Opinión

La reforma para el campo y los campesinos siguen esperando a Godot

En el país existen 5.5 millones de unidades de producción de las cuales aproximadamente 80 por ciento tiene menos de 5 hectáreas y en ellas viven alrededor de 2.54 millones de productores del campo, de los cuales sólo 358 mil reciben apoyo del gobierno, es decir, únicamente 14 por ciento. Además, en el campo se concentra la pobreza extrema y la mayor cantidad de carencias sociales que hacen de la población rural la más vulnerable del país. Frente a un diagnóstico, que desde hace varios años desafortunadamente es el mismo, el gobierno federal anuncia una reforma para el campo que muy poco atiende a estas necesidades.

En este sentido, el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha instrumentado una suerte de diálogo con las organizaciones a través de foros, lo que no ha sido en ningún caso un esquema de consulta abierta, ni mucho menos un debate de propuestas sobre los retos del campo mexicano, sino más bien la forma de legitimar una reforma preconcebida, la cual será presentada, próximamente, como el resultado de una amplia participación de la sociedad, aunque esto sea una falacia.

Para muestra un botón: en días pasados en la ciudad de Monterrey la Sagarpa convocó a la reunión “Productividad del minifundio, agroclusters y agroparques” y los únicos temas que se presentaron fueron los grandes proyectos de clusters y parques agroindustriales, sin que la discusión se vinculara a la forma en la que estos agroparques elevarán la productividad del minifundio, o cómo se insertan millones de campesinos pobres en estos esquemas. En resumen, en estos foros sólo se escucha lo que se quiere oir y la consulta de la reforma para el campo incluye lo que embona con lo que ya está preparado, pero no tiene nada que ver con los planteamientos de las organizaciones y la población rural, por ejemplo, acerca de ¿cómo se canalizará financiamiento y desarrollo tecnológico a todas las pequeñas unidades de agricultura familiar?, o ¿cómo se instrumentarán esquemas de acopio y comercialización para que la producción local de alimentos contribuya al desarrollo y genere ingresos sostenidos?, mucho menos se analiza si los agroparques fomentarán la transferencia e innovación tecnológica hacia modelos de producción sustentable y cómo se vinculará la política agroalimentaria con la política ambiental para garantizar recursos naturales presentes y futuros, entre otros temas.

Aunado a este diálogo de sordos, la comisión redactora de las consultas se encargará de sintetizar y presentar los resultados más relevantes, con lo cual se terminará por eliminar toda posibilidad de cambios estructurales a la política de desarrollo agropecuario que incluya a la mayoría de pequeños productores del campo.

Por su parte, la ley de hidrocarburos que está siendo aprobada en el Congreso contiene la contrarreforma agraria que asegurará las inversiones en materia energética, pero deja suficientes cabos sueltos para la absoluta incertidumbre jurídica y social de los actuales poseedores de la tierra.

Finalmente, la reforma financiera que fue publicada en el Diario Oficial, dejó mucho que desear y volvió a plantear que los recursos de la banca de desarrollo transiten a través de los bancos comerciales, los cuales sólo tienen incentivos para financiar a los grandes productores agroindustriales o agroexportadores; peor aún, muchos de ellos empresas trasnacionales que, por su nivel de ingresos y garantías, bien podrían ser financiadas en forma privada, sin elevar el costo de oportunidad de los fondos públicos para los pequeños campesinos que representan la mayoría de los productores mexicanos.

Bajo esta perspectiva, el escenario no es nada promisorio para el campo empobrecido, el cual vive bajo el paraguas de una política social que sólo le ha permitido administrar su pobreza y poco a poco, con estos actos públicos de simulación, se van desvaneciendo las esperanzas de que ocurrirán cambios profundos para impulsar la productividad del campo pero, sobre todo, cambios radicales para mejorar la forma en la que se distribuyen los subsidios y la riqueza en este país.

Así, los pequeños agricultores asemejan a Vladimir y Estragón, quienes esperan en vano a un tal Godot con quien (quizá) tienen una cita, y siguen esperando a que el gobierno se haga presente para cambiar las reglas del juego, tales que se les permita participar en el desarrollo y proveerse de bienestar.

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C.E.

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