Opinión

La misteriosa fuga

El vocero presidencial, Eduardo Sánchez, declaró a la prensa algo que si bien parece un lugar común, tiene dimensiones inimaginables, si en efecto el presidente Enrique Peña Nieto, por quien él habla, lo piensa. El gobierno, dijo, investigará cómo fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad en Puente Grande, en Guadalajara, en 2001. “Vamos a conocer y a exhibir a quienes lo ayudaron a salir de la cárcel”, aseguró.

El 19 de enero de 2001 se informó que Guzmán se había escapado.

El gobierno de Vicente Fox tenía 60 días de haber iniciado y el día en que se reveló la ausencia, el subsecretario de Seguridad, Jorge Tello Peón, se encontraba en ese penal con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalupe Morfín, quien reclamaba las condiciones en las que estaban los presos. Tello Peón pagó con el escarnio porque no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a metros de donde se encontraba, y con la detención de El Chapo, la burla se ha vuelto acusación.

Pero ni a Tello Peón ni al entonces subsecretario de Prevención y Readaptación Social, Miguel Ángel Yunes, bajo las órdenes del secretario de Gobernación, Santiago Creel, se les fincaron responsabilidades. Años después, Alejandro Gertz Manero, quien era secretario de Seguridad Pública, pero no a cargo de los penales, afirmó que la responsabilidad por la fuga era de Gobernación. Nunca ha querido precisar esa denuncia, ni tampoco nadie investigó. Todo se redujo a la detención del director del penal Leonardo Beltrán Santana, y de 72 funcionarios y custodios por complicidad. Beltrán Santana pasó nueve años en la cárcel y actualmente sólo cinco de ellos siguen presos.

La fuga quedó escrita como una falla en los sistemas de seguridad del gobierno de Fox, pero hasta hoy, no se puede asegurar que “El Chapo” se fugó ese día, ni que fue de la manera como lo informó la PGR, bajo el mando del general Rafael Macedo de la Concha. La duda se origina en que cuando menos desde el 1 de diciembre de 2000, Guzmán no está en ninguna de las cámaras de seguridad de Puente Grande. Investigadores de la época han dicho que no hay registro videográfico de que Guzmán paseara por el patio o los pasillos del penal.

Como hipótesis de trabajo se puede plantear que Guzmán se escapó semanas antes que se anunciara su fuga, lo que tendría sentido cuando en las evasiones, el tiempo es lo que más importa. Al salir de Puente Grande, Guzmán viajó en un automóvil a la casa de su madre en Nayarit, donde aún se encuentra el vehículo, y desapareció hasta este sábado cuando fue recapturado en Mazatlán. Pero si la hipótesis es correcta, la fuga no se dio durante el gobierno de Fox, sino en las postrimerías del gobierno de Ernesto Zedillo.

El secretario de Gobernación en el último año del presidente Zedillo era Diódoro Carrasco, quien durante las administraciones panistas abandonó al PRI y se incorporó como uno de los estrategas políticos del PAN. Su subsecretario de Seguridad Pública era el mismo Tello Peón, quien previamente había sido el director del CISEN, el órgano de inteligencia civil que dentro de sus tareas se encuentra el seguimiento de las actividades de la delincuencia organizada. ¿Estaba el círculo íntimo del presidente Zedillo infiltrado por el narcotráfico?

De acuerdo con las investigaciones de Samuel González, quien en los 1990 era el jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada –hoy Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada-, la Presidencia y la propia PGR de Zedillo estaban infiltradas por el narcotráfico. Las averiguaciones de González le generaron amenazas de muerte y tuvo que salir por un tiempo de México. Pero ahí están sus expedientes. La recaptura de “El Chapo” abrió el camino para que el presidente Peña Nieto, en voz de Sánchez, diga que quiere saber qué pasó en 2001, cómo sucedió, quién lo ayudó y protegió. Los funcionarios panistas de la época, tránsfugas del PRI, son una posibilidad de respuesta, pero si las cosas van en serio como hoy sugiere el gobierno, habrá que remontarse algunos años atrás, a los gobiernos priistas, para determinar si la red de protección institucional para Guzmán y otros capos de la droga, no es una cola que hay que cortar, sino una hidra a la que hay que combatir.