Opinión

La reforma política y la autonomía de la capital

El proceso de mejoramiento del sistema democrático electoral de México ha venido consolidándose en una forma que debe enorgullecernos a todos. Se trata de una auténtica revolución en la que ha triunfado la razón y el intelecto, sin necesidad de expresiones violentas de ninguna naturaleza. La semana pasada se formalizó una reforma esencial al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal por medio de la cual se logró la armonización del sistema jurídico-electoral de la capital, con relación a la importante reforma que sobre esa misma materia tuvo lugar en el orden constitucional.

Más allá de sus aspectos intrínsecos, muy tratados por diversos analistas, sobre la importancia que reviste el logro a favor de la paridad por género en la conformación de las candidaturas, o la reelección de los jefes delegacionales en situación concurrente con los municipios en los estados, o sobre el fortalecimiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, debe ser objeto de meditación el llamado común de todos los legisladores hacia el logro de una autonomía del Distrito Federal.

No existió una sola postura de entre quienes posicionaron en la tribuna el sentir de cada uno de los grupos parlamentarios en el H. Congreso de la Unión, que no tocara e hiciera referencia, siempre muy tendenciosa, a la necesidad de que el Distrito Federal logre su homologación a la calidad de estado, soberano, independiente como el resto de las entidades que conforman la Unión.

En las condiciones actuales del debate político nacional, en las que el federalismo cobra una preponderancia sin precedente, por la asignación de mayores atribuciones e incumbencia en los asuntos locales a favor de la administración pública federal, como lo muestra Michoacán o como deriva del nuevo protagonismo que habrá de tener el Instituto Nacional Electoral, o el avance de la armonización de la justicia penal, no encuentro discurso más chocante y falto de sustento que el encaminado a sostener que el Distrito Federal debe tener su propia Constitución y convertirse en un estado.

La capital del país es el asiento de los poderes federales, lo que quiere decir que en la capital se encuentra el domicilio del presidente de la República, del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Órganos de autoridad que se encargan de expedir aquellos actos que, dentro de la esfera de atribuciones que a cada uno le encomienda el marco constitucional, le atañen a todos los mexicanos por igual, sin importar el lugar del territorio nacional en el que se encuentren domiciliados. Los poderes de la Unión constituyen un gobierno republicano que define la marcha y el rumbo del país para todo ciudadano, sin importar si viene de Yucatán o Baja California, de Veracruz o Nayarit.

En la medida en que la capital sea en lugar en el que tiene su residencia cada uno de los poderes federales, deviene una cuestión estratégica y de seguridad nacional: el hecho de que ninguno de ellos quede subordinado a ningún poder público que pueda entorpecer su cotidiano actuar ni, mucho menos, contradecirlo en mérito de alguna resolución que atente en contra del sentir y decisión de todos los habitantes del país, siempre representados a través de los órganos a quienes corresponde esa participación política mayoritaria y proporcional.

Hablar de una transformación del Distrito Federal debe llevarnos por el sendero de equiparar al Distrito Federal con cualquier estado de la República, más allá del nombre y del concepto romántico de una Constitución, en esquemas gubernativos que evidencien la fortaleza de la auténtica República y la municipalidad en el orden propio de la capital.

La participación ciudadana en la decisión de los aspectos sustanciales que conciernen a su gobierno no es menor ni despreciable a favor de todos aquellos que residimos en la ciudad de México; el ejercicio del derecho fundamental del sufragio a favor de quienes están encargados de velar por las actividades de gobierno más cercanas a la ciudadanía se ha recogido, prácticamente, en sentido análogo al resto de las entidades de la Unión. ¿Qué sucede, sin embargo, en el ámbito de la transparencia, de la rendición de cuentas y, sobre todo, en materia de descentralización?

La verdadera transformación del Distrito Federal -más allá de la modificación del nombre, que desde luego es chocante y frío, por hablar de la condición político constitucional de la capital, más allá de su denominación histórico social-, debe llevar a nuestro Constituyente a pensar en la necesidad de descentralizar las funciones de gobierno que, de manera opuesta a lo que ha sucedido en el resto del país, han venido caminando en un sentido inverso (cada día las demarcaciones político administrativas, las delegaciones, tienen menos atribuciones que antes); a pensar en un fortalecimiento de las funciones propias de los órganos de fiscalización, que hoy actúan siempre a modo de los intereses de la jefatura de gobierno capitalina (léase proyecto Línea 12 del Metro).

Debemos ser muy cautelosos ante el canto de las sirenas, que equivocadamente nos llevan a suponer que la capital estaría mejor si tuviera su propia Constitución. Los capitalinos debemos sentirnos orgullosos en residir en la ciudad más importante del país, en términos no sólo económicos, numéricos y culturales, sino también políticos y constitucionales. Sembremos mejor la idea de mantenernos como capitalinos, en una ciudad de México que recoja los frutos de su historia, que conserve su condición política y avance en el sentido democratizador en que lo ha hecho el resto de México.