Opinión

Latinoamérica, más democrática ¿y más corrupta?

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Los daños de la corrupción en México

Los escándalos de corrupción están a la orden del día en Latinoamérica: de Argentina a Guatemala, de Brasil a México, de Chile a Perú. Es un tema que atañe a todos los gobiernos de la región con independencia de su orientación ideológica y de su ámbito (nacional, regional o municipal). En los últimos meses, los ciudadanos de los países latinoamericanos se despiertan todos los días para encontrar que los medios de comunicación difunden casos vergonzosos de corrupción, donde están involucrados políticos, empresas nacionales e internacionales. En algunos de estos países, Brasil y Guatemala por ejemplo, las manifestaciones de protesta han sido fundamentales para iniciar investigaciones o inclusive llevar a la renuncia de una vicepresidenta.

La democracia es una forma de gobierno de reciente cuño en Latinoamérica; la mayoría de los países de la región la adoptaron entre 1980 y 2000. Pese a sus imperfecciones, hoy prevalece el consenso de que es la forma de gobierno idónea. No obstante, la corrupción parece haberse disparado de manera incontrolable en el mismo periodo. Y aunque en sí misma la democracia no la propicie, a ojos de buena parte de los electores esta forma de gobierno se muestra ineficaz para combatirla adecuadamente.

Según el World Economic Forum, las prácticas corruptas cuestan aproximadamente 2.0 por ciento del PIB anual. Los países latinoamericanos “menos corruptos”, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, son Uruguay y Chile (que comparten el lugar 21 entre 174 países) y Costa Rica (lugar 47). Por su parte, María Amparo Casar en “México: Anatomía de la corrupción” encuentra que México, si se compara con países latinoamericanos con PIB per cápita similar, está por debajo de Brasil y por encima de Argentina y Venezuela.

El combate efectivo a la corrupción es una de las banderas que ha enarbolado consistentemente la oposición –partidaria y parlamentaria– ante los gobiernos en turno y varias organizaciones de la sociedad civil, que se han multiplicado consistentemente en los últimos 25 años. Entre las exigencias que han conseguido del Estado están la transparencia del gasto público y la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, se han establecido instituciones anticorrupción.

En Brasil, en medio de las denuncias de corrupción en la empresa petrolera paraestatal, Petrobras, funcionan tribunales independientes como el Tribunal de Cuentas de la Unión y el Tribunal Superior Electoral, que de encontrar fundamentos podrían conducir a remover del cargo y posiblemente al juicio político de la presidenta y del vicepresidente. No sería nuevo en el país sudamericano: acusaciones de corrupción en el gobierno ya condujeron antes a la caída de un mandatario, Fernando Collor de Mello. En México apenas se aprobó este año el Sistema Nacional Anticorrupción. Habrá que cuidar que no prevalezcan las preocupaciones excesivas por la forma –definir y ejecutar procedimientos infalibles, definidos como “buenas prácticas”– por encima del fondo, erradicar las prácticas corruptas.

La corrupción es un mal añejo –durante las dictaduras y los autoritarismos del siglo XX estuvo ahí–, pero no es un mal endémico latinoamericano. La exposición de los actos de corrupción en la opinión pública es prueba del entorno democrático, del acceso a mayor información y a las redes sociales. Avanza la transparencia en la información sobre recursos públicos, pero los mecanismos de rendición de cuentas se han quedado a medias. Se muestran los gastos con expedientes documentados, aunque no siempre se llevan las investigaciones judiciales hasta sus últimas consecuencias. Una característica vuelve particularmente indignantes los escándalos de corrupción en Latinoamérica: se trata de la región del mundo con más desigualdad. Los escándalos de corrupción involucran dispendios innecesarios y gastos frívolos, que contrastan con las condiciones de vida precarias de al menos la mitad de la población de los países del continente.

Twitter: @lourdesarandab

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