Opinión

La otra historia de Tlatlaya

Tlatlaya se encuentra en la esquina del sur del estado de México, en la frontera con Guerrero. Este municipio que no llega a los 33 mil habitantes y sería desconocido para muchos de no haber sucedido que, en la madrugada del 30 de junio, un grupo de militares del 102º Batallón de Infantería ajustició a 22 personas. Los detalles de cómo sucedió han quedado resueltos por la versión de la PGR, que alega que tres de ellos utilizaron “indebidamente” la fuerza y mataron a un grupo de jóvenes armados que, al ser descubiertos por los militares, se escondieron en una bodega desde donde les empezaron a disparar. Los soldados están siendo procesados por sus actos, pero esto no puede ser el punto final, sino el de partida para entender cómo se prestaron las instituciones a crear santuarios del crimen organizado en Tierra Caliente.

Tlatlaya no es un accidente del Ejército, ni es un municipio donde la delincuencia es coyuntural. Todo lo contrario. Su historia reciente demuestra cómo el gobierno abandonó algunas regiones del país y permitió que las instituciones responsables de evitar que las cosas se pudrieran, se contaminaron por abandono, negligencia, impotencia, complicidad, corrupción, o por cualquier otro factor con el que se quiera describir cómo se entregó el destino regional a criminales. El mapa de la debacle institucional lo tiene la PGR. Se lo proporcionó José María Chávez Magaña, apodado El Pony, pero poco se ha hecho.

Chávez Magaña fue detenido por un comando de la Marina en junio, horas después de la matanza en Tlatlaya. El Pony era el jefe de La Familia Michoacana en el Estado de México, y se le adjudican cuando menos 50 asesinatos, aunque él declaró ser responsable del crimen de más de 200 personas. La numeralia es, pese al horror de la cifra, lo menos relevante. Lo que El Pony reveló a la PGR es el recuento de la negligencia que por años se ha tenido en la lucha contra la delincuencia organizada.

Chávez Magaña, como muchos michoacanos, se fue a probar suerte a California en los 80, pero lo atraparon vendiendo droga. En 1989 lo deportaron a México y fue enviado a Uruapan, donde estuvo preso hasta 2005. Ahí conoció al jefe de la plaza de Zitácuaro, Hilario López Morales quien --cuando recuperaron la libertad-- lo llevó con José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, uno de los dos jefes máximos de La Familia Michoacana. Al poco tiempo lo hizo responsable de la plaza de Ecatepec, en el Estado de México, donde impidió que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva entrara al negocio. Como premio, lo enviaron a una zona de Tierra Caliente, a cargo de cinco municipios, incluido Tlatlaya.

El Pony nombró a sus comandantes de plaza y dejó en Tlatlaya a Leobardo Villegas Flores, El Sierreño, y en Amatepec a un joven que hoy es uno de los jefes criminales en Tierra Caliente, Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish. La Familia Michoacana, como sucedió con todos los cárteles mexicanos entre 2008 y 2011, se dividieron y establecieron nuevas alianzas. El deterioro se aceleró tras la captura de El Chango Méndez en junio de 2011, cuyo heredero Antonio Méndez Vargas, su hermano, chocó con El Pony, quien hizo un pacto con Mario Casarrubias, El Sapo Guapo, uno de los fundadores de la banda Guerreros Unidos que, a su vez, surgió tras la ruptura del cártel de los Beltrán Leyva en 2009.

Chávez Magaña se convirtió en el jefe de La Familia Michoacana fuera de ese estado. A El Sierreño le encargó todo el Estado de México, y a El Fish lo nombró jefe en una región de Guerrero y el Estado de México. En esa zona, reveló a la PGR, El Fish controlaba a los políticos y las policías de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Balsas, Acapetlahuaya, Tlalchapa y Ametepec. Bajo su control tenía también al alcalde de Arcelia y al líder de la CTM, que proporcionaba transportes para el tráfico de droga.

Pero La Familia Michoacana también empezó a fracturarse, y el hermano de El Fish, José Alfredo, apodado El Fresa, negoció una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, que al entrar a Tierra Caliente, propició la salida de la organización de Chávez Magaña, por viejos problemas con su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Hurtado Olascoaga tomó el control del cártel y amplió el abanico de delitos. Su organización es la responsable del alza de los secuestros en Valle de Bravo el año pasado, cuya base se encuentra en Arcelia, de donde también era una buena parte de los jóvenes abatidos en Tlatlaya.

La historia de El Pony no podría haber sido tan redituable para La Familia Michoacana de no haber contado con protección institucional. Para esto, le dijo a la PGR, cada mes tenía una partida para “relaciones públicas”, el eufemismo que utilizaba para el pago a policías federales, municipales y agentes ministeriales en el Estado de México y la zona de Tierra Caliente en Guerrero. Eran 12 millones de pesos mensuales, que les permitieron operar años sin ser molestados. Cómo sucedió todo esto, es una pregunta sin responder. Por qué no se ha actuado, con toda esa información en la PGR desde hace meses, es la gran duda sobre la capacidad judicial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y sobre su voluntad política para combatir, efectivamente, al crimen organizado en este país.

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