Opinión

Los ‘impuestos sombra’
que pagan las Pymes

En las últimas dos semanas he dedicado este espacio al impacto de la reforma fiscal, en particular en la pequeña y mediana empresas o Pymes (“Costos y beneficios de la reforma fiscal”, 23 de septiembre de 2014 y “Érase una vez una Pyme (antes y después de la reforma fiscal)”, 30 de septiembre de 2014). En ambas columnas comenté que en mi opinión, las Pymes fueron mayormente afectadas por la eliminación del Régimen de Pequeño Contribuyente (Repeco). De manera particular, en la última columna utilicé información que obtuve a partir de una entrevista que me concedió un empresario restaurantero
–que considero muy exitoso–, para ilustrar el impacto de la reforma fiscal en las Pymes.

A pesar de que se podría considerar como un caso particular, considero que es muy representativo de lo que ha ocurrido a una gran cantidad de Pymes en nuestro país. Este empresario me confió su estructura de costos fiscales, como porcentaje de sus ingresos. Si bien comenté que asigna poco más de 40 por ciento de sus ingresos al pago de impuestos –incluyendo IVA, ISR, IEPS, ISN, cuotas del IMSS e Infonavit–, quedaron fuera los pagos que este empresario tiene que llevar a cabo a instancias relacionadas con el gobierno o por servicios que debe de proveer el gobierno en sus diferentes niveles y poderes, para que su negocio pueda operar. Me refiero a los “impuestos sombra”. De acuerdo a este empresario, estos “impuestos sombra” ascienden a 7.5 por ciento de sus ingresos.

¿Cuáles son éstos?, ¿por concepto de qué? El 1.0 por ciento de los ingresos de este empresario se asigna al transporte que hay que pagar porque no existen rutas de transporte público para que lleguen a trabajar sus empleados. Asimismo, 1.0 por ciento de sus ingresos van al pago de seguridad privada que tiene que contratar, porque la seguridad pública no funciona bien, además de 1.0 por ciento de sus ingresos para el pago de seguridad pública en “ayudas” para nuevos uniformes, “Día del Policía” o la “Posada de la Comandancia”, con el fin de que “saquen a un cliente borracho” del restaurante cuando se ponga “difícil” o que simplemente acudan al restaurante al sonar la alarma de la seguridad privada contratada. En este sentido, no sólo son los pagos que se llevan a cabo por estos rubros –en donde claramente no hay factura y no son deducibles (salvo el pago de seguridad privada)–, sino también reconocer que hay costos “invisibles” en otras actividades relacionadas como conocer a las personas “adecuadas”, llegar diplomáticamente a preguntar “cómo se les puede ayudar”, en lugar de hacer contratos directos de pagos y beneficios. Este empresario me comenta que si cambian de comandante es un problema mayor para él y que este tipo de asuntos ocupan una gran parte de su tiempo, en lugar de pensar cómo mejorar su negocio, etcétera.

Desafortunadamente esto también ocurre con otros servicios públicos como el alumbrado (0.2 por ciento), retiro de basura (0.4), servicio de limpia (0.4), drenaje y desazolve (1.0), “apoyos” al municipio (1.0), salubridad (1.0), así como reservas para incrementos de las cuotas del IMSS por “accidentes de trabajo” que ni siquiera ocurren en el lugar de trabajo (0.5) y conciliaciones por “despidos injustificados” o similares (1.0), a pesar de que este empresario paga por encima de las prestaciones de ley y liquida de la misma manera cuando llega a despedir a algún trabajador. Cabe señalar que este último 1.0 por ciento ya está ajustado por los beneficios de la reforma laboral en este tema.

En resumen, esta empresa paga 7.5 por ciento de sus ingresos totales (excluyendo el pago de seguridad privada) de “impuestos sombra”, sumando así cerca de 50 por ciento de sus ingresos en impuestos. Para estimar sus utilidades –para lo que trabaja muy duro–, hay que restar el costo de los insumos, salarios, renta de locales, luz, renovación de equipo, limpieza y pintura de los locales, costos administrativos y demás gastos relacionados con la operación del negocio.

Una vez más, quiero insistir en que además de la aprobación de reformas estructurales –incluyendo la fiscal–, es necesario mejorar los servicios públicos como contraparte de pagar mayores impuestos. Más crecimiento económico derivado de la reforma energética, por ejemplo, sin duda puede beneficiar a estas empresas y aumentar las ventas de los restaurantes, pero estos empresarios tal vez no se puedan dar abasto para conocer quién hace el desazolve o quién es el comandante de policía del lugar donde quieren abrir otro negocio, para poder darles las “ayudas” y mantener los negocios operando de manera sostenible.

* Director general de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte. Las opiniones que se expresan en el artículo no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, por lo que son responsabilidad absoluta del autor.

Twitter: @G_Casillas