Opinión

La resbaladilla

 
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Los trabajos en la sede del PRI iniciaron desde 2013.

En algunas entidades el PRI no ha tomado nota del veredicto del 5 de junio y se empeña en empeorar aún más su imagen. En lugar de hacer mea culpa y emprender la ruta del cambio, el PRI se atrinchera para defender intereses personales de gobernadores en riesgo de ser procesados penalmente. Llama la atención que los llame al orden para detener el desgaste que sólo dará más elementos a sus adversarios para minar al PRI de cara a 2018.

La mayoría del PRI en el Congreso de Quintana Roo votó este sábado el nombramiento de Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto y presuntamente amigo cercano del gobernador saliente Roberto Borge, como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado. El cargo estaba vacante porque renunció quien lo ocupara durante los últimos años “por así convenir a sus intereses”.

Asimismo, el Congreso de esa entidad designó a tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos espacios se encontraban vacantes desde octubre del año pasado. Finalmente, se ratificó a Carlos Arturo Álvarez como nuevo fiscal general por un periodo de nueve años, con lo que se sustituye la figura del procurador general del estado. Esto es resultado de un paquete de reformas aprobado apenas el 21 de junio, dos semanas después de la jornada electoral. El futuro gobernador, Carlos Joaquín, dijo que “la actual administración busca desesperadamente que la mayoría priista (…) apruebe sus iniciativas de nombrar a modo a un contralor y un fiscal que no puedan ser removidos, con ello se cuidarían las espaldas e impedirían ser llevados ante la justicia”.

Diversas voces en la entidad llamaron al Congreso para que no realizara este nombramiento, pues este funcionario, quien fuera director de Comunicaciones y Transportes de Quintana Roo, es cercano al gobernador Borge Angulo y, además, ha sido señalado por cometer diversos actos de corrupción (la Coparmex lo acusó de extorsionar a comerciantes). No obstante, en una votación a puerta cerrada en un hotel en Cancún como sede alterna del Congreso, 19 diputados (más de 70 por ciento) avalaron que Zetina ocupara este nuevo cargo.

En el Congreso de Veracruz, también de mayoría priista, la oposición busca bloquear que se designe a un personaje cercano al gobernador saliente como nuevo fiscal anticorrupción. Este cargo es producto de dos iniciativas enviadas por Javier Duarte y aprobadas apenas el 19 de mayo pasado. Éstas contemplan la creación la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y remueven el fuero al gobernador, a los alcaldes y a miembros del gabinete estatal. Entre los candidatos destaca Francisco Portilla Bonilla como el preferido por Duarte para ocupar la posición.

El gran problema de estas acciones es que pavimenta el camino para transiciones complejas, conflictivas e incluso violentas. Se polariza el ambiente y se utiliza a las instituciones del Estado como moneda de cambio en el juego político. Buenas medidas como crear fiscalías autónomas palidecen cuando se acelera su creación para blindar a las autoridades que se van. Si bien las acciones de estos gobernadores no son ilegales, carecen por completo de legitimidad, pues parece que no registraron la queja ciudadana que removió a su partido del poder. En este escenario, es probable que veamos a los nuevos gobernadores luchar por revertir estas mismas decisiones y con ello flagelar la fortaleza de las instituciones nacientes.

Los nuevos gobernadores de las entidades mencionadas enfrentarán relaciones con el Legislativo local muy distintas. El mejor escenario es el de Miguel Ángel Yunes en Veracruz donde enfrentará una situación relativamente cómoda: la alianza PAN-PRD cuenta con 22 de 50 diputados. Sin embargo, para lograr la mayoría absoluta, Yunes necesitaría conseguir el respaldo de algunos diputados de Morena, tarea que no será fácil. El mayor reto será para Carlos Joaquín, de Quintana Roo, pues las bancadas combinadas de PAN y PRD no superarán los números del PRI. Juntos lograron ganar cinco diputados de mayoría relativa, mientras que la alianza PRI-PVEM logró nueve. En este escenario, Carlos Joaquín estaría obligado a negociar cada iniciativa que busque aprobar en el Congreso.

Con estas acciones imprudentes, inoportunas e incorrectas, los gobernadores de esas dos entidades, cuyo mal desempeño causó la derrota, siguen cavando su tumba y la de su partido, como en una resbaladilla. El interés personal puede más que el interés institucional y público. ¿No hay nadie que los llame al orden?

Twitter: @LCUgalde

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