Opinión

La nueva euforia: cuarteles militares

    
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900 Militares enviados por Sedena para brindar seguridad a Sinaloa.

Una elocuente expresión en inglés reza put your money where your mouth is (algo así como pon tu dinero en aquello de lo que hablas). Nada más lejano a lo que hacen las autoridades de nuestro país en relación con un eventual retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. En el discurso, los gobernadores y los alcaldes siempre se dicen comprometidos con el fortalecimiento de sus corporaciones policiales. Por su parte, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, afirmó en diciembre pasado que él sería el primero en levantar “no una, sino las dos manos” para que el Ejército deje de perseguir delincuentes y se dedique a sus tareas constitucionales.

Sin embargo, el discurso unánime para poner fin a la participación militar en tareas de seguridad pública se estrella con una práctica –que de forma discreta se ha vuelto generalizada– de invertir sumas millonarias en la construcción de cuarteles, dispersos por toda la República, y destinados a alojar a cientos o miles de soldados.

Lo más curioso es que varios gobiernos estatales y municipales, que siempre se quejan de no contar con los recursos necesarios para profesionalizar sus instituciones de seguridad, han hecho enormes sacrificios presupuestales con tal de tener una instalación militar, y de esta forma asegurar la presencia permanente del Ejército en su territorio. Xicotepec es un municipio enclavado en la sierra norte de Puebla, una región golpeada en los últimos años por el mercado de combustible ilícito. La Policía Municipal de Xicotepec es más bien modesta: el SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica) reportó en 2015 que el municipio tenía poco menos de un centenar de elementos. Sin embargo, en 2014 el ayuntamiento optó por contraer una deuda por 56 millones de pesos que tardará 15 años en pagarse. Lo anterior, con el propósito de donar el terreno de 70 hectáreas donde se construyó un cuartel militar con capacidad para 700 soldados (así como un área habitacional para albergarlos junto con sus familias) que fue inaugurado en noviembre del año pasado.

La historia se repite en varios estados y municipios. En San Pedro de las Colonias, una población de la Comarca Lagunera, el gobierno de Coahuila donó más de 300 hectáreas para la edificación de un cuartel que albergará a tres mil militares, a entregarse en octubre próximo. El cuartel supondrá una inversión de alrededor de 800 millones de pesos, y se construye con aportaciones tanto del gobierno estatal como de varios municipios. De forma similar, en Guanajuato varios municipios han contribuido con entusiasmo a la edificación de las nuevas instalaciones para la Policía Militar, que se están edificando en Salamanca. En Matehuala, San Luis Potosí, hasta un grupo de ejidatarios entró al quite con 40 hectáreas destinadas a la construcción de otro cuartel. El Ejército –que en principio está ansioso por dejar en manos de civiles las tareas de seguridad pública– ha participado de muy buena gana en estos proyectos; Sedena también ha invertido recursos y, según distintos testimonios, los mandos castrenses se han mostrado 'muy interesados' en concretar la construcción de los cuarteles.

Tal vez las nuevas instalaciones se justifiquen por cuestiones de racionalidad presupuestal. El hospedaje y los sobresueldos de elementos militares han tenido un costo astronómico en los últimos años. Este costo es una de las razones por las cuales el gobierno de Tamaulipas anunció en marzo pasado que no renovaría el convenio que la administración previa refrendaba año con año, y que desde 2011 garantizaba la permanencia en el estado de más de dos mil elementos (según palabras del gobernador García Cabeza de Vaca, su prioridad es invertir en la Policía Estatal). Sin embargo, el caso de Tamaulipas es excepcional. La mayoría de los estados y municipios, lejos de apostarle a la retirada del Ejército, están buscando la forma de garantizar que el despliegue militar se quede por el mayor tiempo posible.

El tema del gasto militar, en particular la inversión en activos fijos, como los cuarteles, resulta de primera importancia en el contexto de la discusión de la Ley de Seguridad Interior (si bien esta iniciativa ha dormido el sueño de los justos en los últimos meses, en la Cámara de Diputados se prepara un predictamen a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones). Una preocupación de los detractores de la iniciativa es que con ella se buscaría perpetuar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Yo no creo que éste sea necesariamente el caso, pero es un riesgo que se debe evaluar. Si de verdad queremos que en algún futuro no demasiado lejano la seguridad pública quede en manos de civiles (en el futuro próximo lo podemos descartar), una tarea central es poner atención a cuánto y en qué gastan las Fuerzas Armadas. Cualquier burocracia, civil o militar, es invariablemente adicta al presupuesto.

Twitter: @laloguerrero

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