Opinión

La tramitología
y la corrupción

 
1
 

 

Corrupción

Es cansado hablar de corrupción. Es agotador dar números y evidencia del daño que la corrupción genera a las economías y a los distintos segmentos de la población porque parece que la información cae en oídos sordos. Es frustrante que cuando se habla de la corrupción en México se escuchen voces que digan que así ha sido siempre, que lo único que ha cambiado es la visibilidad de la misma, presentándola como un fenómeno normal (¿cultural?) de nuestro país.

Hay muchas estimaciones diversas del costo de la corrupción. Una del Banco Mundial señala que los individuos en lo personal y las empresas pagan alrededor de 1.5 billones de dólares (1012) en sobornos. Esa cifra sólo representa el desembolso del bolsillo de los agentes, pero no captura ni de cerca el daño real que puede ocasionar la corrupción, de entrada, en el desarrollo económico de un país, pero también en la distribución del ingreso.

La corrupción funciona como un impuesto regresivo afectando más a los más pobres. El mismo Banco Mundial muestra que en Paraguay, por ejemplo, los de menores ingresos dedican 12.6 por ciento de su ingreso a pagar sobornos, mientras que los de más altos ingresos le asignan 6.4 por ciento a esos pagos. Cada peso, dólar, real, euro destinado a las 'mordidas' le quitan a alguien de bajos ingresos una mejor oportunidad de vida.

En sólo tres semanas el Inegi nos ha presentado información —distinta a la habitual— que da veracidad estadística a algunos temas que aquejan al país. Esta semana presentó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). La encuesta tiene como propósito proporcionar información sobre las experiencias y la percepción en las unidades económicas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos.

Los costos monetarios que asumieron las unidades económicas privadas en la realización de trámites en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, aproximadamente 0.56 por ciento del PIB nacional.

En promedio, cada unidad gastó 48 mil 871 pesos por trámites administrativos el año pasado, pero evidentemente la diferencia entre lo que gasta una empresa micro (22 mil 444 pesos) y una grande (dos millones 287 mil 287) es enorme.

En cuanto al número de trámites que hay que hacer, observamos que a nivel nacional se hicieron 76.5 millones de trámites, 19.5 por cada unidad económica en promedio. Recurriendo de nuevo a las bases de datos del Banco Mundial, en particular a su índice Doing Business, México empeoró en lo referente a la tramitología. En el índice general empeoramos dos lugares, pero en temas específicos como la obtención de permisos para abrir un negocio o para obtener electricidad perdimos 21 y 14 lugares, respectivamente.

Para obtener electricidad en la Ciudad de México, una unidad económica tiene que hacer siete procedimientos que le llevarán 112 días. Peor que el promedio de la OCDE con 4.8 trámites y 76 días. Sin duda habrá ciudades donde los trámites serán peores, pero también las hay más eficientes. En Monterrey se necesitan seis trámites que duran un promedio de 44 días.

Solemos hablar de dos Méxicos para describir el desarrollo disparejo del país, pero para la percepción de la corrupción en los trámites somos más equitativos. Donde más corrupción se percibe es en Tabasco, seguido muy de cerca por Veracruz. Luego viene la Ciudad de México. Chiapas y Jalisco están en el mismo nivel seguidos por Zacatecas, Nuevo León y Sonora. Ningún estado se libra, pero donde hay relativamente menor percepción de corrupción es en Nayarit.

Si desglosamos la Ciudad de México por delegaciones, observamos que donde la corrupción se vive de manera más frecuente de acuerdo a esta encuesta del Inegi es en la delegación Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tlalpan y Cuauhtémoc, en ese orden.

Las empresas expresan que sobornan en primer lugar para agilizar trámites, para evitar multas o para obtener licencias o permisos, principalmente. Aunque no son excluyentes, desde luego. También sobornan para ganar contratos gubernamentales o participar en licitaciones. Entre más grande sea la unidad económica, más trámites tienen que hacer y es sujeta de más extorsiones en el camino.

Recuerdo campañas de simplificación administrativa. Tendríamos que ir más allá. Cada trámite extra, cada copia que te piden, cada documento adicional abre la puerta a más corrupción. Por supuesto que son necesarios los trámites, pero hoy la tecnología debería de simplificar su cumplimiento. Aprovechemos el sistema financiero electrónico, como ya se hace en algunas instancias, para agilizar los trámites. No sólo se simplifica el proceso, sino que se hace más transparente.

Disminuir la corrupción es una tarea monumental, pero fundamental para que este país pueda avanzar. Pero tampoco nos confundamos, combatir la corrupción es una condición necesaria, pero jamás será suficiente.

* La autora es profesora de Economía en el ITAM y directora general de México ¿como vamos?

Twitter: @ValeriaMoy

También te puede interesar:
Inmovilidad social
Crecimiento y desarrollo
¿Búsqueda o deseo?