Opinión

La reforma que
(por desgracia)
EPN no hará

Nadie le ha exigido a Peña Nieto que declare cerrado el ciclo reformador, pero ya lo hizo. En su reciente informe presentó un listado (11 reformas que implicaron 58 modificaciones a la Constitución) sin pendientes. Textualmente sentenció: “¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es poner las reformas en acción”. La retórica reformista es de clausura, apropiada para el último informe de gobierno, no el segundo. El vendaval se transforma en calma chicha.

Lo que es incomprensible. La reciente degradación del Foro Económico Mundial de México en materia de competitividad (en parte porque las reformas apenas arrancan) debería ser un recordatorio de que, por paradójico que suene, el cambio debe ser una constante en el quehacer gubernamental. Y para una administración que se llena la boca con palabras como “competitividad”, “productividad”, “emprendedor” y “reducción de la informalidad” debería haber un pendiente impostergable: reforma laboral.

Es probable que EPN respondiera raudo y contundente: “ya se hizo”. Es una de las 11 reformas orgullosamente listadas. Y sin duda provocó mucho ruido político. Por desgracia, la relevancia de una reforma no se mide en los decibeles de los gritos o el tamaño de las pancartas de protesta en la Cámara de Diputados (o en las calles). Fue tan tímida como si se hubiera dejado al PRD a cargo de la reforma energética. Reflejó a un Presidente (Calderón) que iba de salida, acorralado por la oposición durante todo su sexenio y limitado (por presentar la iniciativa como preferente) a buscar una reforma sin modificación constitucional.
Casi dos años más tarde, es evidente el impacto de la reforma laboral 2012 (esto es, nulo).

Los costos y rocambolescas regulaciones impuestos a nivel constitucional y en la Ley Federal del Trabajo explican en gran parte que decenas de millones trabajen en la informalidad. Es kafkiano que un empresario pueda (obviamente) contratar con libertad pero deba enfrentar un calvario para justificar que despide. Y además, lloviendo sobre mojado, la desaseada reforma fiscal agregó requerimientos y costos a los que tratan de sobrevivir como empresarios formales. En conjunto, hay diez palabras gubernamentales con la capacidad de aterrar al emprendedor más dispuesto a jugar su talento y recursos: “Junta Federal de Conciliación y Arbitraje” y “Servicio de Administración Tributaria”.

No, esa reforma no sería nada fácil. Anular la exigencia constitucional de entregar tres meses de sueldo (mínimo) a un trabajador para poder prescindir de sus servicios es sin duda más sagrado que mantener el petróleo bajo la explotación del Estado. Lo primero lo ven muchos mexicanos como un derecho inalienable por el hecho de haber trabajado, aunque sea por poco tiempo (y 20 días por año trabajado, claro), lo segundo era un difuso tema nacionalista. No es lo mismo, pues, “el petróleo es nuestro” que “la indemnización es mía”.

Precisamente, es la reforma que debe enfrentar un Presidente al que le gusta presumirse como transformacional. Pero, por desgracia, no ocurrirá.