Opinión

Entre simulación y corrupción

 
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dólar, peso

Un tema que explica parte del retroceso en el federalismo fiscal mexicano es el uso desaseado de los recursos públicos en muchas –que no en todas– entidades federativas, lo mismo con los ingresos propios, los derivados de deuda pública y principalmente con las transferencias federales condicionadas, esto es el gasto federalizado.

Hace unos días el auditor superior de la Federación declaró en el periódico Reforma sobre la simulación que han hecho algunos estados de los reintegros determinados por la acción fiscalizadora de las cuentas públicas 2011-2013, y el posterior desvío de 8 mil millones de pesos, así como de las acusaciones penales a funcionarios de 14 estados, entre los que destacan Veracruz con casi cinco mil millones, Michoacán con 1.2 y Guerrero con 967 millones, durante los gobiernos de Javier Duarte, Fausto Vallejo y Ángel Aguirre.

Dicho procedimiento consiste en reintegrar los recursos observados a las cuentas de cada fondo, esto es, a los fondos de aportaciones como el FAEB hoy FONE, el FASSA, FASP y subsidios como el Seguro Popular entre otros fondos; reintegros reportados por las contralorías estatales a la Auditoría Superior como solventados, pero posteriormente son reintegrados a las cuentas concentradoras o “licuadoras” de los gobiernos estatales, donde se pierden, sin saber en dónde se gastó, lo cual constituye un delito, de ahí las acusaciones realizadas.

Aquí entramos al tema de la selección de los contralores estatales, que es el mismo de los contralores de los órganos autónomos, que son dependientes de los gobernadores, por lo tanto vulnerables políticamente y a acciones administrativas cuando pretenden actuar correctamente. De ahí la importancia de que sean nombrados por los Congresos locales y federal en su caso.

Hay muchos vacíos aún en esta materia, es el caso de la autonomía presupuestal, no sólo técnica o de gestión, que requieren estos órganos de control, para efectivamente poder ejercer sin ninguna atadura o riesgos de perder su trabajo, cuando se quieren apegar a la norma. Ello aplica también a los órganos garantes de la transparencia. Ese es un punto delicado en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas.

Sabemos que los estados dependen fuertemente de las transferencias federales, condicionadas y no condicionadas, que el futuro implica responsabilidad y calidad en el ejercicio del gasto y que en la medida que lo hagan, serán mejores los resultados del gasto público en sus estados y menores las observaciones en las revisiones de sus cuentas públicas.

Consideran muchos funcionarios estatales que hacen un favor al Estado, cuando simulaban menores sueldos a los que pagan efectivamente, con el fin de ahorrar en el pago de impuestos, práctica muy común en el pasado. Salvada hoy quizás porque como un acto de colaboración administrativa, se les da como estímulo el impuesto retenido.

No olvidemos que uno de los aspectos más importantes de la coordinación fiscal es la colaboración administrativa, principalmente en la fiscalización de los contribuyentes. En los anexos de la Ley de Coordinación Fiscal se pueden consultar actualizados los convenios respectivos.

Lo mismo sucede con la simulación que han hecho de los reintegros, que además ha sido una sanción bondadosa, ya que los recursos se reintegran a las cuentas de los fondos, para gastarlos de acuerdo a lo destinado para lo que fueron aprobados por el Congreso.

También es una llamada de atención para los congresos locales y para sus órganos de fiscalización, pero fundamentalmente para los gobernadores que deberán impedir este tipo de prácticas, que además de dolosas, perjudican fuertemente las haciendas públicas y por supuesto a la gente que necesita del ejercicio de estos recursos. Es la oportunidad con los 11 que están llegando: empezar bien.

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