Opinión

Dos caras del campo mexicano y las reformas incumplidas

 
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[Bloomberg] Exhortan a las autoridades a reforzar el seguimiento de la cadena de distribución del huevo. 

En noviembre de 2013 el gobierno federal anunció la promesa de reformar las políticas públicas para transformar el campo, con los objetivos de: incrementar la producción de alimentos, mejorar las condiciones de vida de los campesinos, aumentar la tasa de crecimiento del PIB agropecuario, lograr una balanza comercial agroalimentaria superavitaria para el final de la administración, no modificar los derechos de propiedades en la tenencia de la tierra así como aumentar y modernizar la superficie de riesgo del país.

Al cierre de 2015 esta reforma no se ha concretado y es una promesa incumplida; los campesinos siguen esperando y, por el contrario, se observa cómo sigue una asignación de subsidios que por muchos años sólo ha ensanchado la brecha entre millones de campesinos empobrecidos y una pequeña élite de agricultores comerciales.

Para muestra un botón: el anuncio el pasado 17 de diciembre cuando la Sagarpa se compromete a pagar los subsidios atrasados por nueve mil millones de pesos, de los cuales siete mil 200 millones de pesos son adeudos en apoyos a la comercialización y 800 millones de Proagro. El problema con estos recursos es que los primeros son apoyos que benefician a 10 por ciento de los productores entre los que se encuentran grandes empresas como Cargill, Maseca, Sukarne, Bachoco; en tanto que el 20 por ciento de los beneficiarios de Proagro reciben 60 por ciento de los subsidios. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha señalado que 70 por ciento de los campesinos no acceden a los programas y apoyos de la Sagarpa (www.subsidiosalcampo.org.mx), aunado al hecho que grandes empresas y un grupúsculo de productores comerciales acceden a crédito de la banca de desarrollo y subsidios al seguro agropecuario, es decir, los subsidios que se utilizan para redistribuir la riqueza, en este país sirven para concentrarla.

Otras contradicciones persisten. Por ejemplo, se indicó que la reforma para el campo no modificaría la tenencia de la tierra actual; sin embargo, las inversiones para proyectos de extracción y distribución de hidrocarburos derivadas de la reforma energética se han llevado a cabo sin cumplir la propia reforma legal, ya que los mecanismos de consulta y estudios de impacto social no se han hecho considerando la opinión y participación expresa de los dueños de la tierra y se han estado obviando como meros trámites sin transcendencia; esto es, se modifican de facto los derechos de propiedad de la tierra.

Las organizaciones nos preguntamos ¿cómo se puede lograr tener una prioridad o un espacio dentro de las políticas públicas?; ¿cuál es el campo que le interesa desarrollar a este gobierno?; ¿no ha sido suficiente con tener dos millones de pobres adicionales, de los cuales 300 mil son nuevos pobres rurales?

Son más los campesinos que sufren de pobreza, exclusión social y sobre todo quienes se ven afectados por el cambio climático, y es a ellos a quienes no se les reconoce el valor económico y social que representan, porque para las políticas públicas no existen. La realidad terminará por imponerse y será hasta que la válvula de presión ya no resista cuando efectivamente se logre posicionar el interés público. O bien, ¿hay algún resquicio de visión de Estado y desarrollo equitativo entre quienes nos gobiernan?

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