo 87 de la nueva Ley General de Partidos Políticos se incluyó una redacción respecto al cómputo y escrutinio de los votos por partidos coaligados que establece que cuando un votante tache todos los logos que apoyan a un candidato común, esos votos contarán para el candidato pero no para los partidos que lo postulan. “Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas”.

Muchos ciudadanos aplaudirían que ese artículo quedara vigente, pero no algunos partidos que ven amenazada su existencia, tal como como el Verde (PVEM) o del Trabajo (PT) que siempre van coaligados y con esta redacción corren el riesgo de perder diputados plurinominales. Ante el enorme riesgo que ello les representa, el PT presentó una iniciativa para que los votos por partidos coaligados se distribuyan de forma equitativa entre ellos y que sea la base para la asignación de legisladores plurinominales.

¿Dónde estaban los legisladores de esos partidos cuando se votaban reformas? Más aún, si en el momento procesal oportuno los interesados no participaron en el debate o, peor aún, ni siquiera leyeron los dictámenes respectivos, ¿se vale que días después se deba reiniciar otro proceso legislativo para corregir errores o cambiar la ley a modo? Al permitir parchar legislación apenas promulgada, se genera el peor incentivo futuro: no importa leer iniciativas o dictámenes porque siempre hay forma de corregir errores u omisiones.

Por la celeridad con que se redactó, es probable que en las próximas semanas sigan brotando defectos u omisiones que generarán litigios y dificultades operativas para el INE y el Tribunal Electoral.

El día que se aprobaba la reforma electoral en el Senado, algunos diputados afirmaban orgullosos que la Cámara de Diputados no cambiaría ni siquiera una coma. ¿Y dónde queda el papel de cámara revisora? ¿Y dónde está la responsabilidad de leer y revisar lo que aprobó la colegisladora?

Ahora las entidades del país sólo tienen hasta el 30 de junio para cambiar sus constituciones y leyes secundarias. Deben apresurarse, pero ojalá lo hagan con el cuidado necesario. Muchos de los errores u omisiones de la reforma federal pueden aminorarse en la legislación local.