Opinión

Liconsa: cartas (no atendidas) al presidente

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Enrique Peña Nieto

“Somos 15 (…) pero le damos voz a por lo menos otros 100 empleados aún o recientemente despedidos de Liconsa”. Así comienza una carta dirigida al presidente de la República, el 5 de marzo de 2014. En ella, se alerta sobre irregularidades de la gestión de Héctor Pablo Ramírez Puga, entonces, como hoy, director de esa institución.

“Por razones obvias nos mantendremos en el anonimato, no esperamos una respuesta; es LICONSA la que esperará una respuesta”, plantean a Enrique Peña Nieto.

En la carta exponen que no es la primera vez que Liconsa padece el nombramiento de alguien a quien se premia por la campaña electoral, pero quienes llegaron “inclusive panistas han respetado, sin excepción, las reglas que la norman y al personal operativo especializado que ha trabajado por años en ella (…). Lo que está pasando en LICONSA no tiene precedente, se trata de apoderarse de ella de manera permanente, ya no se trata de ‘hacer caja’ como se pensó al principio, no es sólo pedir abiertamente una comisión en efectivo a todos los proveedores para cada uno de los insumos nacionales o importados que se adquieren, se trata de sustituir a todos los ejecutivos por individuos sin calificación alguna, se trata de modificar los objetivos de la empresa sin ningún plan inteligente para ello, se trata de destruir…”.

La carta, con sellos de recibido en la secretaría particular de la Presidencia de la República, el 7 de marzo de ese año, y en la de la Secretaría de Hacienda, el 14 de marzo, incluye anexos donde denuncian que:

–Hubo una adjudicación directa de la empresa Prospecta SA de CV, para levantar 300 mil encuestas para la Cruzada contra el Hambre. Ello implicaría irregularidades no sólo por la manera en que asignó el contrato (en apenas cinco días en plena Semana Santa y las empresas que 'compitieron' están ligadas a una misma persona http://bit.ly/25FfgnC), sino porque Liconsa cuenta con gente y expertise para levantar esos padrones y porque, a decir de los denunciantes, se violaron los términos del contrato (dando millonarios adelantos que no estaban contemplados) y porque el trabajo habría resultado incompleto y de mala calidad.

–Gerentes y otros funcionarios sustituidos a nivel nacional “con gente de perfil bajo originarios de Oaxaca”. Tales liquidaciones habrían costado, denuncian, 100 millones, el doble del presupuesto programado para ese renglón. Y tan sólo en 2014, denunciaron en marzo de aquel año, ya se habían gastado 12 millones más en despedir personal experimentado para incorporar a gente cuya “única experiencia ha sido apoyar las elecciones municipales o estatales, robo, quema de casillas y compra de votos”.

–Dispendio en un vehículo rentado a 50 mil pesos mensuales para el director, con “2 o 3 carros con 6 a 8 gentes de su equipo de seguridad, que nunca antes se había visto”.

–Construcción de centros de acopio en zonas que no producen de manera importante leche bronca (adivinaron, uno está en Oaxaca).

Las cartas de denuncia siguieron en aquel año, algunas estuvieron dirigidas a Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social, cabeza del sector de Liconsa, a la Segob, a la Sagarpa, a la Sedena… Cartas que hablan del abuso en contra de una instancia fundamental para la nutrición de más de seis millones de mexicanos, del uso indebido de una dependencia para la precampaña (fallida) de Ramírez Puga a Oaxaca, de gastos onerosos de una empresa que había operado en equilibrio financiero y que ahora arrastra millonarios pasivos. ¿Leyó esas cartas Enrique Peña Nieto? ¿Qué instruyó al respecto?

Twitter:
@SalCamarena

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