Opinión

Los claroscuros de la seguridad alimentaria

 
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café

A principios de este año, durante el 101º Aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró que México está a siete puntos de lograr la seguridad alimentaria, toda vez que nuestro país produce más alimentos, ha incrementado la superficie de riego y el crédito al campo. Independientemente del debate en relación con esos siete puntos porcentuales para la seguridad alimentaria y las causas que lo están alentando, es necesario hablar de algunos claroscuros alrededor de dicha declaración.

No hace muchos meses, Coneval emitió las mediciones de pobreza 2014 y en ellas no sólo se observa un aumento de 600 mil personas con carencia por acceso a la alimentación entre 2012 y 2014, sino que es una carencia que afecta a 28 millones de mexicanos, esto es, aproximadamente una cuarta parte de la población no logra tener en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades energéticas diarias para llevar una vida activa y sana, que dicho sea de paso es la definición de seguridad alimentaria.

Además, entre 2012 y 2014, a pesar de que se redujo la pobreza extrema en 100 mil personas, es una condición que sigue afectando a 11.4 millones, esto es, el ingreso para el 9.5% de la población no alcanza para alimentar aún si se reúne el ingreso de todos los miembros de la familia que lo generen.

En contraste, es una realidad que el déficit comercial agroalimentario en los últimos años se ha ido reduciendo, lo que significa que México está exportando más alimentos de los que compra, sobre todo en los rubros de ganado, moluscos, café, fresa, aguacate, hortalizas y legumbres. En este sentido, para el año 2012, la balanza comercial agroalimentaria registró un flujo promedio de -193,095.8 miles de dólares, cifra que para 2014 se redujo a sólo -16,200.8 miles de dólares. Aparentemente este promedio será positivo para 2015 por lo que sería un hecho inédito en mucho tiempo. Asimismo, datos del INEGI muestran que efectivamente se ha incrementado la superficie de riego en 266 mil 370 has. pasando de 5’310,622 en 2012 a 5’576,992 has.

Entonces ¿cómo se explica que por una parte se estén registrando tendencias favorables en el comercio exterior y la superficie de riego y por otro, la pobreza aumenta y los pobres extremos no se reducen drásticamente como debería serlo?

Las explicaciones pueden ser diversas, pero una de ellas es incontestable y es el hecho de que las políticas públicas agroalimentarias en México son esencialmente regresivas, es decir, se subsidia a quien menos lo necesita y, hasta ahora, hacen poco o nada por promover el acceso equitativo a medios para producir por lo tanto, no favorecen la reducción en la desigualdad del ingreso y la riqueza.

En este mismo sentido, las políticas favorecen a un pequeño grupo de grandes productores comerciales que no superan los 17 mil y que año tras año se apropian de poco más del 60% de los subsidios públicos, mientras que, 4 millones de pequeños agricultores reciben aproximadamente el 0.5% de los subsidios .

Tal es el caso de Proagro (antes Procampo) que apoya de la misma forma a un productor con media hectárea de labor, que a uno con 50 o más hectáreas de tierra, o los apoyos a la comercialización agropecuaria que canaliza Aserca a grandes productores en Estados como Sinaloa, Sonora o Baja California y grandes empresas trasnacionales como Bachoco, Maseca o Cargill, mientras que los pequeños productores del sur-sureste, ni siquiera conocen la existencia de subsidios para la comercialización. Es así que las políticas de fomento productivo dejan fuera al 80% de los productores, que son pequeños y medianos campesinos que deben debatirse en la producción para sobrevivir algunos meses, la migración definitiva y en el mejor de los casos, conseguir algún empleo precario.

De manera que mientras los beneficios del comercio nacional e internacional favorezcan sólo a un pequeño grupo de productores y la mayoría siga fuera, no habrá un desarrollo homogéneo del campo mexicano y persistirá la pobreza e inseguridad alimentaria. Por otro lado, el gobierno mexicano –y casi ningún gobierno- es capaz de mantener una política de subsidio a la alimentación de los pobres por la vía de comedores populares o transferencias al ingreso, como ya se vio durante la crisis alimentaria y financiera de los años 2008-2009 en donde la vulnerabilidad de este tipo de programas se hizo evidente y hubo que incrementar el monto de las transferencias del programa PROSPERA para mantener su poder adquisitivo, cuestión que se mantiene hasta la fecha.

Quizá nunca se ha hecho nada diferente para lograr el desarrollo equitativo e incluyente del campo porque se tuvieron ingresos petroleros suficientes para mantener a cerca de dos generaciones de campesinos por la vía de transferencias al ingreso y porque la migración al extranjero era un sustituto perfecto del deprimido mercado laboral mexicano, pero ambas condiciones han cambiado, de manera que es momento de tomar en serio tales declaraciones sobre seguridad alimentaria y exigir un cambio radical en la forma de asignar subsidios, erradicar privilegios, cuotas y asignaciones regresivas, para que la seguridad alimentaria se pueda reflejar no sólo en puntos porcentuales, sino en 28 millones de mexicanos que el día de hoy no pueden alimentarse.

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