Opinión

La soledad de la ASF: clave de la impunidad

06 noviembre 2017 5:0
 
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ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha ganado relevancia pública, en buena medida por el principio de transparencia que la rige y que ha sido asumido a cabalidad por su titular. Así, una vez concluida su labor de fiscalización, al momento que el auditor superior rinde su informe sobre la respectiva Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados, se difunden los resultados. Este principio distingue positivamente a la ASF de entidades públicas que sostienen que los resultados de las auditorías que se les practican sólo pueden darse a conocer una vez que trascurrió el plazo para solventar las fallas detectadas por la fiscalización, o para ofrecer aclaraciones.

La ASF transparenta la conclusión de sus investigaciones sobre el ejercicio del gasto federal, aun cuando los sujetos auditados tengan 30 días para atender observaciones y fallas. Esta vocación por la transparencia y la rendición de cuentas ha permitido que la opinión pública vaya entendiendo la importancia de su trabajo técnico, e independiente que permite conocer no sólo errores administrativos, sino auténticas desviaciones al gasto público. Así lo reportó en días pasados Juan Manuel Portal, auditor superior, en ocasión de la Segunda Entrega de su Informe de Fiscalización 2016, donde destacan irregularidades en el gasto público por más de 29 mil millones de pesos. También se identificaron nuevos pagos indebidos de Pemex a la empresa brasileña Odebrecht, por más de 950 millones de pesos, producto de contratos por adjudicación directa que podrán derivarán en la promoción de acciones legales.

El gran problema es que parece que la relevancia pública alcanzada por la ASF está en razón directa de la soledad de su trabajo, ya que, por ejemplo, de las 848 denuncias penales que ha presentado, desde 2010 a la fecha, ante la PGR por posibles actos de corrupción, apenas 7 se han desahogado. Se siguen acumulando denuncias y la impunidad se mantiene incólume.

A raíz de la reforma constitucional de 2015, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se modificó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para darle mayores facultades a la ASF, a fin de hacer más expedita su labor de fiscalización (antes se presentaba dos años después del ejercicio presupuestario); hoy el resultado de la auditoría se presenta en tres informes particulares, pudiendo además revisar cuentas públicas previas. La Auditoría no sólo conoce, sino investiga y sustancia faltas administrativas y debe denunciarlas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y/o ante la Fiscalía Especial Anticorrupción. Además, se ampliaron sus facultades para investigar el presupuesto federal que se transfiere a las entidades federativas y que representa el 90% de sus ingresos. La regla es, pues, la colaboración entre instancias encargadas de detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Aunque no debiera ser un obstáculo para la cooperación interinstitucional que el Senado no haya nombrado aún a los magistrados de la sección especializada en corrupción del TFJA y al fiscal especial anticorrupción, si es un factor que milita en contra de que se implante un sistema de procuración de justicia eficaz y fluida para el control de la corrupción.

Además de los 664 informes individuales de auditoría que entregó la ASF en esta 2ª Entrega 2016, hay dos auditorías forenses que se realizan cuando la falta es reiterada año tras año. Es el caso de las contrataciones entre entidades públicas en las que están involucradas instituciones de educación superior –otra vez “la estafa maestra” que identificó a 8 universidades públicas que desviaron más de 3 mil millones hacia empresas fantasma. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Tecnológica de Salamanca fueron contratadas por cerca de 100 millones de pesos, vía una adjudicación directa, al amparo del artículo 1 de la Ley Federal de Adquisiciones, sin que tuvieran la capacidad técnica para realizar el objetivo del contrato, por lo que recurrieron a subcontratar empresas privadas, desviando recursos públicos. La impunidad persistente.

La ASF es una pieza central para que el SNA opere desde una perspectiva sistémica, porque la corrupción es un problema estructural complejo. La gestión de Juan Manuel Portal ha contribuido a posicionarla como institución sólida, confiable y técnicamente solvente. La Cámara de Diputados debía tomarlo en cuenta en diciembre cuando concluye su primer periodo como auditor superior. 

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