Opinión

Los ocho millones
del 'Cuau'

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El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, ofreció una rueda de prensa este lunes en donde dijo temer por su seguridad. (Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Blanco está metido en un tsunami donde se mezcla la política con la delincuencia organizada, que uno podría imaginar jamás pensó que viviría cuando el Partido Social Demócrata le ofreció –según funcionarios de Morelos y federales– ocho millones de pesos por aceptar la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. Blanco ganó la alcaldía de la capital de Morelos con una diferencia de ocho puntos sobre la candidata del PRI, y aplastó al candidato del PRD, quien desde la campaña lo había acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada. Nadie pensó tampoco que aquellas imputaciones se encontraran hoy en el centro de su naciente administración.

Desde que asumió el cargo el viernes pasado, Blanco y sus patrocinadores se confrontaron con el gobernador Graco Ramírez por el tema del Mando Único, un acuerdo de seguridad pública que terminó su vigencia con el ayuntamiento al entrar la nueva autoridad. Blanco, que ha demostrado no saber nada de políticas públicas, comenzó a pagar por el dinero que le dieron –ganara o perdiera, reveló el periodista Jesús Castillo García, en una columna publicada en el portal Periodismo sin Censura, en marzo pasado– los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, que se quedaron la franquicia del partido en 2012.

El Mando Único en Morelos, aseguran funcionarios federales y organizaciones no gubernamentales, ha dado resultados y disminuido los índices delictivos, pero Blanco lo rechazó porque, aseguró, los ciudadanos de la capital dijeron que las cosas habían empeorado. El conflicto escaló y Ramírez se reunió con Blanco el sábado pasado, donde el exfutbolista lo amenazó y le dijo textualmente “te vamos a romper la madre”, según narró el gobernador el domingo en una reunión de coordinación con el gobierno federal, donde estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, las Fuerzas Armadas y el Cisen. En esa misma reunión, de forma unilateral, anunció que impondría por decreto el Mando Único.

Funcionarios presentes en la reunión dijeron que Ramírez les presentó el mapa delictivo en el estado y aseguró que el estado se lo habían repartido Los Rojos y Guerreros Unidos, las bandas criminales que se empiezan a formar cuando Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, jefe del Cártel de Juárez y último criminal con dominancia nacional, vivía en Cuernavaca en los 90, y crecieron cuando residió ahí Arturo Beltrán Leyva, uno de los criminales más sanguinarios de la última década, abatido por la Marina en diciembre de 2009 en esa capital.

El gobernador, agregaron los funcionarios, les dijo que si bien Los Rojos se ubicaban en los municipios del norte del estado, Guerreros Unidos tenía un mayor número de ellos bajo su control. Contrario a lo que ha dicho públicamente, Ramírez les aseguró que no estaban enfrentados, sino que tenían un pacto donde se habían dividido territorios. La información que utilizó Ramírez era de su área de inteligencia, que desde hace más de dos años ha venido estableciendo los vínculos del crimen organizado con la política. El 30 de octubre de 2014, en este mismo espacio se publicó la columna “Partidos, franquicia para criminales”, donde se exploraba el tema de la narcopolítica en Morelos y se mencionaban los alcances de Guerreros Unidos en el estado, a partir de su bastión estatal en Amacuzac.

En este espacio se mencionaron las investigaciones sobre el empresario Federico Figueroa, hermano del finado cantautor Joan Sebastian, señalado como gestor y publirrelacionista de Guerreros Unidos ante las élites de la región, y la penetración que habían tenido en la política. En ese momento se refirió la indagatoria contra el exalcalde de Amacuzac, Noé Reynoso, que gobernaba bajo la bandera del Partido Verde, vinculado a Figueroa, y del exdiputado local Alfonso Miranda del PT –tío de Santiago Mazari, El Carrete, jefe de Los Rojos–, contra quien el fiscal de Morelos pidió infructuosamente al Congreso local un juicio de procedencia en su contra por presuntos crímenes.

En el conflicto con Blanco, el gobernador Ramírez mencionó a Figueroa como una de las personas en el entorno del alcalde con nexos al crimen organizado, junto con los patrocinadores del exfutbolista, los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, actualmente secretario general del ayuntamiento y diputado local, quienes han negado las imputaciones. El presidente del PSD en el estado, empleado de los hermanos, Julio Bordonave, ha pedido al gobernador que si tiene pruebas, que las presente. La exigencia es tan correcta, como grande el desafío que ese grupo político detrás de Blanco están haciendo no sólo a Morelos, sino al gobierno federal.

La PGR está analizando si hay indicios para iniciar una averiguación por delincuencia organizada, ante “la gran preocupación –como admitió un alto funcionario del gobierno federal– que existe es la penetración en campañas políticas y en los municipios”. La columna de octubre de 2014, concluía: “El Estado mexicano no puede permitir que las organizaciones criminales sigan escalando hacia el poder como en Colombia, donde al arquetipo de la narcopolítica universal, Carlos Lehder, fundó un partido, financió guerrillas y abrió la puerta para que otros barones del crimen, como su socio Pablo Escobar, vieran en la política el mejor blindaje para su negocio”. El contexto del conflicto en Morelos está bañado de narcopolítica y Blanco, quien parece tener la menor de las responsabilidades, está en el centro de él. Esos ocho millones para ser candidato están resultando muy costosos a Blanco y sus patrocinadores.

Twitter: @rivapa

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