Opinión

Las bases para construir el piso parejo

 
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Netflix

La seguridad jurídica y la legalidad a la que está supeditada la consolidación del tan traído y llevado concepto del “Estado de Derecho”, entraña el riguroso cumplimiento del deber de toda persona y de toda autoridad, de cumplir la ley. No puede hablarse de ello en un esquema de aplicación aleatoria o caprichosa de cualquier norma jurídica.

Entre algunos principios vinculados con este tema, que tutela nuestra Constitución, elevados hoy al rango de Derechos Humanos, encontramos dos que hoy nos interesan, un principio de contradicción, íntimamente relacionado con el derecho supremo de audiencia, y un principio de congruencia, directamente relacionado con la garantía de legalidad.

Con el objeto de asegurar el debido y puntual cumplimiento de la ley, nuestra Carta Magna concede a toda autoridad la facultad primaria de realizar visitas de investigación que tienen como propósito averiguar si los particulares han o no cumplido con sus obligaciones, tanto fiscales como administrativas, de policía y buen gobierno.

Los principios anotados quedan inmersos en el cúmulo de obligaciones que la autoridad debe observar al momento de ejercer sus facultades y emprender una visita a cualquier persona. Por un lado, tiene el deber de otorgar la oportunidad al sujeto investigado de confrontar cualquier acusación hecha en su contra, para que pueda ofrecer pruebas que sirvan para desvirtuarla; y, por el otro, tiene el deber de conducir sus actuaciones dentro de un marco de seguridad mínima a favor de aquél, mediante la indicación permanente del objeto mismo de la visita, es decir, la identificación de la obligación cuyo cumplimiento pretende corroborar. En nuestro país están prohibidas expresamente las pesquisas.

En materia de competencia económica se suscita una situación peculiar tratándose de la investigación de una práctica monopólica. Las etapas inherentes a la averiguación de un hecho que entrañe una práctica comercial anticompetitiva no obliga a las autoridades competentes a tener que llamar, como parte de la averiguación, a la persona investigada.

Ya se ha decidido que esa característica de la investigación no es violatoria de la Constitución, pues siempre se concederá a la persona investigada la oportunidad de defenderse, justo cuando empiece una segunda fase del procedimiento, la etapa de sanción, que como tal constituye una causa autónoma, pues en ella se concederá a la persona interesada la posibilidad de ofrecer pruebas, formular alegatos y contradecir a sus acusadores.

Como quiera que sea, resulta evidente destacar que, un elemento esencial de legalidad y congruencia de todo procedimiento que inicia una autoridad, aún tratándose de una investigación en el ámbito de la competencia económica, se relaciona con la obligación de definir el objeto mismo de la investigación, como también la identidad de la persona investigada.

Durante la reforma constitucional de las telecomunicaciones se concedió al IFT una doble función, como órgano regulador del ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión, por un lado, y como órgano encargado de regular, perseguir y sancionar cualquier práctica monopólica que pudiera llegarse a presentar en esa misma actividad regulada.

En los transitorios de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se concedió al IFT un plazo de 30 días a partir de que ésta entró en vigor para que iniciara procedimientos de investigación, que tenían como propósito definir si existen en México, o no, prácticas de mercado que pongan en riesgo su funcionalidad en el sector de las telecomunicaciones, en general, con respecto a los servicios de audio y video asociado.

La investigación y su resultado podría ser sumamente relevantes, amén de la importancia que vienen ganando, en un mercado perfectamente equiparable al de la televisión abierta, o al de la televisión por cable o satelital, el de servicios que son equiparables y fungibles, como son netflix y similares, que permiten a sus suscriptores descargar en sus aparatos televisivos y por medio del uso de un servicio de telecomunicaciones, como el de Internet, películas y programas de televisión que otrora sólo se disfrutaban a través de los primeros sistemas televisivos.

Desde septiembre del año pasado, el IFT inició una investigación al respecto que podría terminar en julio próximo. La problemática estriba en que, muy a pesar de que se trata de una facultad constitucional, el respeto de los derechos inherentes a la delimitación del objeto de la visita, particularmente alrededor de la identificación de un concepto básico en este tema, como lo es el de la precisión misma del mercado relevante objeto de la investigación, o la identificación de los sujetos involucrados, no se ha dado.

En los acuerdos iniciales de la investigación no se precisó a qué mercado estaba dirigido, como tampoco qué actividad es la que podría ser objeto de investigación y consecuente sanción jurídica. A pesar de que al inicio del acuerdo aparece indicado que dichos mercados se definirían durante el curso de la investigación, esa resolución todavía no se alcanza.

Esta omisión podría colocarnos en la antesala de un procedimiento que podría dar lugar a dudosas resoluciones, tanto por lo que respecta al tratamiento de aquella materia que debió ser objeto de investigación, como también por lo que respecta a la legalidad del procedimiento mismo de la cual derivarán, por vicios de origen.

Twitter:@Cuellar_Steffan

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