Opinión

La solución de Peña: claudicar

Guerrero y Oaxaca sufren de asfixia. Todos los días desde hace dos meses, bajo el pretexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los maestros disidentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aprietan la economía de esos estados con ataques al turismo y al comercio, acompañados de acciones de propaganda armada –por sus vínculos con los grupos armados en esas entidades– en contra de las instituciones. El objetivo es poner de rodillas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que ceda en su pretensión de abrogar en esos estados la reforma educativa. Se puede alegar que está a punto de alcanzar el éxito.

El subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, les está entregando formalmente el poder en esas entidades. Las presiones que ejercieron el año pasado con la toma del Centro Histórico de la ciudad de México sin conseguir la victoria, se están consumando gracias a la desestabilización que enmarcaron en la barbarie de Ayotzinapa. Miranda está en contraposición a su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La abrogación de la reforma educativa, que era innegociable, ya se entregó.

En Guerrero, los actos contra los normalistas de Ayotzinapa crearon las condiciones para la insurrección de los maestros disidentes y los grupos armados, que han incendiado Chilpancingo e impedido que el gobierno interino de Rogelio Ortega funcione con normalidad. Bajo esa presión, Miranda les dio parcialmente lo que querían: plazas de maestros sin examen de oposición como establece la reforma educativa, la primera gran transformación que logró el presidente Peña Nieto al arrancar su administración.

Miranda, en coordinación con el secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Rocca, entregó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), filial de la CNTE, 235 plazas por fuera de la ley que fue aprobada en ese estado hace más de un año. Las plazas son una forma de control feudal sobre los maestros, que se usan como un sistema de premios y castigos, y de obtención de recursos. Quitárselas al sindicato magisterial fue el momento más ovacionado del primer discurso de Peña Nieto como presidente el 1 de enero de 2012, con lo cual le quitaba en ese momento el principal poder que tenía la maestra Elba Esther Gordillo y recuperaba, por esa vía, la rectoría del Estado sobre la educación.

Hoy, aquello va de regreso al punto original salvo por una variable: Gordillo era una política funcional al sistema; la CNTE es un grupo antisistémico insaciable. Guerrero es el principio del fin de la reforma educativa. En Oaxaca, Miranda ya dispuso que avancen las instituciones estatales para entregarle formalmente el poder a la Sección 22 de la CNTE, la más numerosa de la disidencia magisterial, que tiene de rodillas desde hace largo tiempo al gobernador Gabino Cué, que es su vocero ante el gobierno federal. La reforma está detenida en Oaxaca porque el Congreso local nunca aprobó los cambios constitucionales. En cambio, Cué y la CNTE redactaron una ley educativa para “armonizarla” con la constitucional e, incluso, la Sección 22 presentó su propia iniciativa.

La postura de Cué indignó a las autoridades federales, que consideraron llevarlo a un juicio de procedencia para destituirlo por violar la Constitución, pero en la Secretaría de Gobernación los frenaron. Lo único que le quedó al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue amenazar con un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Gobernación lo volvió a parar y ahora, Miranda aceleró la solución final. La semana pasada instruyó a las autoridades en Oaxaca a que aprueben la ley educativa que presentó la Sección 22. De una vez por todas, que la CNTE se apropie de la reforma educativa en los términos que desee.

La abrogación de la reforma educativa es la única agenda de la CNTE, disfrazada en la causa legítima contra la desaparición de los normalistas. La violencia en las calles de Guerrero y Oaxaca y en contra de las instituciones y propiedad privada, responde a su estrategia de presión, movilización y confrontación, no a la solidaridad con Ayotzinapa. Miranda, que siempre ha estado cerca de la CNTE y sus acciones han sido de apoyo y consolidación de la disidencia magisterial, aun a costa de la Constitución y los deseos de Peña Nieto, decidió
–porque no es la posición de Osorio Chong– que la reforma se abrogue en esas entidades.

¿Sabrán el presidente y el secretario de Gobernación de esta decisión?

En la Secretaría de Hacienda están inconformes. Las plazas no pueden darlas en esa dependencia. La contrapropuesta de Hacienda de dar plazas de honorarios fue rechazada por la CNTE. Pero Miranda las comprometió, pese a que viola la ley, por lo que podría ser encarcelado. Por supuesto que esto no sucederá, porque la ley en México es discrecional. El mensaje que quedará es claro. Ni siquiera la gran reforma inicial de Peña Nieto puede ser defendida por el gobierno. La racional de Miranda es frenar la insurrección en el sur del país, pero no termina de aprender que entre más poder da la disidencia magisterial más poderosos la hace. Con la CNTE no se puede. Cuando se le permite, humilla y arrodilla. Así tienen a Miranda –que no se da cuenta– y al gobierno federal –que tampoco lo ha visto–. Los yerros del gobierno federal, como se ve, continúan en marcha acelerada.

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