Opinión

Las tres virtudes de 
la Ley Ficrea

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Ficrea

Aplaudamos. La actualización de la regulación que modernizará el sector de cajas de ahorro y sociedades financieras populares es un paso en la dirección correcta que elevará la barra de comportamiento en la industria. Tiene al menos tres virtudes.

Primera. La nueva ley –que esta semana aprobará el Senado– cancela la posibilidad de que sean los presidentes municipales quienes den los permisos y autorizaciones para abrir una caja de ahorro popular. Ahora será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que tenga ese mandato, eliminando el riesgo de fraudes. Ojo: no se eliminan las 300 cajas básicas que ya operan, y seguirá existiendo la posibilidad de que abran cajas de tamaño pequeño.

La nueva ley establecerá una regulación diferenciada, que aplicará dependiendo del tamaño de la caja. Para poner un ejemplo: la Caja Popular Mexicana tiene dos millones de clientes (con lo que se constituye como si fuese el sexto banco más grande del país), y a la fecha le aplica la misma regulación que a una pequeña caja popular en un pueblo. Esto dejará de ser así y a las cajas simples les aplicará una regulación sencilla (pero moderna), mientras que a las cajas grandes una regulación más sofisticada (recuérdese que 99 por ciento de los clientes tiene en su cuenta menos de un millón de pesos y que el saldo típico de estas cuentas es de 14 mil pesos).

Segunda. Las llamadas Sofincos se transformarán en Sofipos rurales. La verdad es que la figura que desaparece apenas logró ponerse en operación (únicamente hay una Sofinco autorizada y 24 básicas). En realidad se trata de un cambio de figura pero que hace permanecer el espíritu de estas financieras de carácter rural, y las moderniza bajo el paraguas de la CNBV. Cabe decir que la nueva regulación entrará en vigor el 1 de enero, así que hay tiempo de sobra para que la Cofemer consulte a las asociaciones y cámaras del sector.

Tercera. Se transforman los fideicomisos de respaldo para los depósitos de los ahorradores, pues hasta la fecha eran las confederaciones y federaciones quienes fungían como sus mandatarios, lo cual representaba un conflicto de intereses (además de que no tenían la infraestructura operativa adecuada). Con la nueva ley, será el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) quien quede responsable de mandar en los fideicomisos, con lo que se elimina el conflicto de interés.

La llamada Ley Ficrea es resultado de un caso desafortunado de fraude por parte del señor Rafael Antonio Olvera, pero establece un fondo de acreedores que respaldará a las personas físicas que tenían hasta un millón de pesos ahorrados ahí. Únicamente mil 200 personas de Ficrea tenían depósitos por montos superiores a esa cantidad.

Twitter: @SOYCarlosMota

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