Opinión

Lo de Oaxaca no puede salir mal

1
  

  

Felipe Calderón, durante el programa de El Financiero-Bloomber, La Silla Roja. (Braulio Tenorio)

El gobierno de Felipe Calderón preparó durante varios meses el golpe que el 10 de octubre de 2009 dio fin a Luz y Fuerza del Centro.

Encabezado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, un grupo interdisciplinario, que incluía a representantes de las Fuerzas Armadas y del Cisen, se reunió durante semanas para tejer la estrategia que también liquidaría al Sindicato Mexicano de Electricistas, visto como coautor de la mala marcha de LyFC.

“La decisión fue precedida por una planeación rigurosa que contempló todos los riesgos asociadas a la misma, desde cómo evitar un corte deliberado del suministro eléctrico, un ‘apagón’ que hubiera desquiciado completamente el centro del país (…) hasta la importancia de resarcir en la medida de lo posible a los propios trabajadores que eran la principal preocupación del gobierno. De hecho, la liquidación que se diseñó para ellos abarcó un pago de más de dos años y medio de salario promedio a los más de 44 mil trabajadores, cifras considerablemente superiores no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino a lo estipulado en el Contrato Colectivo mismo” (Los retos que enfrentamos, FCH, Debate, 2014).

Esa es la versión de Calderón. Lo cierto es que según algunos testimonios, la planeación de esa polémica decisión incluyó elementos tácticos como:

–Darle una salida digna a los perdedores, de ahí los montos ofrecidos como liquidación. Eso debilitaría el liderazgo de Martín Esparza.

–Agudizar la tensión interna en la cúpula del SME.

–El SUTERM jugaría un papel clave como aliado del gobierno, pues el SME difícilmente elegiría enfrentar tanto al Ejecutivo como a otro poderoso sindicato, como el de la CFE.

El factor sorpresa (esa noche jugaba la Selección Nacional de futbol) y la demostración de músculo gubernamental al realizar una exitosa toma de las instalaciones y de la operación de LyFC, fueron la clave para evitar un sabotaje masivo del suministro eléctrico para varios estados, y todo se redujo a calculados sabotajes escala “hormiga”. La crisis vino después, con marchas y protestas, pero pudo administrarse.

Este es el antecedente de la medida anunciada ayer martes por el gobierno de Oaxaca, que mediante decreto puso fin a un acuerdo que no sólo entregó la educación de ese estado a la Sección 22, sino que incluía decisiones tan insostenibles como la de proporcionar a ese gremio un trato privilegiado si enfrentaban acusaciones judiciales, así como estratosféricos montos económicos para distintas iniciativas que poco o nada tenían que ver con la educación de los niñ@s oaxaqueñ@s.

A unas horas de anunciada la decisión que busca quitar privilegios a la Sección 22, se sabe que el gobierno de Enrique Peña Nieto llevaba meses preparando esta medida –hay incluso ya una campaña propagandística–, y que su implementación no puede atribuirse a sólo un intento por atajar la crisis que vive la administración desde la fuga del Chapo. Eso es un signo positivo.

Hay mucho en juego y esto no puede salir mal, dijo en privado ayer un funcionario del gobierno federal. Como en el caso del SME, durante semanas ha habido reuniones con representantes de Segob, PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera.

Tocará a los líderes de la Sección 22 medir a su oponente, calcular si no acaban en la cárcel pues es previsible que estén listos los expedientes judiciales en su contra.

Y veremos si los gobiernos cuentan con el respaldo del SNTE, si asumen adecuadamente el control del IEEPO, si tienen el temple para lidiar adecuadamente las protestas y si le dan una salida digna a los perdedores. Ojalá.

Twitter:
@salcamarena

También te puede interesar:
De Obama a Peña Nieto: hay días que no son de golf
Chiapas y PVEM, “el costumbre” de violar la ley
Mancera, cambios sin futuro