Opinión

La siguiente víctima de Ayotzinapa

Las protestas por la tragedia de Ayotzinapa se radicalizan. Si la demanda original era encontrar con vida a los 43 normalistas y castigar a los culpables, en los últimos días la protesta se ha extendido ante la falta de resultados. El sábado pasado, por ejemplo, la Asamblea Interuniversitaria convocó a un paro nacional de universidades el 5 de noviembre y demandar la “desmilitarización del país, desaparición de cuerpos de granaderos y libertad de presos políticos”. Este discurso con tonos de guerrilla es muy peligroso porque son justamente los grupos del crimen organizado los más beneficiados si esas acciones se llevaran a cabo.

Asimismo, en su convocatoria de paro nacional, la agrupación exige la derogación inmediata de la reforma educativa. No podría haber mejor oportunidad para el magisterio disidente que durante meses ha bloqueado la reforma educativa en Guerrero, Oaxaca y Michoacán y que ahora encuentra el pretexto para radicalizar su rechazo. La crisis en Iguala puede matar la reforma educativa si la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en alianza con otras secciones disidentes de la CNTE, impone su fuerza y azuza la crisis de los normalistas.

A diferencia del año pasado cuando el gobierno pudo “capotear” las protestas de los maestros, ahora es más difícil que lo haga por su autoridad minada a causa de la mayor crisis de legitimidad del Estado en mucho tiempo. Si antes buena parte de la población exigía derribar los bloqueos carreteros, hoy un segmento de la sociedad deplora tanto lo que ocurrió en Iguala que podría tolerar la violencia magisterial y de los normalistas.

¿Qué harán los maestros de otras entidades del país, algunos de quienes han aceptado la reforma educativa a regañadientes, cuando vean que sus colegas indisciplinados del sur no son sometidos a las mismas reglas del juego? Apenas ayer en Durango grupos de normalistas tomaron estaciones de radio y TV, así como casetas de cobro en carreteras. Maestros de Oaxaca también abrieron casetas y bloquearon las oficinas de la PGR en la entidad. La CETEG sigue bloqueando centros comerciales en Iguala y Chilpancingo y ha anunciado que lo hará en otras cinco entidades del país, entre ellas Morelos y el Distrito Federal.

Perfectamente racional es que algunas secciones del SNTE –el ala institucional del sindicato magisterial– alienten también movimientos de protesta de la mano de los normalistas y de grupos radicales para detener la reforma educativa. Si ello ocurre sin haber restaurado la autoridad para controlar la insurrección, la reforma educativa puede morir en pocas semanas. A partir de enero el pago de los maestros será centralizado desde la Secretaría de Hacienda; es el momento en que debe iniciar realmente la aplicación efectiva de la reforma pues implica retener el pago a los aviadores o quienes no hayan sido censados. ¿Será posible hacerlo en medio de la crisis de Iguala?

El gobierno y los partidos apostaron por un nuevo modelo de gobernabilidad a partir de detonar el crecimiento económico mediante las reformas del Pacto por México. Para ello se encapsularon mediática y políticamente los problemas de inseguridad y violencia como si la magia de la reforma energética pudiera opacarlos y resolverlos. Pero la realidad explotó muy pronto y ha mostrado la fragilidad de un modelo que apuesta por una nueva gobernabilidad a partir del crecimiento económico por las reformas estructurales.

Buena parte de las reformas del Pacto por México surtirán efecto en varios años, pero la crisis de Iguala y otras que pueden estallar en Tamaulipas, Veracruz o el Estado de México, vuelven la espera demasiado larga. La maduración de resultados económicos y sociales se topa además con la elección presidencial de 2018 que puede dar lugar a promesas populistas y radicales que generen entusiasmo frente a la falta de resultados económicos y el clima de impunidad y violencia.

Ante hechos extraordinarios, medidas extraordinarias. Basta de proponer más reformas legislativas para ahora sí combatir la impunidad. Ésta sólo se combate haciéndolo. ¿Se investigará a fondo al exgobernador Aguirre y a quienes lo promovieron y solaparon políticamente? ¿Se sancionará a los gobiernos que no han ejercido correctamente los fondos de seguridad? Al revisar el presupuesto de 2015, ¿eliminarán los diputados las partidas superfluas como aquellas de comunicación social o los gastos clientelares que han dado lugar a los moches? ¿Eliminarán las subvenciones opacas que siguen existiendo? ¿Quién será el nuevo ombudsman? ¿Qué compromisos claros y concretos harán los gobernadores de entidades con graves problemas de violencia como Estado de México, Veracruz y Tamaulipas?

Antes que estalle una crisis sin retorno como en Argentina 2001 –“Que se vayan todos”– ojalá despierte el liderazgo presidencial y el sentido de urgencia de la clase política. Todavía estamos a tiempo.

Twitter: @LCUgalde