Opinión

Los debates que vienen

En otros tiempos, Enrique Peña Nieto podría no hacer nada el resto de su gestión, y tendría asegurado su lugar en la historia.

El conjunto de reformas estructurales que en poco más de 20 meses de gobierno concretó no tiene parangón.

Quienes lo comparan con el gobierno de Salinas olvidan que quizás la decisión más trascendente de la administración salinista, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se concretó hasta el penúltimo año de su gestión, y sus efectos se dieron en el sexenio de Zedillo.

El gobierno de Peña Nieto, como caso inédito en la historia reciente del país, puede ver algunos de los efectos de las reformas con resultados en su propia administración.

Pero, seamos claros, Peña Nieto representa un proyecto de país que rebasa el sexenio. Los efectos más relevantes del conjunto de las reformas los va a cosechar la siguiente administración, y quizás la que le va a seguir.

Por eso es que el eje de las acciones de gobierno para lo que resta del sexenio va a estar vinculado a buscar la continuidad del proyecto.

Y para eso se requiere algo sustantivo: crecimiento económico y mejoría de los niveles de vida de la población. No hay otra forma de garantizar la continuidad del proyecto, porque ambos elementos significan votos.

Como cualquier gobierno en un país democrático, hay la intención de que los efectos de la gestión impliquen una inclinación favorable en las siguientes elecciones.

La interrogante que queda es cómo se va a lograr el mejor resultado económico en los siguientes meses.

En cierto ámbito, no importa la voluntad de Peña o de Videgaray, si la economía norteamericana va mejor, al sector manufacturero del país le va a ir mejor (por lo menos en el promedio).

En otro ámbito, tenga la certeza de que desde este mismo semestre se buscará que el gasto público, que ha crecido más que la economía, tenga un mayor impacto en la actividad económica, es decir, que realmente “baje” y que genere mayor dinamismo, como empieza a verse en los datos de la construcción de junio.

El gobierno de Peña puede llegar a junio de 2015 con un crecimiento del PIB cercano a 4.0 por ciento y con los primeros resultados efectivos de las reformas estructurales.

Seguramente la Corte va a rechazar la propuesta de reforma constitucional del PRD y Morena, pero difícilmente lo va a poder hacer con el planteamiento de Acción Nacional, que va a pedir la revisión del salario mínimo.

Así que la elección de junio de 2015, además de la selección de los prospectos a cargos de elección popular, va a implicar probablemente una decisión de política económica, algo inédito en México.

Por eso no es imposible que las críticas a la propuesta de Mancera de discutir el salario mínimo en realidad tengan como destinatario final al PAN y su dirigencia, pues un mandato resultado de una consulta en los comicios sí podría derivar en cambios de leyes, gusten o no.

Lo que es un hecho es que el debate no ha terminado. Vaya, apenas comienza.

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