Opinión

La opción social de un ingreso mínimo ciudadano

 
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¿Se puede garantizar que todo ciudadano tenga un ingreso anual y un bienestar social mínimo, independientemente de su edad, estado civil, ocupación y domicilio? Este tema, de gran actualidad en el mundo- y Europa en particular- en tiempos de crisis, de incertidumbre laboral y de insatisfacción respecto a muchos programas sociales dio lugar a un interesante foro internacional la semana pasada. La CEPAL y el Instituto Belisario Domínguez del Senado lo patrocinaron.

La idea de asegurar un ingreso básico a los habitantes de una nación para satisfacer necesidades mínimas humanas ha estado rondando desde el siglo pasado en los planteamientos sociales de filósofos, políticos y economistas como Bertrand Russel, Martin Luther King y John K. Galbraith.

Este tipo de programas- que podría parecer utópicos- ha sido puesto en marcha con éxito en Alaska, Manitoba e Irán a partir de los ingresos petroleros y en algunas regiones de países europeos y asiáticos.

A partir de la gran crisis económica del 2008, han empezado a multiplicarse los foros, las iniciativas y las experiencia piloto para implementar estos programas, considerando la mayor inseguridad en el empleo y los salarios, la mayor flexibilidad laboral, el impacto del cambio tecnológico ahorrador de mano de obra y el incremento en los auto-empleados en la economía informal.

Hoy existen grupos que están promoviendo la renta básica en casi todos los países de Europa, América Latina, África y Asia – incluyendo a países tan grandes y complejos como la India.

En Suiza tendrá lugar el próximo julio un referéndum sobre su introducción a nivel nacional. Los promotores de esta iniciativa estuvieron en el Senado para presentarnos sus bondades.

En Canadá se aprobó ya un programa piloto en la Provincia de Ontario a partir de la llegada de Justin Trudeau a la Presidencia. La iniciativa se incluyó en el presupuesto 2016. “El gobierno trabajará con las comunidades, los investigadores y la sociedad civil en un proyecto piloto de ingreso básico, a partir de la experiencia exitosa de las políticas de salario mínimo y los beneficios por hijo, buscando un apoyo más consistente y predictible en el cambiante contexto del mercado laboral”.

El trabajo temporal y a tiempo parcial ha crecido a una tasa del doble que los empleos de tiempo completo entre 1997 y 2015 y el autoempleo es mayor. El ingreso básico podría ser la solución.

Pero en Finlandia el avance es mayor. Su instituto de Seguridad Social está lanzando el primer proyecto de la Unión Europea, para garantizar un ingreso básico de 800 Euros mensuales y reducir la tasa de desempleo que afecta al 10% dela población activa y al 22% de los jóvenes. El principal promotor, con apoyo del 69% de la población, es el PM de Centro-derecha Juha Sipila, que pretende reducir burocracia y simplificar el complejo sistema de seguridad social finlandés. Un contraste con España, donde la medida es defendida principalmente por el PSOE, Podemos y la izquierda Unida.

La gran duda es como financiar el programa. Algunos expertos sostienen que la medida puede ahorrar a la hacienda pública miles de millones de euros; otros piensan que puede costar más o menos lo mismo pero con beneficios para gobierno y ciudadano; y otros que será necesario tener un ISR más progresivo sobre las personas físicas.

En Finlandia, con una población adulta de 4.9 millones, el programa costaría al Estado 46, 700 millones de euros anuales, una cifra ligeramente menor a la recaudación fiscal anual prevista para ese fin.

En principio reemplazaría a todas las demás ayudas sociales, incluyendo las ayudas por desempleo; sin embargo, ven difícil eliminar ciertas ayudas como la que se da por cada hijo y la de vivienda.

Los promotores del programa nos explicaron que la renta básica es indispensable por las bajas expectativas de nuevos empleos, pero que no debe desincentivar el que un ciudadano busque empleo; los 800 euros son insuficientes para pagar alimentos, vivienda y vestido en Helsinki. El desempleado tendría que buscar cuando menos un trabajo temporal o a tiempo parcial para sobrevivir. Una alternativa sería reducir el tiempo de trabajo para que más gente tenga empleo. Otra, pagar a quienes se involucren en actividades no estrictamente productivas pero importantes para la sociedad (cultura, investigación, asistencia social).

En los países en desarrollo el tema de los subsidios, abiertos, focalizados y condicionados está siendo sujeto a examen y discusión. En México y Latinoamérica han crecido en forma explosiva a nivel nacional, estatal y local en forma desordenada y con poca eficacia. El concepto de renta básica presenta grandes desafíos financieros, pero es prometedora.

El caso de Irán es poco conocido. En 2010 con precios altos del petróleo e ingresos anuales de 70 mil millones USD, implementó un esquema de ayudas en efectivo a toda la población para compensar la retirada gradual de los subsidios energéticos y asegurar mínimos de bienestar.

Ahora el Parlamento pide al Presidente que para balancear el presupuesto retire el subsidio en efectivo a jueces, académicos, empresarios, funcionarios públicos y diputados con ingreso mayor a 9 mil euros anuales. La medida pretende eliminar 700 mil beneficiarios por mes, hasta afectar a 24 millones. En las grandes ciudades la cantidad que se recibe no tiene un impacto importante, pero en zonas rurales y poblaciones pequeñas predominan las familias numerosas y el impacto es mayor. La retirada será difícil de aplicar.

En la India, la llegada de Narendra Modi puso en duda los dos grandes programas de combate a la pobreza establecidos: el esquema Mahatma Gandhi de Garantía de Empleos Rurales y el Programa de Seguridad Alimentaria, que pretendió llevar alimentos a dos tercios de la población. Modi pretende desarmar los programas por paternalista y marcado por la burocracia y la corrupción.

Una alternativa sería la de Mattya Pradesh, uno de los estados más pobres. Durante 2011-13, se experimentó un programa UNICEF de renta básica de 2 a 3 euros por mes por habitante. El informe muestra que esa ayuda en efectivo, independiente del salario, la ocupación, el género y la casta, que sustituyó apoyos en especie de alimentos, kerosina y otras ayudas, cambió la vida de la población, y no desincentivó su trabajo ordinario. Por el contario, permitió a los habitantes actuar como empresarios.

Los resultados son un ejemplo de la energía, la riqueza y el bienestar que puede desatar un poco de efectivo garantizado, acompañado de organización comunitaria, capacitación y asesoría técnica, en una población sujeta a la incertidumbre de la pobreza y con difícil acceso a beneficios condicionados.

En México se han presentado ya varias iniciativas de ingreso básico al Congreso. Quizás llegó la hora de considerarlas en serio y experimentar.

El autor es investigador asociado de El Colegio de México.

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