Opinión

Las mentiras
de la SEIDO (II)

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Los últimos momentos de 'El Chapo' en el penal del Altiplano

El 24 de septiembre pasado, el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Víctor Octavio Luna Escobedo, dictó el auto de formal prisión en contra de la excoordinadora de penales federales, Celina Oseguera, y el exdirector del penal de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma ante la petición de la PGR de que habían incurrido en “omisiones” que favorecieron a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Los detalles de la orden de aprehensión no se conocen, pero a partir de las filtraciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la prensa en los últimos días, se pueden inferir los principales elementos de la acusación. Los investigadores, sin embargo, están manipulando declaraciones ministeriales e induciendo a conclusiones públicas equivocadas.

El alegato central de la SEIDO sembrado en los medios es que Oseguera soslayó los reportes sobre las deficiencias en los complejos sistemas de sensores electrónicos por lo cual la seguridad en torno a El Chapo Guzmán disminuyó en forma significativa y se facilitó su evasión, al no haber registrado los dispositivos subterráneos y de movimiento la construcción del túnel por donde se escapó. Desde diciembre de 2012 se han publicado en este espacio las acciones durante la gestión de Manuel Mondragón al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, que fueron apagando los sistemas de vigilancia. Los movimientos, que incluyeron el relajamiento en la vigilancia física, la cancelación de la formación y capacitación de los custodios, se concretaron antes de que Guzmán fuera capturado en febrero de 2014, y nunca, hasta la fecha, se han terminado de restablecer.

Funcionarios de la Policía Federal, que también han buscado deslindarse de la responsabilidad de la fuga, han filtrado a la prensa en los últimos días que Mondragón dejó los sistemas funcionando. La SEIDO ha apuntalado los recientes dichos de la Policía Federal, al distribuir extractos de dos declaraciones ministeriales, sin precisar aparentemente de quiénes se trata. Una es de Juan Ignacio Hernández Mora, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Previsión y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, que detalló cuáles eran los sistemas electrónicos que no funcionaban, y la otra es del exdirector del penal de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, quien a sabiendas de esas deficiencias, dijo en una parte del interrogatorio: “Probablemente si hubieran funcionario, no se había fugado”.

La veracidad mezclada con la verosimilitud, es la díada con la que la SEIDO se ha venido manejando. Dentro del expediente hay oficios y documentos firmados por Hernández Mora, Oseguera y Cárdenas Lerma a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal y a las oficialías mayor del propio órgano desconcentrado de penales y de la Secretaría de Gobernación, informando de las deficiencias y solicitando los recursos para la reparación y mantenimiento de los equipos. Las respuestas siempre fueron negativas. El área de Inteligencia de la Policía Federal, a cargo de Ramón Pequeño, era la autoridad superior de los exfuncionarios penitenciarios, y quien sistemáticamente rechazó las solicitudes. Igualmente fueron negadas, de acuerdo con los documentos, por Paulo Uribe, el responsable los recursos en el sistema de cárceles federales.

Pequeño reportaba directamente al comisionado nacional de Seguridad, aunque por organigrama debía de haberlo hecho a su jefe inmediato superior, Enrique Galindo. Colega desde que trabajaron juntos en el Cisen, Pequeño tenía la mejor relación dentro de la Comisión Nacional de Seguridad con su jefe, Monte Alejandro Rubido, pero quien era su verdadero soporte mayor era Frida Martínez, secretaria general de la Policía Federal, directora de Recursos Materiales y Adquisiciones en la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, cuando el gobernador era Miguel Ángel Osorio Chong. Uribe también venía de esa camada. Fue coordinador de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas hidalguense, de donde saltó a director general de Administración y Finanzas del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación en 2013.

Pequeño fue removido de su cargo de jefe de Inteligencia, pero se mantiene dentro de la Policía Federal. Al igual que Uribe, ya rindió declaración ministerial sobre la fuga de El Chapo. El manejo parcial de las declaraciones ministeriales, por otra parte, ha permitido que la opinión pública centre la responsabilidad por la evasión en Oseguera. Algo huele a gas. Desde el principio de esta investigación, el discurso presidencial de que se llegará hasta el fondo y se encontrarán a los responsables de la fuga, no se ha correspondido con el rigor de la indagación. En la SEIDO parecieran haber establecido responsables a priori, que significaría no encontrar quién lo hizo, sino quién lo pague.

La procuradora general Arely Gómez debería revisar lo que están haciendo en la SEIDO que, hasta este momento, le mienten a la opinión pública de una forma tan flagrante, como falsa debe ser la realidad que le están mostrando –en el entendido de buena fe que está actuando conforme a Derecho–. El reto que enfrenta la procuradora es que este caso sea sólido y no como los de la mayoría de los procuradores generales de los últimos años, que fabrican culpables que con el tiempo se convierten en reveses para el gobierno. Mucho más tendrá que hacer también la SEIDO. Puede comenzar con abandonar la desinformación para apuntalar un expediente que, por como se está integrando, se va a caer y ampliar la investigación más allá de El Altiplano.

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