Opinión

Ley General de Aguas: avances y pendientes

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Agua

La iniciativa de la nueva Ley General de Aguas (LGA) contiene indudables avances con respecto a la Ley Nacional de Aguas (LNA) vigente, aunque también diversas dudas y aspectos pendientes. En buena medida, éstos propiciaron la oposición de algunas organizaciones no gubernamentales, de investigadores de instituciones académicas y de legisladores, que lograron posponer su discusión y aprobación ¿indefinida? en la Cámara de Diputados. La deficiente estrategia política y de negociación para gestionar la nueva ley continuará generando el mal uso, desperdicio y abuso del agua. Malas noticias para el país.

Los antecedentes. La propuesta de LGA surge del mandato para expedir una nueva ley cuando se incorporó el derecho humano al agua a la Constitución pero, sobre todo, era y es una imperiosa necesidad por las grandes deficiencias de la LNA de 1992: confusa, obsoleta, incompleta e ineficaz para administrar eficientemente la extracción, explotación y gestión de ese recurso vital.

Los principales avances. La iniciativa define y regula el concepto de “derecho humano al agua” (entre otros aspectos, establece un mínimo vital de 50 litros diarios por persona), que aparentemente sería alcanzable en los términos de la propia ley. Tan importante como lo anterior, la nueva ley otorga claridad al régimen jurídico e involucra importantes mejoras administrativas al establecer que las aguas nacionales se concesionan, no se asignan y, por tanto, pueden revocarse; incorpora una regulación específica para las transmisiones de derechos de uso de agua –esto es, busca regularizar un mercado que ya existe de manera anárquica y sin control– y para la autorización y modalidades de las operaciones de trasvase entre cuencas, lo que no es menor en un país con una distribución geográfica del agua como México (la mayor parte concentrada en el sur-sureste, con elevada presión hídrica en el centro-norte); introduce la creación de bancos de agua, lo que contribuiría a reducir la sobreexplotación de las cuencas y acuíferos; aclara los tramos de competencia de los tres niveles de gobierno (en la ley vigente los estados no participan en la gestión del agua, lo que es una ficción) y crea un ente regulador a nivel estatal, para vigilar la prestación de servicios; propone un Sistema de Coordinación para el Establecimiento de Tarifas, para avanzar hacia una homologación de criterios tarifarios, buscar la autosuficiencia financiera, propiciar la reinversión para mejorar el servicio y hacer explícitos los subsidios a los usuarios más vulnerables. También se fortalece la participación social en las decisiones relativas al agua y, aspecto fundamental, regula y amplía los diferentes usos del agua, en particular el agropecuario que utiliza 78 por ciento de la disponibilidad total de agua.

Los pendientes. El más relevante es precisar las diferencias entre “participación privada” y “privatización” desde la extracción hasta el consumo de agua, conceptos que se han debatido en otros sectores como el energético. Para eso, y otros temas, haber enviado el reglamento junto con la iniciativa de ley hubiera contribuido a disipar buena parte de las dudas. A ello se agrega la regulación para realizar estudios del agua, que generó oposición de los investigadores (debería haber un registro, no un permiso); la falta de mecanismos para resolución de conflictos, sobre todo por inconformidades con la autoridad; y la ausencia de temas que aseguren una visión integrada, como agua y energía.

Los retos. Sin duda, atender a la brevedad posible las principales preocupaciones de los interlocutores “válidos” (imposible darle gusto a todos), subsanar las deficiencias clave (no hay ley perfecta) y aprobar un nuevo marco regulatorio para el agua. Cuando de las 13 regiones hidrológicas del país, en una el “estrés hídrico” es muy alto (el agua concesionada es mayor que la renovable) y en ocho alto, además de que más de 20 por ciento de los acuíferos están sobreexplotados, México pierde cada día.

Twitter: @ruizfunes

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