Opinión

La reforma para el campo y la piedra de Sísifo

En enero pasado, el Presidente de la República anunció que este año se llevará a cabo la gran reforma para el campo. Durante las siguientes semanas algunos funcionarios públicos y representantes del sector privado agroalimentario comentaron en los medios de comunicación, que uno de los ejes fundamentales de esta reforma sería la eliminación del régimen de propiedad ejidal y comunal, con lo que sería viable su privatización. A decir de estas declaraciones, el régimen de propiedad actual es el principal cuello de botella del estancamiento del campo, ya que es una barrera para la inversión privada.

La falta de información por parte del gobierno federal sobre el contenido de la reforma y los comentarios vertidos a la prensa, despertaron la desconfianza y el rechazo de las organizaciones campesinas porque ya conocen historias similares, en las que la privatización no va acompañada de normas e instituciones para un desarrollo incluyente. Generalmente, las aperturas radicales al capital privado se han traducido en atropellos a la población, mayor pobreza, exclusión social, daños ambientales irreversibles, tal y como ha ocurrido con las concesiones mineras a empresas extranjeras que tras el término de la concesión dejan a su paso estancamiento de la economía local, suelos infértiles, contaminación, derechos humanos violados y miseria.

Por ello, muchas organizaciones campesinas han señalado los riesgos sociales y ambientales de impulsar una reforma privatizadora de la tierra social, sin salvaguardar los derechos y oportunidades de desarrollo de quienes hoy habitan estos territorios.

Ante este reclamo, el pasado 5 de marzo en Colima, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró que su Gobierno no modificará el régimen de propiedad de la tierra e instruyó a la SAGARPA para que, con el apoyo de la Secretaria de Gobernación, se iniciara un proceso de diálogo incluyente para construir las propuestas que reformarán al campo mexicano.

A pesar de estas declaraciones, lo que se instrumentará en los hechos son foros de consulta durante los meses de mayo y junio, en donde se recibirán propuestas, para que posteriormente una “Comisión Nacional”, integrada por funcionarios del gobierno federal, realice un resumen y las principales propuestas sean turnadas a la Cámara de Diputados. El proceso es tramposo porque independientemente de cuántas propuestas puedan ingresarse, la creación de una “Comisión” en la que sólo participa el gobierno federal, es en realidad una caja negra en la que no se sabe: ¿Quién decide qué propuestas son tomadas? ¿Cómo se analiza la prioridad de la agenda? ¿Qué es lo más relevante o importante según quién, o bajo cuáles criterios?

En este sentido, los foros son simulaciones para legitimar que hubo democracia, pero desde hoy es posible concluir que cualquier resultado de este proceso –para bien o para mal- no podrá calificarse como un acuerdo entre el gobierno, los empresarios, las organizaciones campesinas y la propia población a la que afectará la reforma.

Y el riesgo persiste, ya que aunque no se modifique el artículo 27 Constitucional en el régimen de propiedad, sí se pueden cambiar leyes o procedimientos administrativos para facilitar la privatización de tierras ejidales y comunales, sin tomar en cuenta siquiera la opinión de quienes hoy día, son sus dueños.

Por otra parte, las organizaciones campesinas sí quieren el desarrollo del campo, pero no a partir del desplazamiento de su población, de un mayor deterioro ambiental, o de convertir a su gente en obreros para la realización de obras energéticas o turísticas, para las cuales el régimen de propiedad social “estorba”, frente a la certidumbre que requiere la inversión. Por el contrario, las organizaciones campesinas tienen propuestas de desarrollo incluyente y sustentable, en donde los pobladores dejen de ser vistos como seres de tercera, para ser vistos como personas capaces de liderar un proyecto de cualquier envergadura, sea forestal, minero, energético, turístico, agropecuario y con ello, ser partícipes y beneficiarios de la generación de riqueza.

Esto sería posible si el aparato del Estado prioriza que en el desarrollo del campo participe directamente su población -no como peones, sino como protagonistas-. Esto es posible si las políticas públicas dejan de sesgar sus apoyos a empresas nacionales y trasnacionales que pueden ser financiadas con fondos privados y hacer llegar el financiamiento y subsidio a donde realmente se necesita. Esto es posible, si el gobierno federal antepone a cualquier inversión privada, el costo y beneficio social de los proyectos salvaguardando la distribución de la riqueza, la seguridad alimentaria, la protección del capital natural y el respeto a los derechos humanos.

¿Estará dispuesto el gobierno federal a llevar a cabo un proceso de negociación y acuerdos con las organizaciones campesinas, o seguiremos empujando la piedra de Sísifo?

*Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C.


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