Opinión

Leyes secundarias, cuesta arriba

El desafío de consolidar en este año, vía leyes secundarias, las reformas estructurales aprobadas en 2013, empieza a verse cada vez más cuesta arriba.

La semana pasada, el presidente Enrique Peña adelantó que hoy enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica.

Esta será la segunda regulación secundaria de las reformas aprobadas el año anterior, después de las relativas a las reformas constitucionales en materia educativa, que ya están vigentes.

Falta asegurarse de que esas leyes reglamentarias se cumplan con la aplicación de un nuevo modelo educativo en el país, pero eso es tema de otro análisis.

Retraso en telecomunicaciones

La reforma constitucional en competencia económica promueve la libre competencia y concurrencia en sectores estratégicos de la economía.
Además creó la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano autónomo encargado de “mejorar sustantivamente” la eficiencia de los mercados.

Sin embargo, las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que está “amarrada” a la de competencia económica, no sólo no han sido emitidas sino que ya arrastran un retraso de más de dos meses en su expedición. Como se sabe, el plazo legal en que debieron ser expedidas era el 9 de diciembre.

Reforma en riesgo

A falta de su regulación secundaria, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión está en riesgo de no ser instrumentada eficazmente.

Los alcances y beneficios de la reforma no podrán reflejarse en el sector y el mercado sin las leyes reglamentarias.

Dicho de otra manera, los consumidores no tendremos aún acceso a productos y servicios de mayor calidad y, sobre todo, a mejores precios.

Tampoco puede decirse que la reforma haya dotado al gobierno mexicano de mayores capacidades para asegurar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Así lo deja ver la controversia constitucional promovida por el presidente Peña en contra del juez que invalidó las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga de los contenidos de la Tv abierta, conocida como must carry y must offer.

Debilitan al IFT y al Estado

La decisión del Ejecutivo de promover la controversia, solicitada por el órgano regulador, deriva de un juicio ordinario civil promovido en 2011 por Grupo Televisa en contra de Dish México.

El pasado 10 de febrero, el IFT fue notificado del acuerdo emitido por el juez 32 de lo civil del Distrito Federal respecto de que este organismo no cuenta con atribuciones para resolver sobre la retransmisión de señales de televisión.

Jurídicamente esa decisión ataba de manos al órgano regulador, que no podía pronunciarse sobre el tema del must carry y must offer gratuito, pese a ser un “elemento esencial” de la reforma.

Al admitir la controversia para iniciar el trámite, la ministra instructora, Olga Sánchez Cordero, concedió una suspensión para dejar sin efecto la decisión de ese juez hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El hecho de no poder manifestarse en cuanto a retransmisión de contenidos y canales de televisión, no sólo debilitaba al IFT sino al Estado mexicano en términos de sus capacidades para garantizar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Mal precedente

La situación de riesgo en que este polémico asunto coloca a la reforma debe apresurar al Ejecutivo y al Congreso a trabajar en las leyes reglamentarias para tener precisión sobre el tema del must carry y must offer.

Sin certidumbre legal, será muy difícil fomentar la inversión privada en el sector que se traduzca en una mayor oferta de servicios y en mejores precios.

El problema es el precedente que se sienta para la reforma energética, que también está en espera de sus leyes secundarias.

La seguridad jurídica será clave para atraer inversión privada al sector
energético.