Opinión

La Marina asume la seguridad de los puertos

Entre tantos asuntos nacionales, ha recibido menos atención de la que merece el hecho de que la seguridad en los puertos marítimos mexicanos ya no estará a cargo de autoridades civiles, sino de la Secretaría de Marina.

Habrá Unidades Navales de Protección Portuaria en 19 puertos del Pacífico y del Golfo de México. Para crear esas unidades, se reformaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos mediante decreto del Congreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre, después de la navidad pasada.

El último día de marzo pasado, el Almirante Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, emitió el acuerdo de creación de esas unidades navales.

Ni el decreto del Congreso ni el acuerdo del secretario de Marina hacen aclaración alguna sobre los motivos por los que se decidió encargarle a la Armada la seguridad de los puertos.

No hay que ser muy suspicaz para inferir que la delincuencia organizada y en particular el narcotráfico, representan una verdadera amenaza a la operación de los puertos marítimos.

El 11 de noviembre pasado, la Marina asumió el control del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, por el que han salido y entrado contrabandos multimillonarios de Los Caballeros Templarios.

El tamaño de esos contrabandos no era menor ni discreto; el 3 de marzo pasado se incautaron 119 mil toneladas de mineral de hierro en el puerto michoacano, que los templarios se disponían a enviar de contrabando a China (El Financiero 3 de marzo de 2014).

Por embarques como ese, los chinos han pagado con precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, y con armas. De esos intercambios ha dado cuenta la prensa durante varios meses del último año.

Según el gobernador Fausto Vallejo, el valor de ese contrabando de doble sentido fue de unos 2000 millones de dólares en 2013, equivalentes a la mitad del presupuesto del estado.

La explicación de que los templarios pudieran exportar tales volúmenes de minerales y recibir mercancía prohibida a cambio, es que Michoacán ha sido un estado sin ley durante años. No digo sin autoridad, que no desapareció, sólo cambio de mandatarios.

Los puertos que desde el 1 de abril pasado están bajo la autoridad de la Marina, son fundamentales para el comercio exterior de México, pero también son estratégicos para la delincuencia organizada.

En el Pacífico se militarizan Ensenada, La Paz, Guaymas, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz, y Puerto Chiapas.

Su localización es ideal para la entrada de cocaína de Sudamérica y de salida de drogas hacia el oriente, además de que la mayoría pertenece a estados con fuerte presencia de cárteles del narcotráfico.

Lo mismo se puede decir de los puertos en el Golfo, donde se militarizan Puerto Matamoros, Altamira y Tampico en Tamaulipas; Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos en Veracruz; Dos Bocas en Tabasco, Ciudad del Carmen en Campeche y Progreso en el Caribe.
Esta medida es quizás la más contundente en la estrategia de seguridad nacional y pública para contener el poderío de la delincuencia organizada.

Aún está por definirse el alcance de la presencia de la Armada en la seguridad, administración, operación y servicios portuarios ante las autoridades civiles, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el SAT. Eso será materia de un reglamento que deberá emitir el Presidente “dentro de un término de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto”.

Con esta entrega me despido de mis lectores, espero que sea sólo temporalmente. Me gustaría volvernos a encontrar en estas páginas de El Financiero en octubre próximo.

estadoysociedad.com