Opinión

La política fracasó

  
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CNTE

El gobierno federal está aislado. Los comicios de junio pasado fueron una de las peores debacles electorales en la historia del PRI; el presidente tendrá que elegir entre dar la espalda a los gobernadores salientes, inmersos en casos de corrupción demasiado escandalosos para ser ignorados, o sacrificar aún más su mermada legitimidad; el conflicto magisterial no tiene visos de solución, pues cada vez parece más claro que la CNTE se aferrará a su objetivo de ver derogada la reforma educativa, ahora bajo la amenaza de no permitir el arranque del nuevo ciclo escolar. A este difícil escenario se suma ahora una confrontación abierta con el sector empresarial.

El desafecto de los empresarios hacia el gobierno de Peña Nieto se hizo evidente a raíz de los opacos acuerdos celebrados con la CNTE, y de la pasividad ante las movilizaciones y los bloqueos. Primero vino el amparo promovido por la Coparmex ante los “actos y omisiones” gubernamentales en torno a los bloqueos de la CNTE y las pérdidas millonarias que éstos han generado. El amparo va nada más y nada menos que en contra de los secretarios de Educación y de Gobernación, de la Procuradora y del presidente de la República. Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) amagó con presentar declaraciones fiscales en ceros. Ante el desafío, Aristóteles Núñez –el titular del SAT, famoso por su mano de hierro– respondió sin mucha sutileza que declarar en ceros “tiene consecuencias”.

El enojo de los empresarios con el gobierno de Peña Nieto tiene raíces profundas, y se relaciona precisamente con el tema fiscal. Si algún logro hay que reconocerle a la actual administración es haber conseguido un aumento significativo de la recaudación tributaria. Recientemente el SAT anunció que en el primer semestre de 2016 la recaudación aumentó 15 por ciento más de lo programado (después de que el año pasado se recaudara 17 por ciento más de lo programado). Este aumento se ha logrado sobre todo cobrándole más a los mismos que ya pagaban, y en menor medida expandiendo la base de contribuyentes. Sin embargo, es un aumento a fin de cuentas, y un logro en un país donde la recaudación históricamente se ha situado muy por debajo del 20 por ciento del PIB (considerado el nivel mínimo necesario para lograr un desarrollo sostenible). Desafortunadamente, ningún gobierno se hace popular cobrando más impuestos, y menos con un empresariado acostumbrado a autoridades permisivas en materia fiscal. Incluso en los buenos tiempos de la hegemonía priista en los 70, la oposición de los empresarios logró frenar reformas fiscales ambiciosas que habrían incrementado la recaudación (y que probablemente habrían hecho menos dolorosos los ciclos de devaluación, inflación y crisis de los 80 y 90).

Con el radicalismo de la CNTE y la rebelión abierta de los empresarios, el margen de negociación del gobierno se agotó y la estrategia para destrabar el conflicto magisterial 'hace agua' por todas partes. Ni es posible hacer concesiones por debajo de la mesa al magisterio disidente, ni el gobierno parece dispuesto a lanzar por su propia voluntad una nueva embestida contra la CNTE. Con el fracaso de la política, el conflicto seguirá su curso en los tribunales. Sin embargo, esta judicialización del conflicto podría ser positiva. Por ejemplo, una sentencia contundente en contra de los acuerdos celebrados entre Segob y la CNTE abonaría a la legitimidad de las acciones que resulte necesario tomar para hacer cumplir la reforma educativa.

Desafortunadamente, el fallo de la justicia será condición necesaria, más no suficiente, para destrabar el conflicto magisterial. El mismo gobierno será el responsable de hacer cumplir la eventual instrucción de los tribunales de poner fin a las omisiones, y reestablecer el libre tránsito y el orden público en las entidades afectadas por el conflicto magisterial. Tomar las medidas necesarias para que no se repitan errores como los cometidos en Nochixtlán, debería figurar como la más alta prioridad en la Policía Federal.

En otro tema desafortunado, la violencia del crimen organizado continúa al alza. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, en julio se registraron mil 80 ejecuciones, la cifra más alta en tres años. Como ya es habitual, Guerrero fue la entidad más violenta con 186 ejecuciones (en este caso la cifra es la más alta de los últimos cinco años). El gobernador Héctor Astudillo señaló que el repunte de la violencia se relacionaba con el desplazamiento de policías federales hacia Oaxaca y Chiapas, en virtud del conflicto magisterial. Sin embargo, cabe mencionar que los ajustes de cuentas también han golpeado a autoridades municipales. Por ejemplo, el alcalde de Ciudad Altamirano fue asesinado cuando transitaba por una carretera de Michoacán. Estos hechos sugieren que, a dos años de la masacre de Iguala, la dinámica de intimidación y cooptación de autoridades municipales por parte del crimen organizado sigue siendo una realidad en Guerrero.

Twitter: @laloguerrero

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