Opinión

La muerte de un cazador de asesinos

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Miguel Ángel Jiménez Blanco. (Especial)

El sábado pasado por la noche, en el poblado de Xaltianguis donde vivía, en el municipio de Acapulco, Miguel Ángel Jiménez Blanco fue asesinado dentro del taxi que trabajaba para darle de comer a su familia. El crimen, producto de una emboscada, ha sido reportado con una mayor intensidad en la prensa del mundo que en la mexicana, donde es uno más de los personajes del paisaje nacional que son asesinados. Pero Jiménez Blanco no era un ciudadano común. Fue uno de los fundadores de las policías comunitarias en Guerrero y, razón de su relevancia en los medios internacionales, uno de quienes con más esmero buscaba fosas clandestinas en el estado, donde parece haber muchos cementerios ilegales. Su muerte, aunque sorpresiva, no fue inesperada. Las amenazas de muerte en su contra ya formaban una estadística.

El asesinato de Jiménez Blanco es uno de los ejemplos de un estado donde la vida no vale nada y las autoridades están totalmente rebasadas. Los criminales gobiernan en Guerrero, con instituciones sometidas a ellos. Decirlo es un pleonasmo, pero no hay nada peor que insistir y reiterar, que el olvido. Jiménez Blanco, promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) había solicitado protección a los gobiernos estatal y federal, pero como muchos otros, no le hicieron caso. No fue casual. Como le dijo a un corresponsal de The Washington Post en diciembre, cuando lo condujo por las fosas clandestinas en Iguala, “todas las autoridades (participan en esta actividad criminal)”.

Guerrero es el estado donde más se cruzan todas las variables sociales, políticas, económicas. Indignante en su marginación, permanente en su conflicto. Por lustros fue gobernado irresponsablemente y abandonado a la suerte de los poderosos, sin importar en qué lado de la ley se encontraran. Jiménez Blanco es uno de los subproductos de la vergüenza nacional que se llama Guerrero. La prensa internacional lo ha identificado como uno de los civiles que encabezó la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados por policías de Iguala y Cocula y entregados a criminales, convirtiéndolo en el primer símbolo de un cazador de criminales que es asesinado por criminales.

Jiménez Blanco, uno de los fundadores de las policías comunitarias, jefe de la de su poblado, Xaltianguis, vivía en plena jungla, a la mitad entre grupos armados en conflicto donde las líneas entre la legalidad y la criminalidad son tan tenues que muchas veces se cruzan. En esa comunidad rivalizaba con Salvador Alanís, uno de los jefes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), señalado en la prensa como una organización penetrada por el narcotráfico. El propio Jiménez Blanco afirmaba que los criminales se habían disfrazado de policías comunitarias para seguir operando.

Ese frente es una de las hipótesis más sólidas sobre el asesinato de Jiménez Blanco. La otra es la descomposición de la propia UPOEG, donde, presuntamente, conflictos internos entre sus dirigencias fueron la razón del crimen. Las autoridades podrán llegar a una verdad jurídica, pero no explicará la verdad política ni la histórica. Las dos organizaciones tienen tantas ramificaciones con organizaciones políticas y sociales, grupos criminales y guerrillas, que es imposible tener claridad sobre cuáles son los resortes que las manejan. Lo más probable es que su comportamiento sea casuístico y coyuntural, volátil y explosivo. Es como la historia de Guerrero, que en los últimos años ha sufrido un deterioro general ante los ojos de todos.

Sólo en materia delictiva, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que mientras que el promedio de homicidios dolosos en el país bajó uno por ciento en el primer semestre de 2015, en relación a 2014, en Guerrero subió 21 por ciento. Guerrero aportaba 8.6 por ciento de los asesinatos a nivel nacional, pero ahora genera l 10.5 por ciento, que es tres veces más que el 3.5 por ciento de la población guerrerense en el conjunto nacional. Si la situación era mala cuando sucedió el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, ahora es peor. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿No se suponía que después de esa masacre de jóvenes estudiantes el Estado se volcaría a mejorar el estado de cosas en la entidad?

“La de Miguel era una muerte anunciada”, le dijo a la prensa Julia Alonso Carbajal, miembro de Ciencia Forense Ciudadana, un proyecto dirigido por familiares de personas desaparecidas, durante el funeral de Jiménez Blanco. “Días antes que lo asesinaran, nos comentó de las amenazas de muerte que recibía de la FUSDEG y de los criminales que había detenido la policía ciudadana. Es el mundo al revés. Los criminales estaban ofendidos que Miguel Ángel anduviera caminando por la calle. Les parecía una ofensa”.

El mundo al revés en Guerrero sólo se explica por la impunidad. Quien aceleró la descomposición en el estado y permitió que gobiernos locales se convirtieran en el corazón del crimen organizado, fueron el gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre, a quien el gobierno federal y el PRD sostuvieron para tratar de salvarle la vida política cuando el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, y su sustituto, Rogelio Ortega. Nada ha pasado con ellos. Culpables o responsables es lo mismo. Están blindados y no deberán rendir cuentas a nadie por la putrefacción a la que llevaron el estado. Miguel Ángel Jiménez Blanco, en ese sentido, sí es una estadística más de la violencia mexicana, donde hoy fue él y mañana, quién sabe, cualquiera de nosotros.

Twitter: @rivapa

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