Opinión

Las armas perdidas

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Pocos lo saben en México, pero en Alemania existe una importante presión social para evitar que sus fabricantes exporten armas a nuestro país, e incluso para impedir que armas que fueron fabricadas con tecnología alemana en Estados Unidos lleguen a territorio mexicano. En respuesta a esta presión, el gobierno alemán ha intentado imponer medidas para evitar que los fabricantes exporten armas a México, o al menos a algunos estados que consideran zonas de conflicto: Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco. Asimismo, se han iniciado investigaciones en contra de empresas como Heckler & Koch y Sig Sauer, a las que se acusa de exportar armas en contravención a las restricciones impuestas por las autoridades alemanas. La primera empresa es investigada a raíz de que se le confiscaron 36 de sus fusiles a la Policía de Iguala en diciembre del año pasado (aunque es incierto si dichos fusiles fueron utilizados en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa).

La intención de los activistas y del gobierno alemán es loable. Es admirable que quieran compartir la culpa por la crisis de violencia que se sigue viviendo en distintas regiones del país. Sin embargo, como ha quedado demostrado una y otra vez, la falta de las más elementales medidas de control y la corrupción de las autoridades en México —junto con la indiferencia en Estados Unidos— son los factores que han facilitado que en nuestro país el crimen organizado cuente con enormes arsenales. Hay por lo menos tres condiciones que garantizan que las organizaciones criminales mexicanas tengan fácil acceso a armas de alto calibre:

En primer lugar, sabemos que nuestra frontera es porosa. Las cifras disponibles sugieren que alrededor de 90 por ciento de las armas que son decomisadas en nuestro país se compraron en Estados Unidos y fueron introducidas ilegalmente por organizaciones criminales. Aunque las autoridades norteamericanas realizan algunas inspecciones, cada año decomisan apenas algunas decenas de armas dirigidas a nuestro país. Después del fiasco que fue la operación Rápido y Furioso, en el cual se permitió de forma deliberada que ingresarán ilegalmente armas a territorio mexicano, no parece haber interés ni en México ni en Estados Unidos por combatir de forma seria el tráfico de armas. Mientras tanto, los cárteles han seguido exhibiendo una preocupante capacidad para obtener armas sofisticadas y de alto poder. Por ejemplo, en mayo pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero militar haciendo uso de un lanzacohetes de fabricación rusa.

En segundo lugar, ni Sedena ni las corporaciones policiales tienen un control efectivo sobre las armas que les son asignadas. Como se mencionó, el gobierno alemán prohíbe la exportación de armas a los estados mexicanos que consideró zonas de conflicto. Sin embargo, los fabricantes alemanes no tienen forma de verificar el destino final de las armas que envían a México. En nuestro país, el único importador autorizado es la Secretaría de la Defensa Nacional, más precisamente la Dirección General de Industria Militar, a la que a su vez corresponde autorizar la entrega de las armas a las corporaciones de seguridad pública que cuenten con licencia oficial colectiva.

Desafortunadamente, parece que ahí termina la supervisión sobre el armamento oficial. Recientemente se reveló que en los últimos ocho años las policías estatales y municipales reportaron como perdidas más de 17 mil armas de fuego de todos los calibres. Sedena está facultada legalmente para suspender las licencias oficiales colectivas. Sin embargo, en los últimos años sólo amagó con hacerlo en una ocasión: en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (después de que un grupo de escoltas que acompañaban a Andrés Manuel López Obrador fuera detenido en un retén en Sinaloa).

En tercer lugar, algunas corporaciones policiales siguen trabajando en la práctica para el crimen organizado. Ésa es la difícil realidad que no será posible subsanar con sanciones contra algunos fabricantes de armas en Alemania u otros países. Lo necesario es que México transite a un esquema en el que todas las corporaciones policiales cumplan con estándares mínimos de profesionalismo y de confiabilidad (y por ende, podamos tener la certeza de que harán un buen uso de las armas que se les entregan). Esto se puede lograr por distintas vías. Una es el establecimiento de una policía única estatal, como en la práctica se ha hecho en Morelos, a pesar de enormes resistencias de grupos políticos coludidos con los criminales; otra es por medio de la colaboración estrecha entre municipios y la sociedad civil, como ha sido el caso en Nuevo León. Es poco probable que una misma solución pueda instrumentarse con éxito en todo el país. Sin embargo, es indispensable que en la discusión sobre el tema que próximamente se retomará en el Congreso sí se contemplen estándares mínimos para garantizar que nunca más una corporación policial, siguiendo órdenes de criminales, abuse de su autoridad y de sus armas oficiales para masacrar a ciudadanos inocentes.

Twitter: @laloguerrero

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